Al fin. Han tenido que pasar más de 80 años, guerra, exilio, dictadura, olvido, tres generaciones, otros tantos informes jurídicos, una larga investigación, un inventario y unos cuantos obstáculos burocráticos. Pero los nietos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid en los años treinta, recuperarán cinco óleos que fueron incautados el 9 de junio de 1938, durante la Guerra Civil, en el domicilio madrileño de su abuelo y jamás devueltos por el régimen franquista una vez terminada la contienda. La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina Pérez, firmó el pasado martes la resolución que autoriza el regreso a casa de las obras, custodiadas durante décadas en la Casa Colón, el principal museo del archipiélago, según ha podido confirmar EL PAÍS. Este jueves la familia ha recibido la notificación. Solo queda encontrar una fecha para el acto de entrega a los descendientes.
Los cinco lienzos son Majas obsequiando a un garrochista, Toro embistiendo a un grupo y Cruz de mayo, de Eugenio Lucas Velázquez; Mosqueteros: La venta del caballo, de Francisco Domingo Marqués; y Banderillas de fuego, de Roberto Domingo Fallola. Rico era considerado un “gran amante del arte costumbrista del siglo XIX, al que pertenecen estas piezas de su colección particular, firmadas por tres conocidos autores de este periodo”, según un comunicado emitido por el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria.
Los óleos estuvieron entre los cientos que requisó la Junta Delegada de Incautación de la República, durante la Guerra Civil, para salvaguardarlos. Terminaron, como otros muchos, almacenados en el Prado durante la contienda. Y, al igual que muchos otros, la dictadura jamás los restituyó a su dueño original. Al revés, su rastro se perdió. Hubo piezas que acabaron en ministerios, universidades, museos, oficinas públicas o incluso en manos de privados. “Una cifra realmente extraordinaria, un movimiento de obras como jamás se ha producido en España”, lo suele resumir el catedrático Arturo Colorado Castellany, uno de los mayores expertos de este ámbito.
Los cuadros de Rico llegaron a Gran Canaria en enero de 1942, después de que los solicitara a la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional el entonces Gobernador Civil de Las Palmas, Plácido Álvarez Buylla, entre unas 40 piezas, para constituir un Museo de Bellas Artes en la actual Casa Palacio del Cabildo, como se reconstruye en el expediente. Su dueño, mientras tanto, se había asilado en la Embajada de México en Madrid, antes de huir en 1936 de la capital hacia Valencia y, luego, América. Sus cuadros, desde 1952, se encuentran en la Casa Colón. Él, en cambio, recaló en Francia y allí falleció en el exilio, en 1957, sin volver a verlos.
Tampoco recuperó su biblioteca, archivo personal ni otros cuadros que se hallan en el Prado, en el Museo Nacional del Romanticismo o en el del Traje, y que los nietos, Francisca y Pedro, consideran propiedad del exalcalde de Madrid. De ahí que, en marzo del año pasado, empezaran a reclamarlos, a través de la abogada Laura Sánchez Gaona. La letrada reconoce que en ningún lado encontraron tanta colaboración y apertura como en el frente canario, gracias al impulso de la directora del Servicio de Museos, Alicia Bolaños. “Nuestro más profundo agradecimiento por el tratamiento impecable tanto desde el punto de vista jurídico como humano. Ha sido la administración pública pionera en aplicar la Ley de Memoria Democrática a la devolución de obras expoliadas, buscando en todo momento soluciones para agilizar el procedimiento en atención a la edad de los reclamantes y a su larga espera”, apunta la letrada, en nombre de la familia.
En cuanto presentaron su solicitud, hace un año y medio, los descendientes fueron recibidos en la Casa Colón, donde se les enseñaron las obras y se les prometió encontrar la forma de devolvérselas. Para Bolaños, tras una investigación interna, quedaron acreditados todos los requisitos necesarios: obras secuestradas, condición de víctimas, propiedad demostrada. Así que puso en marcha la devolución. Cuando, hace meses, solicitó reuniones con el Ministerio de Cultura y el de Memoria Democrática, el segundo la recibió y la “felicitó” por el trabajo realizado. De hecho, el deseo del Cabildo es que el ministro Ángel Víctor Torres Pérez esté en el acto de entrega.
