Garett_Altenwerth
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Mi empadronamiento caducó. Los extranjeros comunitarios tenemos que renovarlo cada cinco años. Habían pasado seis años y tres meses desde la última renovación. Junto al empadronamiento se canceló mi tarjeta sanitaria, que incluía la prescripción de un medicamento para una enfermedad crónica: un inhalador. Las citas están agotadas. Cuando consigo una, un detalle burocrático me obliga a cancelarla. Pregunto sobre alternativas, pero el teléfono da error. Vivo, trabajo y cotizo en Valencia desde 2015. Me quedan 30 dosis del inhalador, un teléfono que nadie descuelga y unas cuantas discusiones. Aun así, tengo el privilegio del derecho a la libre circulación, de dominar el castellano, de trabajar y de tener techo y comida. Si el sistema me trata así, con todas aquellas garantías que suponen mis privilegios, ¿cómo se trata a una persona en situación de vulnerabilidad? Nadie quiere saber la respuesta, pero necesitamos conocerla: con injusticia social, una xenofobia maquillada de burocracia y violencia sistémica.
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Trabas burocráticas para extranjeros
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