Responsabilidad y trasparencia: deberes pendientes para la reforma del sistema de financiación

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Desde hace más de una década, la reforma del sistema de financiación autonómica continúa permeando en mayor o menor medida el debate público en España. A pesar de los múltiples cambios realizados desde su puesta en marcha, el sistema sigue requiriendo de mecanismos de ajuste para cubrir los costes de los servicios públicos en la gran mayoría de autonomías, lo que unido a la negociación bilateral entre el Gobierno central y Cataluña para lo que parece ser su salida del régimen común, ha provocado que cada vez sean más las comunidades que piden cambios.Tras la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre, está previsto que este mes de enero se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano para que las comunidades acuerden un nuevo sistema, aunque la falta de consenso y las visiones dispares dificultan una acometida en profundidad del asunto, más allá de parches o reformas temporales como en anteriores ocasiones. Un bloqueo político que contrasta con la necesidad manifiesta de volver a reabrir el debate por parte de los economistas consultados por ABC, que coinciden en que cada comunidad tenga la capacidad y responsabilidad de gestionar sus recursos a través de un reparto más transparente y equitativo.Noticias relacionadas estandar Si La renta media por habitante en Galicia aumentó más que en el resto de España desde 2009 Luis García López estandar Si Los gallegos pagarán menos tasas en vivienda y sucesiones en 2025 Luis García LópezEl actual modelo se compone de comunidades adscritas al régimen común, que cuentan con parte de sus impuestos cedidos al Estado y mecanismos de reparto en función de variables como la población, el envejecimiento o la dispersión poblacional; y el modelo foral, por el que Navarra y País Vasco gestionan directamente los tributos de la comunidad y aportan una cuota consensuada con el Gobierno central. En el caso del resto de autonomías del régimen común, la insuficiencia del sistema provocó que en 2012 se añadiese un mecanismo extraordinario de liquidez ante la crisis que atravesaba el país. Una excepcionalidad que acabó convirtiéndose en una parte más del modelo hasta que en 2020, con la pandemia, estos préstamos para afrontar los gastos públicos de las autonomías pasan a que el Gobierno asuma directamente este desfase de ingresos y gasto, que varían en cuantía pero se mantienen año tras año.«Ilusión fiscal»Unas muestras de ineficacia que explican uno de los principales problemas del sistema: «los recursos son escasos de manera global», como indica la profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, María Cadaval. Una situación de partida ante la que las autonomías requieren ir siempre a mejor, con más financiación, un enfoque enfocado en el gasto de las comunidades y no en sus ingresos. Razones como esta hacen dudar de si el actual modelo «realmente responde a las necesidades de las comunidades autónomas», añade Raquel Jurado, asesora fiscal y miembro del Consejo General de Economistas.«Hay una cierta ilusión fiscal », indica Cadaval, ya que las autonomías cuentan con el 50% de la recaudación de impuestos como el IVA o el IRPF entre otros, con capacidad de modificar elementos sustanciales en algunos de ellos, aunque exista la percepción de que es un sistema más centralizado. Un ejemplo es la realización de trámites como la declaración de la renta, que se gestiona directamente con Hacienda, aunque la mitad del dinero que se paga en IRPF sea para la comunidad autónoma. «La tendencia que tienen algunas comunidades autónomas es a poner la mano para que entren recursos, pero no les gusta tanto gravar a sus contribuyentes, a sus ciudadanos. Y esto hay que cambiarlo de alguna manera. Es decir, no se puede desincentivar a que las comunidades autónomas hagan dejadez de funciones y pretender que sea la Administración Central quien lo recaude todo, y que les lleguen esos recursos de una manera indirecta y con muchos menos costes, desde un punto de vista político», señala la docente.Para ello, es fundamental que los gobiernos autonómicos cuenten con «incentivos para emplear su capacidad fiscal», afirma Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo. Pone como ejemplo, que se trasladen las modificaciones en impuestos como el IRPF del Estado a las comunidades más rápidamente, frente al «retraso actual de dos años que desincentiva la autonomía fiscal» o el endurecimiento de la restricción presupuestaria autonómica, «si se busca avanzar en la descentralización».Gestión de los impuestosUna de las principales herramientas con las que cuentan las autonomías para ajustar su financiación son los impuestos, donde tienen margen para ajustar los tipos en función de sus necesidades. Sin embargo, ello provoca desviaciones que afectan directamente al ciudadano en función del territorio (como el caso del impuesto de sucesiones).Diferencias que deben sustentarse en una base común, con una mayor armonización entre los territorios que permita un margen a cada autonomía para promover beneficios y subvenciones, evitando «desviaciones significativas», defiende David Martínez, tesorero de la Confederación Empresarial de Orense. «Hay que apostar por la armonización y homogeneidad en la estructura de las figuras tributarias empleadas por diferentes niveles de gobierno», subraya Vaquero, lo que permite «ejercer elevados grados de autonomía tocando solo tipos y deducciones en cuota».Variables para el repartoPor otra parte, las variables utilizadas para calcular el reparto de fondos entre autonomías son también motivo de debate. Mientras que a algunas como Madrid les beneficia la cantidad de habitantes, otras como Galicia obtienen fondos por envejecimiento o dispersión poblacional.Cadaval propone unificar los costes fijos de cada autonomía, dotando del peso proporcional la dispersión, insularidad y superficie, además de tener en cuenta que el gasto sanitario es mucho mayor a partir de 80 años, cuando solo se tiene en consideración los habitantes mayores de 65 años. Por su parte, Vaquero pone el foco en ajustar la financiación por habitante, para que se compense a las comunidades con menor riqueza más allá del coste de los servicios según las variables anteriores.

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