Poner a dieta al Estado

[Oda_Mosciski]

La presentación en el Capitolio de Washington del programa de recortes encargado por Donald Trump a Elon Musk, magnate que combina su ambición empresarial con el discurso populista, pronunciado con la libertad y el desahogo que le proporciona un patrimonio personal que supera el cuarto de billón de dólares, coincide con el primer aniversario de la llegada al poder de Javier Milei, presidente de una Argentina a la que prometió aplicar la 'motosierra' para cuadrar sus cuentas públicas a partir de una drástica reducción del sector público. Impregnadas de demagogia, envueltas en la humareda del ilusionismo, las formas de uno y otro son cuestionables; el fondo, sin embargo, responde a la necesidad real de racionalizar un gasto administrativo que en los países desarrollados –incluso en la Argentina del desastre kirchnerista– no ha dejado de aumentar pese a las crisis económicas que con carácter global se han sucedido en los últimos quince años. El endeudamiento público y la presión fiscal han contribuido a financiar un aparato cuyas dimensiones han crecido a costa del esfuerzo de los contribuyentes, hasta generar un clima de desafección y desconfianza hacia las instituciones que está estrechamente ligado al auge de los movimientos populistas. Elon Musk y Javier Milei no son sino la representación y la consecuencia de un malestar social que puede ser aliviado a través de la motosierra más ruidosa y electoralista o, de forma serena y rigurosa, a partir de la auditoría y el ajuste de los servicios que presta un Estado en el que el bienestar y el denominado gasto social han terminado por confluir de forma torticera en una genuina industria del buenismo, pozo sin fondo en el que, al margen de la eficiencia, termina buena parte de los impuestos que soportan particulares y empresas.Una burocracia que se ensancha mediante las ofertas de empleo público con que cada año el Gobierno –a su vez modelo de contratación endógena, con su pléyade de asesores– maquilla las cifras del paro; una duplicidad de competencias entre las distintas administraciones que no solo aumenta la factura de los servicios prestados, sino que obstaculiza su gestión; una nebulosa de organismos, entes, observatorios e institutos –estatales y regionales, cuando no locales en el caso de las grandes ciudades– cuya utilidad pública es inversamente proporcional al presupuesto que consumen, o un catálogo de nuevos derechos, en su mayoría impregnados de ideología, cuya articulación va acompañada de sus oportunas partidas económicas, convergen en un modelo de falso bienestar y progreso que parte de la idea salvífica del Estado, del rechazo dogmático a cualquier ajuste y de la demonización de la iniciativa privada, caricaturizada por quienes se arrogan la defensa de unos servicios públicos bajo cuyo paraguas se esconden el despilfarro y la confiscación tributaria, fenómenos que van de la mano en una espiral empobrecedora.Ni la Argentina de Milei, arruinada por sus predecesores, ni los Estados Unidos de Trump y Musk, gestores de una administración federal que nunca asumió las recetas con que la socialdemocracia y el liberalismo de Europa construyeron en la segunda mitad del siglo XX el 'welfare state', pueden servir de referente a España y su entorno ; aún menos la demagogia con que venden sus recetas. Sus formas son discutibles y, por unas u otras razones, inexportables. El fondo de la cuestión, sin embargo, es homologable, tanto como el hartazgo de quienes dirigen su mirada al populismo para confiarle el recorte de un estado de bienestar falseado y oneroso.

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