thompson.koby
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El año 2025 no verá la solución a los problemas de la vivienda en España , entre otras cosas porque el Gobierno está atrapado en las contradicciones que suponen las políticas 'desmercantilizadoras' de sus aliados extremistas y las un poco menos intervencionistas de los socialistas de Pedro Sánchez. En un giro inexplicable, el PSOE del siglo XXI ha arrojado al olvido las medidas liberalizadoras que adoptó Miguel Boyer en 1985, y ha vuelto a apostar por políticas que no hacen más que empeorar los problemas. No se ha hecho nada práctico a favor de solucionar la falta de suelo, de aligerar la burocracia que obstaculiza la promoción urbanística y, en cambio, se han introducido controles de precios como las llamadas 'zonas tensionadas' al tiempo que se ha duplicado el plazo para desahuciar a un inquilino moroso. Así, mientras por un lado se reprime la oferta, dificultando su aumento y obligándola a buscar seguridad jurídica en el alquiler temporal y turístico, se promocionan políticas populistas en forma de bonos y otras que no hacen más que recalentar la demanda. El Ejecutivo ha creado así una tormenta perfecta.Aunque el Banco de España ha corregido a la baja las cifras del déficit de vivienda tras la llegada del nuevo gobernador, la cantidad sigue siendo nada menos que de medio millón de unidades. Los analistas del mercado inmobiliario vaticinan que 2025 traerá precios más altos, pero el ritmo de subida será menor que en años anteriores y algunos de ellos también ven un incremento en la obra nueva. Aunque el aumento de la oferta, la bajada de tipos de interés y un incremento menor de los precios pueden pintar un panorama optimista para quienes puedan comprar vivienda, donde no hay esperanza es en el mercado del alquiler. Las medidas intervencionistas de la nueva ley de Vivienda, como la declaración de 'zonas tensionadas' han tenido un gran impacto. Según el Observatorio del Alquiler creado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, esta medida ha reducido la oferta en 80.000 unidades. Además de Barcelona, municipios del País Vasco y Navarra han anunciado que empezarán a aplicarla. Otro elemento que desincentivará el alquiler será la entrada en vigor del nuevo índice de actualización de los contratos que elaborará el INE junto con los ministerios de Economía y Vivienda, un indicador que se estrenará el próximo 2 de enero.Los expertos avisan, además, de que la competencia entre familias por acceder a las viviendas en los municipios que apliquen controles de precios va a aumentar. Se da el caso de que en Barcelona hay hasta 60 familias pugnando por hacerse con un alquiler tasado. Esto genera ansiedad e incertidumbre entre las familias y favorece a las que tienen mejores conexiones en los municipios.Pedro Sánchez ha dicho que no quiere «una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres». Sin embargo, pese a que lleva seis años en el poder, no ha hecho más que alimentar el déficit de viviendas, permitiendo que sus aliados pongan en juego sus medidas más afiebradas. El problema, por tanto, no es exclusivamente económico, sino también político. La situación actual requiere un enfoque serio y estructural, algo de lo que el actual Gobierno ha demostrado ser incapaz. España necesita políticas que fomenten la construcción de vivienda asequible, la rehabilitación de inmuebles vacíos y un equilibrio legal que proteja tanto a propietarios como a inquilinos. También es urgente regular el alquiler turístico de manera proporcional, sin convertirlo en el chivo expiatorio de problemas más profundos.
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