abraham.luettgen
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Reguero de multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a distintas comercializadoras de electricidad por incumplimiento de medidas de protección al consumidor. Endesa Energía ha pagado una sanción de casi medio millón de euros (480.000 euros) por no incluir en las facturas de la luz la información necesaria que deben contener los códigos QR para acceder al comparador de ofertas de gas y electricidad de la propia Competencia.
Mediante oficio de la Directora de Energía de 1 de febrero de 2023, el regulador, con el fin de comprobar la correcta adecuación de los códigos QR/vínculos de las facturas de electricidad a la resolución de 6 de octubre de 2022, requirió a la energética la última factura de electricidad emitida a 10 clientes; facturas con y sin la financiación del mecanismo de ajuste definido en el RD-l 10/2022; facturas con y sin energía verde; y recibos con y sin revisión de precios dentro del periodo, en caso de comercializadoras en mercado libre, o la última factura de electricidad emitida a 5 clientes, en el caso de comercializadoras de referencia (COR).
La compañía contestó que le resultó imposible acometer los cambios necesarios y que retrasaba la implantación hasta junio de 2023. El 12 de mayo de 2023 se efectuó a Endesa Energía un segundo requerimiento de información y la compañía respondió lo siguiente: “Endesa Energía se ha visto obligada a aplazar la implementación de los parámetros del QR establecidos en la Resolución de la CNMC 6 de octubre de 2022, que actualmente está prevista a partir de la semana del 26 de junio de 2023. Endesa Energía está llevando a cabo sus mejores esfuerzos para realizar esta adaptación del QR en el plazo más breve posible".
Ya en septiembre del año pasado, la eléctrica aportó cuatro facturas de otros tantos puntos de suministro (CUPS) emitidas en los días finales de dicho mes en las que se había procedido a la adaptación. Sin embargo, un consumidor se quejó ante la CNMC de que el código QR/vínculo en las facturas de Endesa Energía no funcionaban como era debido y que no daban información sobre comparaciones ni potencia máxima utilizada. Ante estos hechos, en marzo del presente año la directora de Energía de la CNMC acordó incoar un procedimiento sancionador contra la compañía por incumplimiento de los comercializadores de cualquier requisito de información exigible en sus facturas. Según consta en el expediente, consultado por La Información Económica, la compañía pidió ampliar el plazo para alegaciones pero nunca las mandó y continuó la tramitación del procedimiento sancionador.
Rebajas por pronto pago
En este sentido, la directora de Energía de Competencia propuso a la Sala de Supervisión Regulatoria, que es el órgano competente para resolver el procedimiento, una multa de 600.000 euros por infracción leve del artículo 66.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Endesa defendió que no era proporcional ni adecuada al sistema de graduación de sanciones previsto en la Ley 34/2013, y que, bajo su opinión, tampoco lo era la valoración realizada del supuesto beneficio y daño causado. Finalmente, la compañía se acogió a la reducción de la sanción del 20% por pronto pago y abonó 480.000 euros el 29 de julio de 2024.
Por su parte, Holaluz ha vuelto a ser multada por incumplir los requisitos de contratación, como ya ocurrió a principios de 2020. En concreto se trata de cambios de comercializador a un usuario sin su consentimiento. En esta ocasión, los cambios de CUPS se registraron entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Según el expediente del regulador, uno de ellos incluso perdió el derecho al bono social tras el cambio. La comercializadora respondió que se trataba de un error de la distribuidora. Alegó a los requerimientos de la CNMC que su política comercial es no captar consumidores que disfruten de bono social al no haber oferta comercial más ventajosa.
