No va a ser un mes fácil para el Gobierno ni para su presidente, Pedro Sánchez. Desde esta semana, y solo con la excepción del parón navideño, las múltiples declaraciones judiciales programadas en distintos tribunales en el marco de las causas que afectan a los socialistas se van a ir sucediendo y acaparando titulares en los cuatro frentes judiciales que afronta el Ejecutivo. Desde el caso Koldo en su vertiente del Tribunal Supremo, pasando por las causas que investigan a Begoña Gómez y al hermano del presidente, hasta el caso de las filtraciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso cercan a Pedro Sánchez a pesar de que desde Moncloa insisten en transmitir "tranquilidad" y en relacionar todas estas causas con "bulos" y una estrategia orquestada por la "derecha y ultraderecha".
Desde el Ejecutivo dan dos tipos de respuesta ante las causas judiciales que les rodean. En el caso Koldo ponen el foco en los ya investigados en la causa, incluido el exministro José Luis Ábalos, al que se le abrió un expediente de expulsión del PSOE, y garantizan la colaboración del Gobierno con la justicia ante cualquier investigación de corrupción. Eso sí, ponen "la mano en el fuego" —en palabras de la vicepresidenta y número dos del PSOE, María Jesús Montero— por algunos señalados por el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, como Santos Cerdán, ratificado en su puesto durante el Congreso Federal del PSOE el pasado fin de semana.
Pero las causas contra Begoña Gómez, David Sánchez y el fiscal general del Estado son tildadas desde Moncloa como "ataques" de la "derecha y ultraderecha" para dañar al Gobierno de Sánchez. El propio Cerdán habló de "cacería", de una estrategia de "acoso y derribo" e incluso de "mentiras" contra el Ejecutivo y el PSOE desde medios de comunicación y "en sedes judiciales". Dicen los socialistas que hay un claro "frente judicial" contra ellos porque "políticamente no pueden" atacarles. "No hay nada", insisten fuentes gubernamentales cuando se les pregunta por estos casos.
El carrusel de comparecencias judiciales está previsto que comience el próximo jueves, 12 de diciembre, cuando se había programado la esperada declaración de José Luis Ábalos, si bien el exministro ha pedido más tiempo al juez para prepararse a raíz de las últimas acusaciones del empresario Víctor de Aldama. El magistrado tiene ahora la última palabra.
Defenestrado del partido desde el estallido del caso Koldo, el cerco se ha ido estrechando contra Ábalos, sobre todo en los últimos días con la confesión del presunto conseguidor de la trama corrupta, que habla de mordidas no solo por la compra de mascarillas durante la pandemia, sino a cambio de la adjudicación de obra pública.
Aparte de su declaración de dos horas en la Audiencia Nacional, Aldama presentó la semana pasada ante el Supremo un informe de 37 páginas con el que aporta supuestas pruebas, como pantallazos de Whatsapp, sobre la presunta implicación de Ábalos en la trama corrupta. El exministro se mantiene en defender su inocencia y, de hecho, irá a declarar al Supremo de forma voluntaria, algo que no es habitual, sin que haya sido necesario pedir permiso al Congreso, donde todavía es diputado —ahora en el Grupo Mixto desde su expulsión del PSOE—.
Pero no ha sido el único disparo de Aldama. A su acusación inicial de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le habría pedido 50.000 euros a través de Koldo García, ahora dice que tuvo a su disposición, cuando aún era presidente de Canarias, distintos pisos en Madrid, uno concretamente en la calle Atocha, para "encuentros de diversa naturaleza". El ministro califica estas afirmaciones de "mentiras, falsedades y vilezas".
Y Aldama sigue señalando al recientemente reelegido número tres del PSOE Santos Cerdán y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, como destinatarios también de supuestas mordidas. Los dos lo niegan.
Tras la confesión de Aldama, en la que él mismo se inculpa de varios delitos, el Supremo ha decidido asumir la parte de la investigación relativa a Ábalos, Aldama y Koldo García, pues ve que los hechos imputados a los tres guardan una relación "directa e inescindible". Por eso, el alto tribunal también oirá en declaración al propio empresario, el próximo 16 de diciembre, y al exasesor de Ábalos, el día 17.
Y justo al día siguiente, el foco de las cámaras saltará a otro juzgado, esta vez en los de Plaza Castilla, donde está citada la esposa del presidente del Gobierno para comparecer por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado por intrusismo y apropiación indebida en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Los dos ilícitos se suman a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que el juez ya investigaba a Begoña Gómez desde la pasada primavera.
No será la única comparecencia que ha programado el juez Peinado. El 20 de diciembre, deberá acudir al juzgado la asesora de Moncloa Cristina Álvarez para que responda a la pregunta de si ha realizado trabajos para las actividades profesionales privadas de Gómez. La defensa de la propia investigada remitió al instructor una serie de e-mails con los que trataba de demostrar que fue la Complutense la que exigía su firma para el pliego de prescripciones técnicas del software, pero al mismo tiempo, con esos correos, confirmó que Álvarez participó en las comunicaciones entre la universidad y Gómez, confirmando así que la colaboración de la asesora no fue puntual.
Al llegar las fechas navideñas, los tribunales bajarán su actividad, pero a la vuelta de Reyes, no habrá que esperar mucho para ver a otra persona del entorno personal de Pedro Sánchez comparecer como imputado ante un juez. Será su hermano, David Sánchez, quien el 9 de enero acuda al juzgado de Badajoz que le investiga por su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas de la diputación. Prevaricación, malversación, contra la Hacienda pública o tráfico de influencias son los delitos que se le imputan tanto a él como al presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.
Además de saber si la contratación de David Sánchez fue o no irregular, la jueza también quiere saber, y para ello ha pedido documentación bancaria, el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten a nombre del hermano del presidente en distintas fechas de 2017, 2019, 2021, 2022 y 2023, en relación a la investigación sobre "el supuesto incremento patrimonial injustificado".
Pero un día antes de estas declaraciones, el cuarto frente judicial que afronta Sánchez tampoco le dejará respiro. El 8 de enero, el Supremo ha citado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en el marco de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de las comunicaciones entre la defensa del novio de la presidenta madrileña y el Ministerio Público. Ocho periodistas de medios que publicaron informaciones sobre el tema en esos días de marzo también han sido llamados por el juez.
Este caso dio un vuelco hace unos días al poner el foco en Moncloa, ya que se conoció que una asesora de Presidencia, Pilar Sánchez Acera —entonces jefa de gabinete de Óscar López—, envió al exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato una foto de esos correos electrónicos, antes de que saliera publicado íntegramente en medios de comunicación. La citación de Sánchez Acera parecía inminente tras la comparecencia de Lobato, que entregó su teléfono y el acta notarial donde registró dicha conversación con ella; de hecho, las acusaciones pidieron su imputación. El juez ha preferido esperar y no imputarla "de momento", hasta analizar todo el material.
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