Bolaños lo ha definido varias veces como “un deber moral”. Y presume de que se trata “probablemente de la primera devolución de obras artísticas incautadas conforme a la Ley de Memoria Democrática”. Porque, en octubre de 2022, el Gobierno aprobó una normativa que prometía mayor justicia, y más ágil, a los represaliados. En el artículo 3, se amplía la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y en el 31 se establece “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, además de prometer una auditoría de los “bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura” en el plazo de un año. En lugar de multiplicarse la ayuda, sin embargo, se dispararon problemas y retrasos.
Hasta la fecha, tan solo el Ministerio de Cultura publicó en junio, con ocho meses de retraso, un inventario con las 5.126 piezas incautadas y no devueltas que halló en los 16 museos estatales que dependen de su gestión. De los otros organismos del Ejecutivo, casi un año después del límite que prometía la ley, nada se sabe, al menos públicamente. En mayo de este año, el Ayuntamiento de Burgos devolvió a la familia De la Sota y Llano el cuadro Retrato de dama, requisado por los sublevados franquistas en 1938. El Prado, mientras tanto, encargó a Colorado una investigación interna que detectó en sus fondos 70 obras incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo, incluidas dos de Rico. Hace meses, el museo solicitó a Sánchez Gaona “información adicional”, como confirman tanto la letrada como un portavoz de la pinacoteca, para agilizar la posible restitución a la familia del exalcalde de esas dos piezas, que la nieta de Rico, Francisca, pudo visitar en los almacenes del centro. Ambos explican, en todo caso, que la puesta en marcha de un expediente corresponde a Cultura, y la decisión final a la Abogacía del Estado.
El reiterado compromiso con las víctimas de la dictadura que el Ejecutivo no para de subrayar aumenta la frustración y el asombro de descendientes, investigadores y abogados. Y el inmovilismo pide tiempo y paciencia a herederos que llevan décadas esperando y, en muchos casos, ya tienen edades avanzadas. Para salir del impasse, los familiares de Rico acabaron enviando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque estuvo presente en un acto de homenaje a Rico, junto con otras víctimas del franquismo, en octubre de 2023. “Mientras no den acceso a toda la información, es imposible”, ha denunciado en varias ocasiones Colorado. “Hoy estamos muy contentos también por las esperanzas que se abren respecto a otras reclamaciones pendientes tanto de los herederos de Rico como de otras víctimas. Creemos que sirve como precedente para que otras administraciones puedan agilizar el proceso porque bastante años han pasado ya”, agrega Laura Sánchez Gaona.
Este diario ha preguntado a los 22 ministerios, a través del portal de Transparencia, si custodian obras incautadas durante la Guerra Civil o la dictadura y jamás devueltas. La mitad ha contestado que no le consta. Algunos han matizado su respuesta: Interior afirma no tener una base de datos completa respecto a la Dirección General de Policía; Transporte y Movilidad Sostenible informa de que “en la mayoría de los casos no se tiene constancia documental de la procedencia” de los bienes; Industria y Turismo señala que se restituyeron “dos obras de arte a la familia de Ramón de la Sota” y está llevando a cabo una investigación para averiguar si tiene más piezas con esas características; Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes descarta que haya obras incautadas en casi todos sus organismos dependientes, pero no responde concretamente respecto a Justicia; Defensa asegura tener al menos 11 cuadros con esas características, expuestas en el Cuartel General del Ejército en Madrid. Aunque alega un decreto de 1963, es decir, de la dictadura, para sostener que se ha producido la “usucapión”, término técnico que supone la revisión de la propiedad a favor del Estado, después de años de silencio de los dueños.
La presunta usucapión añade otro hilo a tantas décadas de enredo. Un informe de la Abogacía del Estado, solicitado por el Ministerio de Cultura, sugiere que el cambio de propiedad puede producirse en casos en que la obra haya estado expuesta de forma “pública, pacífica y notoria”. Pero Bolaños considera que, cuando el punto de partida de la propiedad es un ilícito, como un secuestro sin devolución, no puede darse la usucapión. Además, los represaliados o exiliados como Rico tuvieron complicadísimo, o imposible, rastrear sus piezas o reclamarlas. E, incluso si procediera la usucapión, el dueño en este caso sería el Cabildo, que quiere restituir las obras. Para la jefa de Servicios de Museos, se trata de respetar la Ley de Memoria Democrática y su espíritu. Así que, tras más de 80 años, solo quedan unas pocas semanas hasta la devolución. Para los descendientes, al fin, es la última espera.