Según Holaluz, el primer caso imputado se realizó a través de una sociedad colaboradora desconociendo la energética que el cambio se había producido sin informar esta sociedad al cliente de la consecuencia (pérdida del bono social) del cambio. El segundo proviene de un contrato de traspaso de clientes celebrado entre Holaluz-Clidom y Fusiona Comercializadora. La empresa rechaza en sus argumentos cualquier conducta punible y pidió el archivo del procedimiento. La sanción propuesta fue de 96.000 euros, aunque tras reconocer finalmente su responsabilidad y proceder al pago en periodo voluntario se ha quedado en 57.600 euros, un 40% menos. La fecha del pago consta el 16 de septiembre de 2024.
La sanción a TotalEnergies es por motivo parecido, aunque aquí el cambio de empresa sin consentimiento también afecta al suministro de gas natural y se sanciona por corte e suministro. Una usuaria con contrato eléctrico con Repsol y de gas natural con Naturgy desde 2013 se dio cuenta del traspaso al advertir a sus comercializadoras de que no le habían pasado la factura correspondiente. Tras varias reclamaciones la consumidora conoce que los cambios los había realizado TotalEnergies, que reconoció el error. No obstante, según se recoge en el hecho probado único de la resolución del expediente, la empresa era conocedora, por reclamación previa de la persona titular del punto de suministro, de la existencia de un cruce de CUPS determinante de un cambio sin consentimiento del titular.
"Considerando lo anterior, la conducta de TotalEnergies no sólo constituye un cambio de comercializador sin consentimiento del titular, que encajaría en principio en el alegado tipo de infracción leve recogido en el artículo 66.4 de la Ley 24/2013, sino que realmente genera una doble lesión a las medidas de protección del consumidor: privarle de un contrato preexistente de suministro sin su consentimiento por un error en el CUPS correspondiente y privarle injustificadamente de suministro eléctrico, aun siendo conocedora esa comercializadora del citado error por reclamación previa de la persona titular del punto de suministro", argumenta el regulador. La multa se cifró en 30.000 euros, pero se rebajó a 18.000 euros al pagarla -24 de junio de 2024- en periodo voluntario como Holaluz. La CNMC ha incoado otro expediente a TotalEnergies con fecha 6 de noviembre por problemas con la contratación en web que no garantiza que no haya cruces de CUPS, según ha podido saber este medio en fuentes del sector.
Cambio de suministro por un tercero
Por último, un reclamante manifiesta que sufrió un corte de suministro y que tras varias consulta a i-DE, la distribuidora de Ibedrola, se le comunicó que se había producido un cambio de comercializador en favor de Gaolania Servicios, cuya marca comercial es Gana Energía, que pertenece a Repsol. Esta última respondió que se había realizado un contrato, efectuándose un cambio de comercializador y que existían una serie de facturas impagadas, motivo por el cual la comercializadora realizó el corte del suministro eléctrico. Afirma el consumidor no haber recibido notificación de las facturas impagadas, máxime teniendo en cuenta que por la situación de su madre y representada, de avanzada edad, con reconocido grado II de dependencia, no era usuaria de correo electrónico.
Asimismo, indica que el contrato se efectuó desde un número de teléfono desconocido, y que no ha sido titular de la cuenta bancaria relacionada en el mismo. A pesar de haber dado las explicaciones anteriores a la sociedad comercializadora, el usuario manifiesta que Gaolania Servicios mantuvo el corte de suministro hasta que se pagaron en nombre de su madre las mencionadas facturas supuestamente pendientes de pago. La comercializadora justifica que la contratación corrió a cargo de un colaborador externo y que no tuvo controles adicionales ni tampoco entró en contrataciones aleatorias que pasan al departamento de calidad para revisar el proceso. Además, manifiesta que fue tras la llamada del hijo y representante de la persona titular del suministro cortado cuando se activó el protocolo interno de control de calidad, y no antes. Tras esto, la empresa procedió a desistir del contrato e iniciar los trámites para cancelar la deuda del punto de suministro. La CNMC planteó una multa de 30.000 euros por falta de protección al consumidor y finalmente se ha quedado en 18.000 euros, abonados el 11 de octubre.
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