Lilla_Bailey
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Las indemnizaciones del Gobierno catalán por paralizar el Hard Rock alcanzarían los 50 millones de euros en el peor de los casos. Un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat al que ha tenido acceso EL PAÍS alerta de los posibles escenarios jurídicos a los que se enfrentaría el Ejecutivo catalán si los inversores reclamaran compensaciones por la imposibilidad de tirar adelante el macrocomplejo. “El resultado estimado del coste de la responsabilidad patrimonial, según las hipótesis establecidas, se encontraría entre los 37,4 y los 50 millones de euros”, concluye el documento, elaborado hace un año en el tramo final de la legislatura de Pere Aragonès. El riesgo obliga al Govern de Salvador Illa, que como su antecesor nunca ha concretado el coste de unas eventuales compensaciones, a moverse entre la ambigüedad para cumplir con las exigencias de los Comuns, contrarios al proyecto, y a la vez no alimentar las posibles reclamaciones de los inversores.
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