Los fondos afectados por los recortes renovables presionan a la nueva ministra haciendo ‘lobby’ en Bruselas

[Fay_Bradtke]

Los fondos afectados por los recortes a las primas de las energías renovables presionan a la nueva vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para cobrar los laudos impagados, que ascienden ya a casi 1.900 millones de euros entre las indemnizaciones y los sobrecostes legales.

Algunos de los consejeros delegados de las compañías se han pronunciado públicamente sobre el asunto por primera vez esta semana en Bruselas bajo la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica. Esta semana se han celebrado varias tandas en la capital belga y en ellas han participado el consejero delegado de Ibereólica, David Gómez, y su homólogo en el grupo Aream, Thomas Hopp. Asimismo, estuvieron presentes Nick Cherryman (Cherryman Legal) y Lena Sandberg (K&L Gates), dos de los abogados que están liderando la defensa jurídica de las distintas compañías.

Las jornadas para hacer 'lobby' coinciden en el tiempo con el nombramiento de Aasagen tras la marcha de Teresa Ribera a la Comisión Europea. En el caso de Ibereólica (caso Renergy), Gómez argumentó que la rentabilidad de los proyectos fue destrozada "hasta llevarla casi a cero" como consecuencia de los cambios regulatorios. Denuncia que la compañía tuvo que refinanciar todas sus inversiones y apenas ha podido repartir dividendos, llevando "prácticamente a cero" todo el margen de negocio de una inversión que cifró en alrededor de los 100 millones de euros.

Riesgo jurídico​

En este sentido, Gómez lamentó ante más de 150 asistentes que, pese a haber ganado un procedimiento arbitral al Estado tras una "larga década de dura y costosa batalla legal", España se niegue a pagar el dinero pendiente en concepto de indemnización, que son más de 32 millones de euros. "Si creen que los operadores del mercado van a confiar sin más y no van a tomar en cuenta el riesgo jurídico que se ha generado en el pasado y se sigue generando en el presente, se equivocan. Da la sensación de que el imperio de la ley ha sido subvertido por los políticos. El cumplimiento de la legalidad no puede depender del capricho del Ejecutivo. Las promesas deben respetarse, las reglas no se pueden cambiar a mitad de partido", apuntó.

Por su parte, Hopp (caso SolEs Badajoz) puso en valor la inversión que realizó Aream en España. "En su momento lideramos un proyecto de co-inversión que aglutinó 4.000 personas por valor de unos 35 millones de euros en distintos proyectos de energías renovables en España. En aquel entonces, instalar 1 MW de potencia suponía un coste diez veces mayor que en la actualidad", explicó. La empresa denunció al Estado por 95 millones de euros en 2015 y cuatro años más tarde se le reconoció una indemnización de aproximadamente 41 millones.

Las alegaciones de España para no pagar​

"Conozco a jubilados, profesores o incluso barrenderos que formaron parte del proyecto de Aream en España. Todos ellos, como nosotros, creían que España era un país serio. Unos 4.000 inversores están pendientes de una compensación que ya alcanza los 51 millones, al sumar intereses de demora y condenas en costas, y el Gobierno ni siquiera se ha dignado a cogernos el teléfono o reunirse con nosotros”. Afirmó también que los afectados están preparados para resolver la situación de forma "razonable". El laudo a nuestro favor puede servir como guía, puesto que tasa claramente el prejuicio económico que se nos generó pero, francamente, lo verdaderamente importante ahora mismo es que no nos ignoren y nos saboteen más. No podemos seguir así", sentenció.

De su lado, desde el Gobierno sostienen que España no realiza los pagos porque "pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal". En este sentido, indican que, en consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas y no puede pagar antes de que la Comisión Europea se pronuncie. La Abogacía del Estado habría gastado decenas de millones de euros en bufetes para su defensa y ha conseguido anular unos pocos. Incluso ha llegado a pedir multas de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguiesen con el intento de registrar el laudo de la compañía alemana ante la magistratura estadounidense. Dado que España se ha negado a resolver cualquier reclamación y sigue manteniendo los laudos en una situación de impago, los inversores han comenzado a reclamar medidas punitivas contra el país a través de procedimientos legales en terceros países, caso de Reino Unido, Australia o Estados Unidos.

Oferta de los afectados para poner fin​

Poco antes de la entrada del verano, los inversores ofrecieron al Gobierno cobrar las indemnizaciones pendientes con el compromiso posterior de reinvertir el dinero en el país para seguir así consolidando el despliegue de las energías renovables en el territorio. La propuesta cuenta con el visto bueno de gran parte de las 26 empresas que están pendiente de cobro. En total, los inversores reclaman alrededor de 10.000 millones de dólares (9.240 millones de euros), pero algunos procesos han terminado en desistimiento y otros se han resuelto con el reconocimiento de cantidades inferiores a las planteadas en las denuncias. Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.310 millones de euros). No obstante, los representantes legales de las compañías han advertido de que la cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.

Las denuncias se amparan en los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial, o diversos acuerdos bilaterales de inversión. Bienes inmuebles, participaciones de empresas públicas, derechos de cobro y otros activos financieros son algunos de los activos españoles en el extranjero que el Estado se arriesga a perder en caso de embargo por no cumplir con los laudos relaciones con el recorte de las primas a las energías renovables.

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