Puigdemont pide cariño

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Hace un año, Carles Puigdemont decidió que sus siete diputados en el Congreso hicieran presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. A cambio, Sánchez amnistiaría a todos los independentistas que hubieran cometido delitos. El líder socialista, conocedor del escaso entusiasmo que esa decisión provocaba en sus filas, se presentó ante su partido y dejó dos ideas anestésicas. Primera: defendió la amnistía «en el nombre de España» (¿en el nombre de España?). Segunda: amnistiar a los independentistas que cometieron delitos es «hacer de la necesidad virtud».

En aquellos días, Sánchez consiguió sostener la coalición parlamentaria que ya le apoyó en la anterior legislatura, pero sumando a Puigdemont. El artefacto fue bautizado como «mayoría progresista», aunque participen las derechas reaccionarias catalana y vasca (el lenguaje político lo aguanta todo). Y en estos 12 meses, el presidente ha demostrado su enorme versatilidad para prometer a Podemos lo contrario que a Junts, incumplir las promesas con ambos y seguir adelante con el apoyo de los unos y de los otros.

Un año después, Puigdemont vive en Waterloo a pesar de la amnistía. El prófugo necesita llamar la atención porque nadie le hace caso, y le dice al presidente que plantee una cuestión de confianza. La exigencia no puede ser más inconsecuente, por cuanto las cuestiones de confianza son un recurso constitucional que solo depende de los jefes de gobierno.

Pero atención al antecedente: hace un par de años, Puigdemont hizo la misma exigencia a su entonces socio de Esquerra en la Generalitat y, como no le hicieron caso, rompió el gobierno de coalición. Ahora, el expresidente catalán busca sus 15 minutos de fama correspondientes a este mes, para que no olvidemos que dispone de siete diputados con los que mantiene su supuesto control sobre Sánchez. Solo supuesto.

Puigdemont pide cariño en forma de atención, Sánchez se lo concederá con algún aliño engañoso y, si todo es como parece, la legislatura continuará con unos nuevos Presupuestos, que son la verdadera cuestión de confianza a la que cada año se somete un gobierno. O no, porque Sánchez la evitó este año, incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, en el que se establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

Como puede leerse, el artículo deja claro que el Gobierno «deberá» (obligación), no dice que «podrá» (opción). Y para los Presupuestos de 2025 se ha vuelto a incumplir la Constitución porque se ordena que la presentación de las Cuentas sea «tres meses antes» del 31 de diciembre. Pero pelillos a la mar.

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