El president de Cataluña, Salvador Illa, empezará su primer año natural al frente de la Generalitat con una agenda repleta de retos y objetivos. El primer punto es la aprobación de unos Presupuestos para 2025 y no verse abocado a que el Govern vuelva a prorrogar los de 2023. El Ejecutivo catalán, tras asumir que no podrá tenerlos listos al comenzar el año, deberá seguir las negociaciones con ERC y los Comuns para consensuar unas Cuentas que cumplan las exigencias de las dos formaciones. Illa, que gobierna en minoría, necesita su apoyo para tener estabilidad y, a su vez, para impulsar la "gran transformación de Cataluña" que defiende. Prevé aprobar durante 2025 el 45% del paquete legislativo incluido en los acuerdos de investidura con ERC y Comuns.
La nueva dirección de Esquerra Republicana, encabezada por Oriol Junqueras y Elisenda Alamany, exige al president que cumpla los acuerdos vigentes antes de llegar a nuevos pactos. Además, afirman que desde su regreso al frente del partido, "ya no existe ningún equipo negociador".
Por su parte, el Govern confía en que se logrará un entendimiento para consensuar unos Presupuestos que permitan desplegar los acuerdos de investidura. El president asumió el contenido del documento entre socialistas y republicanos como suyo y lo prometió cumplir "punto por punto". Así, durante 2025, el Ejecutivo prevé desplegar la financiación singular acordada con ERC, mientras asume el traspaso de las primeras líneas de Rodalies, afronta el problema de la falta de vivienda en Cataluña y define una estrategia para fomentar el uso del catalán.
A pesar de la oposición de otras comunidades autónomas, está previsto que el nuevo sistema fiscal acordado por PSC y ERC y que cuenta con el beneplácito del Gobierno, entre en funcionamiento este 2025. El modelo económico, que incluirá una cuota de "solidaridad", comenzará a rodar con el aumento de recursos para la hacienda catalana y la redacción de sus bases a cargo de un grupo de expertos liderados por Martí Carnicer. En 2026, se prevé que la Agència Tributària de Catalunya ya comience a recaudar el IRPF.
En cuanto al traspaso de Rodalies, el Govern asumirá en enero la gestión de la línea R1, que recorre el litoral de Barcelona hacia la comarca del Maresme. En diciembre, se efectuará el traspaso de las líneas Sant Vicenç de Calders-Barcelona (R2) y El Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdà (R3). Mientras, el Parlament instó al Gobierno y a la Generalitat a "garantizar" el acuerdo del "traspaso integral" del servicio ferroviario. En una moción presentada por los Comuns y apoyada por el PSC, ERC y la CUP, también se exigió que la administración central continúe aportando los "recursos necesarios" para desarrollar las inversiones previstas en Rodalies hasta 2030.
La vivienda sigue siendo "la prioridad" del Govern
Poco después de comenzar la legislatura, Illa presentó un plan "ambicioso" para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 e invertir 4.400 millones de euros durante los próximos cuatro años. En enero se constituirá una comisión para trabajar en esta materia y en febrero se creará una reserva pública de suelo para "ampliar el parque público disponible". Desde el Ejecutivo catalán se avanzó que la mayoría de solares se encuentran entre "la segunda y la tercera corona del Área Metropolitana de Barcelona".
Pero los socios de investidura también mantienen su presión al Govern para que haga cumplir la regulación que limita el precio de los alquileres e incluya los de temporada y habitacionales. El gobierno autonómico anunció que creará un régimen sancionador y un cuerpo de inspección en enero para quien no cumpla la ley actual. Aseguró que Cataluña será la primera comunidad autónoma en tenerlo.
La regulación actual ha permitido que el precio haya bajado para los inquilinos un 0,9% en las zonas tensionadas. Aun así, la vivienda se ha convertido en la mayor preocupación de la sociedad catalana, especialmente entre los jóvenes, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Prueba de ello es la manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres el 23 de noviembre, que congregó a 22.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, y a 170.000, según la propia organización, en el centro de Barcelona. Tras la movilización de los inquilinos, Illa aseguró que "escuchará" las propuestas de la sociedad civil, aunque rechazó la propuesta de la asociación de ir a una huelga de alquileres.
