La Fiscalía pide penas de hasta nueve años de prisión para diez acusados de formar un grupo criminal dedicado a alquilar viviendas en Barcelona para después reconvertirlas en apartamentos turísticos o en pisos compartidos, mientras dejaban de pagar a los caseros y les impedían el acceso a los mismos.
En un juicio que ha comenzado este lunes en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, que se ha trasladado para celebrar esta vista oral a una sala de la Ciudad de la Justicia, el ministerio público pide penas de prisión para cada uno de ellos que oscilan entre los tres años y medio y los nueve años de cárcel.
El fiscal acusa a los diez procesados de varios delitos, como pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad en documento mercantil, extorsiones o coacciones, y espera a la ejecución de sentencia para fijar la cuantía de la indemnización destinada a resarcir a los propietarios de las viviendas.
No obstante, la suma de los perjuicios generados tanto por las mensualidades no abonadas a los dueños como por los daños causados con las obras de los inmuebles que luego eran usados como apartamentos turísticos o pisos compartidos supera provisionalmente los 600.000 euros.
Según el escrito de acusación, los diez procesados, entre los años 2017 y 2020, alquilaron varios pisos en la capital catalana con documentación falsa para acreditar una supuesta solvencia económica y, una vez en su poder, comenzaron a llevar a cabo obras sin permiso ni conocimiento de los arrendadores.
El ministerio público sostiene que, habiendo abonado en algunos casos únicamente la fianza y la primera o segunda mensualidad, dejaban de pagar las cuantías correspondientes a los dueños, quienes tampoco podían acceder a sus viviendas al haber sido ocupadas por los subarrendatarios.
El grupo de acusados, prosigue el escrito, comenzó a publicitar las viviendas en la página de Airbnb, así como en otras webs inmobiliarias conocidas, pese a que no contaban con la licencia necesaria para llevar a cabo la actividad de alojamiento turístico.
Los acusados crearon "un clima de terror y miedo en los propietarios", para amedrentarles cuando estos acudían a la vivienda alertados por los vecinos, que les informaban de un elevado número de personas que entraban y salían del piso, con las molestias que esto generaba, según la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación pública, cuando los acusados veían a los propietarios a través de cámaras de videovigilancia que habían instalado en las puertas de los domicilios, se presentaban en el inmueble y les amenazaban, bien con hacerles algún daño o con llamar a las fuerzas policiales.
La Fiscalía sitúa como cabecillas del presunto grupo criminal a un padre y su hijo, acusados de gestionar el alquiler de los inmuebles desde una sociedad mercantil, y se encargaban de dar indicaciones al resto de procesados.
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