felix.kertzmann
New member
- Registrado
- 27 Sep 2024
- Mensajes
- 43
El Gobierno celebra este lunes un Consejo de Ministros, en principio, el último del año, marcado por las medidas económicas y por la segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 a partir del próximo 1 de enero. Pese a que este ejercicio en el que el empleo y la actividad han seguido tirando con fuerza (los cotizantes a la Seguridad Social superan los 21,3 millones a diciembre y el PIB nacional avanzó un 0,8% trimestral entre julio y septiembre, el doble que la media de la Eurozona) los hogares vulnerables siguen afectados por los coletazos de la crisis de inflación.
Esto ha llevado al Ejecutivo a prorrogar una parte de las medidas del conocido como 'escudo social', el plan de choque que diseñó para hacer frente a las consecuencias en las familias y empresas por dispararse los precios de la cesta de la compra y de la energía. Son medidas que decaían el próximo 31 de diciembre y que se extenderán como mínimo durante otros seis meses por la vía del Real Decreto-ley, al igual que se hizo el pasado ejercicio.
Así, hasta finales de junio estarán en vigor las actuales bonificaciones al transporte, en virtud de un acuerdo con Podemos, al mantenerse la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Al mismo tiempo, se ampliará un año más la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, y podría hacerlo también la de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago.
Los precios de los alimentos subieron en noviembre al menor ritmo en más de tres años (al 1,7%), a las puertas de que culmine la rebaja del IVA de la que los productos básicos se han venido beneficiando desde el 1 de enero de 2023. De este modo, los alimentos básicos volverán a estar gravados al tipo superreducido del 4%, incluyendo el aceite de oliva, mientras que a la pasta y los aceites de semilla se les aplicará de nuevo el tipo reducido del 10%.
Una de las 'patatas calientes' que el Ejecutivo afrontará en esta reunión será la de sacar adelante (también por la vía del Real Decreto-ley) la extensión del gravamen a las grandes energéticas el próximo año. Se trata de un pacto que el Gobierno de coalición selló con ERC, Bildu y BNG y que le permitió contar con sus apoyos para sacar adelante la reforma fiscal exigida por Bruselas para poder acceder al quinto pago de los fondos europeos, que fue solicitado el pasado viernes.
Sin embargo, el rechazo a la medida de PNV y Junts (cuyos votos son imprescindibles) impedirá que logre el visto bueno del Congreso, salvo giro de guion de última hora. Una vez que el gravamen fue derogado la pasada semana por los votos en contra de PP, Junts, PNV y Vox, el Gobierno se ve obligado a aprobarlo de nuevo en lugar de prorrogarlo, como pretendía hacer.
Pensiones, funcionarios y prórroga de los Presupuestos
Al Gobierno le toca también aprobar la segunda prórroga de los Presupuestos en lo que va de legislatura y la quinta desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, cuando fue investido presidente del Gobierno después de que el Congreso aprobase la moción de censura contra Mariano Rajoy. El real decreto que articula la extensión de las cuentas públicas, ley clave que marca toda la política económica y social del Ejecutivo, tendrá que ajustar algunos elementos de las cuentas de 2023, actualmente en vigor. En algunos casos son ajustes de carácter técnico y otros responden a decisiones políticas.
El Gobierno tiene pendiente llevar a la Cámara Baja la senda de estabilidad y deuda pública que servirá de eje para confeccionar las cuentas del año que viene. Su anterior intento de sacarla adelante falló en julio tras el rechazo de Junts a la misma. El proyecto no sólo se considera esencial para la continuidad de la legislatura, puesto que España debe remitir cuanto antes el borrador de las cuentas a la Comisión Europea para cumplir con lo establecido por las nuevas reglas fiscales.
Por otra parte, en la prórroga de los Presupuestos no se incluirá la subida del sueldo a los funcionarios, que el Gobierno comenzará a negociar con los representantes de los trabajadores públicos ya desde enero. Por el contrario, otra de las medidas que sí suele aprobarse en el último Consejo de Ministros del año es la revalorización de las pensiones que, al estar ligadas de nuevo al IPC, se incrementarán un 2,8%, el dato promedio de inflación entre diciembre del año pasado y noviembre de este año.
Cargando…
www.20minutos.es