Los médicos andaluces discrepan de Moreno y señalan a la falta de profesionales como el principal problema de los centros de salud

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Una concentración de sanitarios el pasado mes de mayo frente a la sede del Gobierno andaluz, en el palacio de San Telmo de Sevilla.

Los profesionales sanitarios andaluces han recibido con desconcierto las reflexiones que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, realizó este lunes sobre las que eran sus dos principales preocupaciones sobre la sanidad pública en la comunidad: las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas disparadas y la ratio de 35 pacientes diarios en las consultas de los médicos de atención primaria, que, de acuerdo con el dirigente popular, “no ha funcionado en función de la propia acumulación de pacientes y el malestar del usuario”. Los sindicatos del sector advierten de que ese límite está recogido en el pacto por la atención primaria que suscribió con ellos el Gobierno andaluz y subrayan de que el problema no es ese cupo, sino la gestión de la propia administración que genera un incremento del tiempo de espera para acceder a un médico de cabecera por parte de los ciudadanos e impide que la atención que se preste a los usuarios sea de calidad.

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La Fiscalía archiva la denuncia por los tiempos de espera de Marea Blanca​


La Fiscalía ha archivado la demanda que Marea Blanca presentó en los tribunales el pasado 17 de octubre denunciado los prolongados tiempos de espera de la sanidad pública andaluza, por entender que el tiempo de más de dos años en determinadas especialidades para tener un diagnóstico podría condicionar no solo la evolución del estado de salud de un paciente, sino suponer su muerte. El Ministerio Público, tal y como avanzó eldiario.es y ha podido confirmar EL PAÍS, ha rechazado el escrito.

La lucha de la plataforma ciudadana por una sanidad pública de calidad continúa, tanto en las calles, donde el próximo domingo han preparado manifestaciones en todas las provincias -salvo en Cádiz que la celebrará un día antes- y también apunta al Parlamento andaluz donde, si consiguen las 40.000 firmas que necesitan, quieren presentar una Iniciativa Legislativa Popular para reformar la ley andaluza de Salud Pública y, entre otras cosas, blindar la posibilidad de que la administración pública suscriba contratos con entidades privadas.

 

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