Los equipamientos de gestión ciudadana de Barcelona alertan de falta de financiación

jaylin12

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La terraza del centro cultural Casa Orlandai, en Sarrià, desde el interior de la torre donde está ubicado, esta semana.

La ciudad de Barcelona es, desde hace décadas, una de las pioneras y referente internacional en la fórmula de la gestión ciudadana de equipamientos públicos. Ateneos, casals o centros cívicos y culturales que son gestionados por asociaciones vecinales. El caso más conocido, por su épica histórica, es el Ateneu Popular de Nou Barris, que gestiona El bidó de Nou Barris; pero también son de gestión comunitaria el Casal de Joves de la Prospe (Nou Barris), Cotxeres de Sants (Sants Montjuïc), Casa Orlandai (Sarrià-Sant Gervasi), la Farinera del Clot (Sant Martí) o el Casal Font d’en Fargas (Horta-Guinardó) por citar ubicaciones dispares. En total son unos 60, de los que, hasta finales de año hay 28 que deben renovar el convenio de financiación que tienen con el Ayuntamiento. Las asignaciones cubren la actividad y costes de personal de los equipamientos, que también generan ingresos con cursos, talleres o ciclos. Preguntado el consistorio por el coste global de estos equipamientos, responde que “no dispone” de este dato.

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El centro cultural Casa Orlandai, en Sarrià, uno de los equipamientos de gestión comunitaria, por parte de una asociación, que hay en Barcelona.
Fachada principal de la Lleialtat Santsenca, en el barrio de Sants, equipamiento municipal de gestión comunitaria de Barcelona.

El caso del Casal de Joves Girapells: reversión de la gestión comunitaria​


En la ciudad hay un caso de reversión de la gestión comunitaria por parte del Ayuntamiento. Se trata del Casal de Joves Girapells, en el barrio del Guinardó, donde una serie de incidencias internas y en el espacio público que han provocado quejas vecinales, explica el concejal Lluís Rabell: "Quien responde ante la ciudadanía del funcionamiento es la administración, no la entidad que lo gestiona. Más allá de la gestión debe garantizarse la prestación de un servicio público y es lo que se ha puesto en cuestión". La idea ahora es "probar un modelo híbrido, que no supone la expulsión de nadie". Con un espacio de participación donde los antiguos gestores podrán participar y un equipo de profesionales se encargará de las cuestiones más técnicas, con la puerta abierta a volver a la gestión cívica en el futuro. El concejal asegura que "si no se producen distorsiones no se revertirán otros convenios de gestión comunitaria".

Desde la asamblea de jóvenes que lo ha gestionado, Martí Barriuso reconoce que ha habido problemas de gestión y e incluso un incendio, pero critica la comunicación con el distrito, que asegura "que no ha sido óptima y ha excluido al Casal de muchos órganos de participación". En cualquier caso, reivindica que la asamblea trabajó el relevo generacional del equipamiento y señala que la asamblea duda de que la gestión privada "resuelva las problemáticas existentes y responda a las necesidades de los jóvenes del barrio".

 

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