Tristin_Krajcik
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No es necesario ser un experto jurista para atisbar la sospecha de que la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia es una flagrante ilegalidad, y que toda su justificación está basada en cuestiones ideológicas, medias verdades y abuso de poder.
Y no hay que entender de toros para mostrar incredulidad y asombro ante el silencio del sector taurino por este ataque sin precedentes a la tauromaquia. Nadie, ni los toreros, ni los empresarios, ni los ganaderos, ni los aficionados han levantado la voz; ni siquiera la Fundación Toro de Lidia, lo que abre la veda para que cualquier antitaurino cometa una ilegalidad, como acaba de suceder.
En primer lugar, la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, contraviene todos y cada uno de los principios de la ley 18/2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural.
El preámbulo de esta norma, publicada en el BOE el 13 de noviembre de 2013, dice que “la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles”, y añade que “el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país”. Y en el siguiente párrafo enfatiza que “la Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías”.
Más adelante, en su artículo 3, señala que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”, que subraya lo siguiente: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
Es evidente que el objeto de un premio nacional es conservar, preservar y enriquecer la materia cultural correspondiente, y su eliminación pretende justamente lo contrario.
En el caso de la tauromaquia, el ministro no cree que sea cultura, sino maltrato animal y tortura, y, en consecuencia, ha decidido suprimir el premio.
Pero, claro, en un estado de derecho como el nuestro, la ley emana de la soberanía popular y no admite cambios conceptuales en función de la ideología de cada ciudadano. La ley se cumple, sin más. Y si no se está de acuerdo con su contenido, se arbitran los mecanismos legales para su modificación o eliminación; pero todo ciudadano debe aceptarla mientras esté en vigor. Y quien no lo haga no se puede llamar demócrata, vulnera un deber fundamental e incurre en un delito.
Guste o no guste a Ernest Urtasun, la tauromaquia es cultura y no maltrato. Y nadie puede sustituir un concepto por otro; ni siquiera el ministro de Cultura, interpelado, como poder público que es, por el artículo 46 de la Constitución para promover el enriquecimiento del patrimonio cultural.
Por otra parte, el cambio de la orden ministerial que suprime el Premio Nacional se basa en particulares cuestiones ideológicas y medias verdades para fundamentar la decisión.
Dice el BOE que la supresión del Premio se “justifica en la necesidad de adaptarlo a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales”; y que determinadas actividades ligadas a la tauromaquia o elementos concretos de las mismas “son rechazados por amplios sectores de la sociedad por considerarse una forma inaceptable de violencia contra los animales”.
Será verdad si lo dice el BOE, pero no toda la verdad. ¿Cuál es la evolución del sector creativo? ¿Quién determina lo que demanda la sociedad? ¿En base a qué argumento afirma el ministerio que la tauromaquia es rechazada ‘por amplios sectores’? (“Si no puedes convencerlos, confúndelos”, dijo un presidente norteamericano.)
Y es el propio ministerio el que contesta.
En el pasado mes de mayo, cuando Ernest Urtasun anunció su intención de suprimir el premio, fuentes de Cultura señalaron a este periódico que “solo el 1,9 por ciento de la población española había asistido a algún festejo taurino entre 2021 y 2022. Lo que no aclararon es que, primero, el trabajo de campo se realizó entre marzo de 2021 y febrero de 2022, según se recoge en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales perteneciente a ambas anualidades, editada por el propio Ministerio; y, segundo, esas fechas coinciden con la pandemia del COVID-19, periodo en el que se celebraron pocos festejos y los aforos de las plazas estaban muy limitados.
Es cierto, no obstante, según la misma encuesta, que la asistencia a los toros bajó de un 9,8 por ciento en el periodo 2006-2007 hasta el 8 por ciento en 2018-2019, y todavía no se conoce el dato correspondiente a 2023.
Aún hay un argumento más: se jacta el ministro de que su decisión ha recibido más del 90 por ciento de “apoyo ciudadano”. Pero no se refiere a una consulta nacional sobre la cuestión, sino a las 3.268 comunicaciones, primero, y a las 215, después, que se recibieron en el ministerio durante el periodo de información pública a la que se debe someter toda elaboración de una nueva normativa. Es decir, ‘el apoyo ciudadano’ oficial de la orden de supresión se limita a más del 90 por ciento de 3.483 comunicaciones de personas físicas y jurídicas.
Resulta muy sorprendente y atrevido que un responsable público valide este dato como un argumento de autoridad para refrendar la modificación de una orden ministerial.
Pero este asunto encierra otra sorpresa no menos llamativa: la supresión ha pasado prácticamente desapercibida para el mundo de los toros. Ningún estamento profesional representativo, con la Fundación Toro de Lidia a la cabeza, ni organización de aficionados, ha expresado su intención de recurrir esta orden ministerial. Es decir, que el Premio Nacional de Tauromaquia les importa mucho menos que al ministro, que, al menos, se ha tomado la molestia de buscar argumentos para convertir su antitaurinismo militante en una conquista contra el sector. Ya lo dijo el fallecido político Antonio García-Trevijano: “Los políticos hacen lo que quieren porque el pueblo no hace lo que debe”.
La realidad es que a la tauromaquia se le ha hurtado un premio nacional que tenía justamente adjudicado por su condición de carácter cultural. Y el asalto lo ha perpetrado un ministro que antes de prometer su cargo sabía de la existencia de una ley protectora que él ha decidido ignorar. Un ministro que no tiene empacho en saltarse la ley a la torera con una faena corta y medida, que tiene toda la pinta de un abuso de poder; y ya se sabe que quien actúa con exceso de autoridad o abusa de ella es un autoritario, que es sinónimo de despótico, tirano y totalitario.
