Trabajo acusa a Ayuso de restringir el derecho a huelga de los funcionarios y pide a la Fiscalía que actúe

[Katarina_Koelpin]

El Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz pidió este viernes a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra la Comunidad de Madrid por lo que, considera el departamento, es una evidente vulneración del derecho a huelga y a manifestación de los empleados públicos. Así lo confirman fuentes de Trabajo, que denuncian que el acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario que firmó el Gobierno regional hace unas semanas con los sindicatos abre la puerta a castigar "el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación o libertad de expresión" en caso de que las centrales convoquen "huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo".

El convenio fue suscrito el pasado día 10 de diciembre por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional. Entonces, las centrales sindicales celebraron el contenido del acuerdo, que entra el vigor el próximo 1 de enero y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028, y que beneficiará a unos 40.000 empleados públicos a través de incentivos salariales vinculados al modelo de carrera profesional y de otras mejoras en materia de traslados o permisos parentales.

El Ministerio de Trabajo, no obstante, no critica la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, sino concretamente dos apartados de la norma: el artículo 10 y la disposición adicional décima, que "abren la puerta a que, en caso de que los sindicatos que suscriben el convenio promuevan 'huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo', la Administración pueda acordar la 'suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos' del personal a su servicio".

"Una cláusula de esta naturaleza, que castiga el ejercicio de derechos fundamentales como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un atentado evidente a los derechos fundamentales y supone una degradación de la participación democrática de las personas trabajadoras", considera Trabajo. Para el ministerio que lidera Yolanda Díaz, dicha vulneración es "todavía más llamativa, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una comunidad autónoma, en este caso la de Madrid".

El departamento, además, argumenta que este acuerdo sobrepasa el margen que tienen los sindicatos y las patronales (en este caso, la Administración madrileña) para firmar este tipo de "cláusulas de paz". En concreto, las cuatro organizaciones sindicales que suscribieron el convenio se comprometen en él "a no promover durante toda su vigencia, directamente o a través de una de sus federaciones o sindicatos asociados [...], huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado".

Por todo ello, Trabajo considera que "el convenio y el acuerdo pueden ser impugnados porque conculcan la legalidad constitucional vigente y lesionan gravemente el interés de terceros". Y de ahí que el ministerio que lidera Yolanda Díaz recurra a la Fiscalía, a la que se insta "a que realice los trámites oportunos para la impugnación del convenio colectivo, así como las actuaciones penales que en su caso resultasen procedentes". Tanto el Ministerio Público como el Defensor del Pueblo son las instituciones competentes para hacerlo, "ante la inhibición de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid que ha publicado los textos", espeta el Gobierno central.

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