Los funcionarios mayores de 65 años fuerzan la mejora de la nueva oferta para Muface

[Sheldon_Kassulke]

SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV viven una recta final de año marcada por la crisis del concierto sanitario de Muface, del que se acaban de conocer los pliegos para 2025, 2026 y 2027. Una de las principales novedades que incorpora el convenio es un nuevo cálculo de la prima, que pasa de ser lineal a incremental en función de la edad, de tal modo que la mutualidad paga más por los colectivos más mayores y menos por los más jóvenes (no afecta a lo que cada funcionario paga en su nómina).

Con este planteamiento, las tarifas del próximo trienio han experimentado un cambio significativo, siendo los funcionarios mayores de 65 años los que se provocan la subida del coste, llegando a doblarse de cara a 2027 en el caso de los mayores de 74 años.

Así, si este 2024 el coste del seguro para Muface de un empleado público de entre 65 y 74 años asciende a 103,46 euros mensuales, dentro de tres años alcanzará los 176,71 euros, lo que supone un alza por encima del 70%. El ‘repunte’ se dispara en el caso de los que superan los 74 años, por los que en 2027 se llegará a desembolsar hasta 272,11 euros, un 142% más con respecto al ejercicio actual. Según se desprende de las condiciones técnicas, estos dos grupos etarios serán junto los que oscilan entre los 55 y los 64 años los únicos que cuyo coste se encarece al finalizar el contrato que se está licitando en este momento.

Por el contrario, en el resto de grupos se abaratará y dentro de 24 meses será inferior. El descenso más acusado se observa para niños de entre 5 y 14 años, que pasarán de retribuirse de 64,66 euros a 29,19 euros, un 54% menos. De 0 a 4 se recorta en un 34%, hasta los 51,12 euros, en línea con los que abarcan de 15 a 44 (-39%), mientras que de 45 a 54 disminuye un 20% y cae de 77,59 euros a 61,53. Esta mutua incluye la asistencia sanitaria tanto a funcionarios- personal docente y trabajadores de la Administración General del Estado en su mayoría- como a sus beneficiarios. En conjunto suman 1,5 millones de personas.

Aunque hasta ahora había diferencias en función del rango, la brecha que separaba el más bajo del más alto no era especialmente elevada. A modo de ejemplo, la distancia entre uno y otro en el ejercicio en curso no sobrepasa los 35 euros, mientras que en el programa que preparan será de 220 euros. Función Pública tomó esta medida como antídoto para atajar el envejecimiento de los mutualistas, cuya edad media es de 57,2 años, y contentar así a las aseguradoras, dado que este perfil de usuarios suelen hacer un mayor uso del seguro, con una tasa de siniestralidad del 103,4% según datos de la Fundación IDIS.

Una vez que la oferta se ha hecho oficial con la publicación de este documento, la 'pelota' está en manos de SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV Seguros, que deben decidir si renuevan o rechazan la propuesta. La crisis sin precedentes que ha provocado el desierto de la licitación anterior ha llevado al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a duplicar la mejora desde el 17,12% inicial al 33,5%, de la que un 19,37% se aplicará en 2025 mientras que en los dos siguientes será del 7,25% y del 4,32%. En total, la partida sube a 4.134 millones, montante al que se suman los 71,6 millones para los 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero.

Estos 4.206 millones se quedan por debajo de los 4.478 millones anunciados por el Consejo de Ministros el pasado martes, ya que de salir adelante el calendario previsto por el Gobierno, el convenio entrará en vigor previsiblemente el próximo 1 de abril de 2025. La diferencia de 272 millones se empleará para costear la prórroga del programa actual hasta marzo bajo la Ley de Contratos del Sector Público que el ministerio encabezado por Óscar López prevé activar, si bien fuentes cercanas explican que todavía no se ha dado la orden de continuidad para que pueda resultar de aplicación.

El choque entre aseguradoras y Gobierno por Muface, cuya supervivencia está en riesgo, ha avivado el debate acerca de la viabilidad del modelo. Esta es una de las razones que han motivado al Ejecutivo a solicitar un estudio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para analizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. Las conclusiones -que no son públicas- ya han sido remitidas al Ministerio de Hacienda y en ellas se detallan aspectos como la financiación, cobertura, provisiones, así como un análisis comparado tomando como referencia los países de la Unión Europea.

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