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Los cinco lienzos son Majas obsequiando a un garrochista, Toro embistiendo a un grupo y Cruz de mayo, de Eugenio Lucas Velázquez; Mosqueteros: La venta del caballo, de Francisco Domingo Marqués; y Banderillas de fuego, de Roberto Domingo Fallola. Rico era considerado un “gran amante del arte costumbrista del siglo XIX, al que pertenecen estas piezas de su colección particular, firmadas por tres conocidos autores de este periodo”, según un comunicado emitido por el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria.
Los óleos estuvieron entre los cientos que requisó la Junta Delegada de Incautación de la República, durante la Guerra Civil, para salvaguardarlos. Terminaron, como otros muchos, almacenados en el Prado durante la contienda. Y, al igual que muchos otros, la dictadura jamás los restituyó a su dueño original. Al revés, su rastro se perdió. Hubo piezas que acabaron en ministerios, universidades, museos, oficinas públicas o incluso en manos de privados. “Una cifra realmente extraordinaria, un movimiento de obras como jamás se ha producido en España”, lo suele resumir el catedrático Arturo Colorado Castellany, uno de los mayores expertos de este ámbito.
Los cuadros de Rico llegaron a Gran Canaria en enero de 1942, después de que los solicitara a la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional el entonces Gobernador Civil de Las Palmas, Plácido Álvarez Buylla, entre unas 40 piezas, para constituir un Museo de Bellas Artes en la actual Casa Palacio del Cabildo, como se reconstruye en el expediente. Su dueño, mientras tanto, se había asilado en la Embajada de México en Madrid, antes de huir en 1936 de la capital hacia Valencia y, luego, América. Sus cuadros, desde 1952, se encuentran en la Casa Colón. Él, en cambio, recaló en Francia y allí falleció en el exilio, en 1957, sin volver a verlos.
Tampoco recuperó su biblioteca, archivo personal ni otros cuadros que se hallan en el Prado, en el Museo Nacional del Romanticismo o en el del Traje, y que los nietos, Francisca y Pedro, consideran propiedad del exalcalde de Madrid. De ahí que, en marzo del año pasado, empezaran a reclamarlos, a través de la abogada Laura Sánchez Gaona. La letrada reconoce que en ningún lado encontraron tanta colaboración y apertura como en el frente canario, gracias al impulso de la directora del Servicio de Museos, Alicia Bolaños. “Nuestro más profundo agradecimiento por el tratamiento impecable tanto desde el punto de vista jurídico como humano. Ha sido la administración pública pionera en aplicar la Ley de Memoria Democrática a la devolución de obras expoliadas, buscando en todo momento soluciones para agilizar el procedimiento en atención a la edad de los reclamantes y a su larga espera”, apunta la letrada, en nombre de la familia.
En cuanto presentaron su solicitud, hace un año y medio, los descendientes fueron recibidos en la Casa Colón, donde se les enseñaron las obras y se les prometió encontrar la forma de devolvérselas. Para Bolaños, tras una investigación interna, quedaron acreditados todos los requisitos necesarios: obras secuestradas, condición de víctimas, propiedad demostrada. Así que puso en marcha la devolución. Cuando, hace meses, solicitó reuniones con el Ministerio de Cultura y el de Memoria Democrática, el segundo la recibió y la “felicitó” por el trabajo realizado. De hecho, el deseo del Cabildo es que el ministro Ángel Víctor Torres Pérez esté en el acto de entrega.
Bolaños lo ha definido varias veces como “un deber moral”. Y presume de que se trata “probablemente de la primera devolución de obras artísticas incautadas conforme a la Ley de Memoria Democrática”. Porque, en octubre de 2022, el Gobierno aprobó una normativa que prometía mayor justicia, y más ágil, a los represaliados. En el artículo 3, se amplía la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y en el 31 se establece “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, además de prometer una auditoría de los “bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura” en el plazo de un año. En lugar de multiplicarse la ayuda, sin embargo, se dispararon problemas y retrasos.