Los políticos hacen lo que quieren porque…
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elpais.com
Y no hay que entender de toros para mostrar incredulidad y asombro ante el silencio del sector taurino por este ataque sin precedentes a la tauromaquia. Nadie, ni los toreros, ni los empresarios, ni los ganaderos, ni los aficionados han levantado la voz; ni siquiera la Fundación Toro de Lidia, lo que abre la veda para que cualquier antitaurino cometa una ilegalidad, como acaba de suceder.
En primer lugar, la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, contraviene todos y cada uno de los principios de la ley 18/2013 que regula la tauromaquia como patrimonio cultural.
El preámbulo de esta norma, publicada en el BOE el 13 de noviembre de 2013, dice que “la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles”, y añade que “el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país”. Y en el siguiente párrafo enfatiza que “la Tauromaquia es una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías”.
Más adelante, en su artículo 3, señala que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”, que subraya lo siguiente: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
Es evidente que el objeto de un premio nacional es conservar, preservar y enriquecer la materia cultural correspondiente, y su eliminación pretende justamente lo contrario.
En el caso de la tauromaquia, el ministro no cree que sea cultura, sino maltrato animal y tortura, y, en consecuencia, ha decidido suprimir el premio.
Pero, claro, en un estado de derecho como el nuestro, la ley emana de la soberanía popular y no admite cambios conceptuales en función de la ideología de cada ciudadano. La ley se cumple, sin más. Y si no se está de acuerdo con su contenido, se arbitran los mecanismos legales para su modificación o eliminación; pero todo ciudadano debe aceptarla mientras esté en vigor. Y quien no lo haga no se puede llamar demócrata, vulnera un deber fundamental e incurre en un delito.
Guste o no guste a Ernest Urtasun, la tauromaquia es cultura y no maltrato. Y nadie puede sustituir un concepto por otro; ni siquiera el ministro de Cultura, interpelado, como poder público que es, por el artículo 46 de la Constitución para promover el enriquecimiento del patrimonio cultural.
Por otra parte, el cambio de la orden ministerial que suprime el Premio Nacional se basa en particulares cuestiones ideológicas y medias verdades para fundamentar la decisión.
Dice el BOE que la supresión del Premio se “justifica en la necesidad de adaptarlo a la evolución del sector creativo y cultural en atención a las demandas sociales”; y que determinadas actividades ligadas a la tauromaquia o elementos concretos de las mismas “son rechazados por amplios sectores de la sociedad por considerarse una forma inaceptable de violencia contra los animales”.
Será verdad si lo dice el BOE, pero no toda la verdad. ¿Cuál es la evolución del sector creativo? ¿Quién determina lo que demanda la sociedad? ¿En base a qué argumento afirma el ministerio que la tauromaquia es rechazada ‘por amplios sectores’? (“Si no puedes convencerlos, confúndelos”, dijo un presidente norteamericano.)
Y es el propio ministerio el que contesta.
En el pasado mes de mayo, cuando Ernest Urtasun anunció su intención de suprimir el premio, fuentes de Cultura señalaron a este periódico que “solo el 1,9 por ciento de la población española había asistido a algún festejo taurino entre 2021 y 2022. Lo que no aclararon es que, primero, el trabajo de campo se realizó entre marzo de 2021 y febrero de 2022, según se recoge en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales perteneciente a ambas anualidades, editada por el propio Ministerio; y, segundo, esas fechas coinciden con la pandemia del COVID-19, periodo en el que se celebraron pocos festejos y los aforos de las plazas estaban muy limitados.
Es cierto, no obstante, según la misma encuesta, que la asistencia a los toros bajó de un 9,8 por ciento en el periodo 2006-2007 hasta el 8 por ciento en 2018-2019, y todavía no se conoce el dato correspondiente a 2023.
Aún hay un argumento más: se jacta el ministro de que su decisión ha recibido más del 90 por ciento de “apoyo ciudadano”. Pero no se refiere a una consulta nacional sobre la cuestión, sino a las 3.268 comunicaciones, primero, y a las 215, después, que se recibieron en el ministerio durante el periodo de información pública a la que se debe someter toda elaboración de una nueva normativa. Es decir, ‘el apoyo ciudadano’ oficial de la orden de supresión se limita a más del 90 por ciento de 3.483 comunicaciones de personas físicas y jurídicas.
Resulta muy sorprendente y atrevido que un responsable público valide este dato como un argumento de autoridad para refrendar la modificación de una orden ministerial.
Pero este asunto encierra otra sorpresa no menos llamativa: la supresión ha pasado prácticamente desapercibida para el mundo de los toros. Ningún estamento profesional representativo, con la Fundación Toro de Lidia a la cabeza, ni organización de aficionados, ha expresado su intención de recurrir esta orden ministerial. Es decir, que el Premio Nacional de Tauromaquia les importa mucho menos que al ministro, que, al menos, se ha tomado la molestia de buscar argumentos para convertir su antitaurinismo militante en una conquista contra el sector. Ya lo dijo el fallecido político Antonio García-Trevijano: “Los políticos hacen lo que quieren porque el pueblo no hace lo que debe”.
La realidad es que a la tauromaquia se le ha hurtado un premio nacional que tenía justamente adjudicado por su condición de carácter cultural. Y el asalto lo ha perpetrado un ministro que antes de prometer su cargo sabía de la existencia de una ley protectora que él ha decidido ignorar. Un ministro que no tiene empacho en saltarse la ley a la torera con una faena corta y medida, que tiene toda la pinta de un abuso de poder; y ya se sabe que quien actúa con exceso de autoridad o abusa de ella es un autoritario, que es sinónimo de despótico, tirano y totalitario.
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