ike.altenwerth
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Los trabajadores autónomos de la sanidad privada preparan un nuevo frente legal contra el Estado español. En medio de la crisis que atraviesa el sistema de mutuas después de que el concurso para renovar el convenio de la Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado (Muface) quedase desierto, poniendo en juego su supervivencia, los médicos de ejercicio libre han puesto pie en pared. Unipromel, la asociación que engloba a estos profesionales, estudia una posible demanda por precariedad laboral.
"Vamos a exigir una indemnización si siguen imponiendo precios a la baja que provocan que las aseguradoras no nos paguen lo que cuesta una consulta médica", denuncia Ignacio Guerrero, presidente de la citada organización. El oftalmólogo critica que las tarifas aplicadas a este colectivo se encuentran por debajo de las establecidas actualmente. Según expone, en algunos casos apenas reciben de media entre "siete u ocho euros por paciente en consulta general y 15 si es especialista". "Esta situación obliga a atender entre 300 y 400 pacientes al mes para igualar el salario neto de los médicos de la Sanidad pública, que además cotizan al Régimen general y no sufren la precariedad de los autónomos", lamenta.
Guerrero incide en que se están vulnerando derechos fundamentales de los médicos, al verse abocados a realizar más consultas por hora, lo que repercute directamente en la calidad asistencial. "Las condiciones son precarias porque no puedes facturar directamente a tus pacientes para que ellos soliciten como asegurados el reembolso de los gastos según las coberturas contratadas en las pólizas", apunta, factor que, a su juicio, impide repercutir tus gastos y trabajar a volumen".
La quejas son compartidas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), desde el que manifiestan que el personal laboral es el "eslabón más débil" de la sanidad privada. "La medicina es un trabajo muy abnegado (...). Las reivindicaciones vienen porque ha dejado de ser una actividad rentable", comenta José Luis Alcibar, el representante nacional de médicos en ejercicio privado del CGCOM-OMC. Con datos aportados por CGCOM, de las 65.000 personas dedicadas a la medicina privada en España en el momento actual, alrededor de la mitad lo compagina con la sanidad pública y la otra mitad solamente desempeña su labor en el ámbito privado. De este porcentaje, un 20% están en plantilla, mientras que el 80% cotizan por cuenta propia.
La amenaza de la posible desaparición de Muface ante las pérdidas continuadas que acumula desde hace años avivan el debate acerca de su coste y las tarifas estipuladas para los usuarios. En este sentido, el CGCOM ha hecho un llamamiento sobre la necesidad de diseñar un modelo de colaboración público-privada que contemple condiciones financieras en las que se asegure la "prestación de servicios de calidad". Alcibar apunta a los profesionales que desempeñan su labor en ciudades medianas y pequeñas como los más afectados en caso de que el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública no logre alcanzar un acuerdo con las aseguradoras. "Hay médicos que se juegan hasta el 30% de su facturación si Muface se extingue", precisa Alcibar.
El sector de la sanidad privada está a la espera de un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que analizan las condiciones de competencia en los seguros y los servicios de la asistencia sanitaria en España. Al igual que los trabajadores, las aseguradoras también han alzado la voz contra el "deficitario" modelo que les ha arrastrado a sufrir unos números rojos de 430 millones en el concierto en curso (2022-2024). La sensación de malestar es generalizada entre ambas partes. Por un lado, las quejas del equipo, por otro, las de las propias compañías que buscan un equilibrio que les permita trabajar sin pérdidas.
Un estudio elaborado por Roams Insurtech, la correduría de seguros del grupo Roams, arroja que los beneficiarios de Muface pagan un 150% menos de lo que les costaría contratar un seguro a título individual. En concreto, los mutualistas abonan una cuantía media de 478,36 euros, cifra por debajo de los 575,32 euros que cuesta de media un seguro básico. Un seguro completo con copago ronda los 1.230 euros. Mientras Función Pública apura plazos tras abrir una consulta preliminar para que las aseguradoras puedan trasladar la tarifa que estiman por tramo de edad como paso previo a la elaboración de una nueva licitación que, a diferencia de la anterior, englobará también 2027, el Ministerio de Sanidad ha encendido el debate con un informe en el que avisa de que su desmantelamiento es una decisión que habrá que tomar "antes o después".
La tensión se ha avivado este viernes después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya decidido suspender de manera cautelar la licitación para la asistencia sanitaria de Mugeju, la mutua que atiende a funcionarios del ámbito judicial y sus familiares, e Isfas, que engloba al personal de las fuerzas armadas. En la resolución a la que ha tenido acceso La Información, se estiman los recursos presentados por Unipromel y opta por "suspender el procedimiento de contratación", aunque no afecta al plazo de presentación de ofertas.
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