Hasta la fecha, tan solo el Ministerio de Cultura publicó en junio, con ocho meses de retraso, un inventario con las 5.126 piezas incautadas y no devueltas que halló en los 16 museos estatales que dependen de su gestión. De los otros organismos del Ejecutivo, casi un año después del límite que prometía la ley, nada se sabe, al menos públicamente. En mayo de este año, el Ayuntamiento de Burgos devolvió a la familia De la Sota y Llano el cuadro Retrato de dama, requisado por los sublevados franquistas en 1938. El Prado, mientras tanto, encargó a Colorado una investigación interna que detectó en sus fondos 70 obras incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo, incluidas dos de Rico. Hace meses, el museo solicitó a Sánchez Gaona “información adicional”, como confirman tanto la letrada como un portavoz de la pinacoteca, para agilizar la posible restitución a la familia del exalcalde de esas dos piezas, que la nieta de Rico, Francisca, pudo visitar en los almacenes del centro. Ambos explican, en todo caso, que la puesta en marcha de un expediente corresponde a Cultura, y la decisión final a la Abogacía del Estado.
El reiterado compromiso con las víctimas de la dictadura que el Ejecutivo no para de subrayar aumenta la frustración y el asombro de descendientes, investigadores y abogados. Y el inmovilismo pide tiempo y paciencia a herederos que llevan décadas esperando y, en muchos casos, ya tienen edades avanzadas. Para salir del impasse, los familiares de Rico acabaron enviando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque estuvo presente en un acto de homenaje a Rico, junto con otras víctimas del franquismo, en octubre de 2023. “Mientras no den acceso a toda la información, es imposible”, ha denunciado en varias ocasiones Colorado. “Hoy estamos muy contentos también por las esperanzas que se abren respecto a otras reclamaciones pendientes tanto de los herederos de Rico como de otras víctimas. Creemos que sirve como precedente para que otras administraciones puedan agilizar el proceso porque bastante años han pasado ya”, agrega Laura Sánchez Gaona.
Este diario ha preguntado a los 22 ministerios, a través del portal de Transparencia, si custodian obras incautadas durante la Guerra Civil o la dictadura y jamás devueltas. La mitad ha contestado que no le consta. Algunos han matizado su respuesta: Interior afirma no tener una base de datos completa respecto a la Dirección General de Policía; Transporte y Movilidad Sostenible informa de que “en la mayoría de los casos no se tiene constancia documental de la procedencia” de los bienes; Industria y Turismo señala que se restituyeron “dos obras de arte a la familia de Ramón de la Sota” y está llevando a cabo una investigación para averiguar si tiene más piezas con esas características; Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes descarta que haya obras incautadas en casi todos sus organismos dependientes, pero no responde concretamente respecto a Justicia; Defensa asegura tener al menos 11 cuadros con esas características, expuestas en el Cuartel General del Ejército en Madrid. Aunque alega un decreto de 1963, es decir, de la dictadura, para sostener que se ha producido la “usucapión”, término técnico que supone la revisión de la propiedad a favor del Estado, después de años de silencio de los dueños.
La presunta usucapión añade otro hilo a tantas décadas de enredo. Un informe de la Abogacía del Estado, solicitado por el Ministerio de Cultura, sugiere que el cambio de propiedad puede producirse en casos en que la obra haya estado expuesta de forma “pública, pacífica y notoria”. Pero Bolaños considera que, cuando el punto de partida de la propiedad es un ilícito, como un secuestro sin devolución, no puede darse la usucapión. Además, los represaliados o exiliados como Rico tuvieron complicadísimo, o imposible, rastrear sus piezas o reclamarlas. E, incluso si procediera la usucapión, el dueño en este caso sería el Cabildo, que quiere restituir las obras. Para la jefa de Servicios de Museos, se trata de respetar la Ley de Memoria Democrática y su espíritu. Así que, tras más de 80 años, solo quedan unas pocas semanas hasta la devolución. Para los descendientes, al fin, es la última espera.
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