elisha.tremblay
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La posibilidad de que Muface deje de funcionar y lleve a cientos de miles de funcionarios y sus familiares a tener que integrarse en el sistema sanitario público preocupa en el Gobierno regional madrileño, por los «altísimos costes» que tendría y su repercusión sobre la calidad del servicio. Así lo ha reconocido este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, quien ha adelantado que si finalmente se lleva a cabo este desmantelamiento, el Gobierno de Díaz Ayuso calculará los costes generados y se los reclamará al Gobierno central.La negociación entre compañías aseguradoras y los ministerios de Función Pública y Sanidad lleva meses desarrollándose, con el fin de mantener Muface en funcionamiento. Pero no hay igualdad de criterios entre ambos ministerios: el primero defiende su continuidad, y el segundo es partidario de que deje de funcionar y los funcionarios pasen a recibir atención sanitaria pública. Pero si esto ocurre, supondrá la incorporación repentina de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares en toda España al sistema público, y en Madrid, más de 250.000 personas se incluirían de golpe en este sistema. Algo que, apunta García, tendría «unos costes muy elevados para la Comunidad de Madrid, y esperaríamos ser resarcidos por ello».Noticia Relacionada Antes de mejorar su oferta estandar Si El Gobierno pide a las aseguradoras los datos de coste por usuario que les supone Muface Bruno Pérez UGT trasladó en la última reunión del Consejo sus sospechas sobre la falta de igualdad de trato entre usuarios con póliza privada y mutualistasConcretamente, tomar esta decisión tendría una repercusión directa sobre el funcionamiento de la sanidad madrileña, porque «va a saturar nuestro sistema de salud», y tendrá repercusión en las listas de espera y en el tratamiento del conjunto de los usuarios, afirma el consejero.Por eso, lo primero que esperen es «que los Ministerios de Sanidad y Función Pública se pongan de acuerdo y siga funcionando Muface: que impere la cordura y el adoctrinamiento se deje a un lado».madrid_dia_0703Pero si esto no ocurriera, «si no se llega a buen puerto, lógicamente las comunidades autónomas con competencias en Sanidad, que somos todas, tendremos que ser resarcidos».En este caso, ha añadido, «calcularemos y pediremos todos los recursos necesarios para ello».
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