Revertir los datos en caída sobre el uso del catalán
Según la encuesta del CEO, el 40% de la población de Cataluña cree que el catalán "está amenazado y podría desaparecer". Illa deberá defender "la lengua propia del país" ante unos datos que escenifican que su uso va a la baja. Tan solo el 42% de los catalanes se dirige a otras personas en este idioma, por lo que el Ejecutivo ya ha lanzado medidas como incluir cursos de catalán gratuitos o recursos educativos en línea. A su vez, el president de la Generalitat asumió el "encargo" de defender la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
Por otro lado, los juntaires pidieron en noviembre que el Govern de Illa firmase un compromiso de uso de la lengua, mientras que ERC impulsó un pleno monográfico sobre el catalán que se realizará durante el 2025. En esa sesión se abordará el Pacte Nacional per la Llengua, un punto del acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos que busca fomentar su uso en todos los ámbitos de la sociedad catalana y de la administración pública. Este pacto también cuenta con el apoyo de Junts, los Comuns y la CUP y es una de las áreas de trabajo del Departamento de Política Lingüística. Su conseller, Francesc Xavier Vila, pidió a los castellanoparlantes que "abandonasen el monolingüismo" para fomentar "la cohesión social" y la preservación de la lengua.
Entran las medidas para eliminar la multirreincidencia
Poco después del traspaso de carteras en los departamentos tras la entrada del Ejecutivo socialista, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, se puso el objetivo de "revertir la curva delincuencial" en Cataluña. Primero, relanzó el Plan Daga contra las armas blancas, aumentando los controles en "puntos conflictivos". Después, puso el foco en los multirreincidentes y el Govern alcanzó un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para trabajar de manera conjunta y acabar con "los pequeños delitos".
Hace un mes, el Ejecutivo 'pactó' con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la Policía Nacional y la Guardia Civil se integrasen al teléfono de emergencias 112 de Cataluña. Esta medida despertó las críticas del sector soberanista, que se quejó de que lleva a una debilitación de las competencias de los Mossos, pero el Govern defendió que permite tener "una respuesta más rápida y eficaz". Unos días más tarde, anunció que durante la siguiente Junta de Seguridad pedirá que la policía catalana asuma las competencias en los aeropuertos y puertos catalanes.
También en materia de seguridad, el Govern tiene previsto que en el primer trimestre se abran cinco nuevos juzgados -cuatro de lo penal y uno de instrucción de guardia- para combatir la multirreincidencia y agilizar la tramitación de los juicios rápidos. En el Pla de Govern para esta legislatura, la administración autonómica tiene previsto crear "nuevas unidades judiciales que faciliten la reducción de los plazos de juicios penales".
La 'carpeta' de inmigración, encima de la mesa de Illa
Se espera, asimismo, que Cataluña tenga "pronto" competencias en materia de inmigración. El acuerdo entre el PSOE y Junts, que aún se está negociando porque serviría para respaldar los Presupuestos Generales del Estado, prevé que la Generalitat gestione los permisos de residencia o la expedición de documentos. Una cesión de jurisdicciones que se realizará a través del artículo 150.2 de la Constitución, pero que dejará fuera el control de fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular.
El propio Illa celebró en el Parlament que la gestión de la inmigración pase a manos de la Generalitat porque "la acogida y la integración de los inmigrantes forma parte de la historia de Cataluña". Destacó que la población catalana tiene una actitud acogedora. No obstante, los últimos datos del CEO apuntaron que el 58% de los catalanes coincide en que hay "demasiada" inmigración y que el 66% cree que las administraciones han perdido "el control de las fronteras".
Los retos de Illa para 2025: aprobar las Cuentas, cumplir los acuerdos con ERC y los Comuns y construir vivienda pública
El mandatario catalán afronta su primer año natural al frente de la Generalitat.
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