schowalter.jennie
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La vivienda ha sido uno de los mayores temas de discusión y debate en España durante este 2024. Hasta el punto que llegó a posicionarse como la primera preocupación para los españoles en el mes de noviembre. La población ha expresado su descontento con las contínuas subidas de precios de los últimos años con manifestaciones masivas, como la celebrada en Madrid en el mes de octubre o en Barcelona hace apenas un mes. El Gobierno por su parte ha anunciado una serie de medidas, como el establecimiento de un límite para el precio de los alquileres en zonas tensionadas, el registro de los alquileres temporales o un plan de construcción de viviendas. Criticadas muchas de ellas por el sector inmobiliario que denuncia una drástica falta de oferta y escaso apoyo público.
Los datos son claros, en los doce meses anteriores al pasado noviembre el valor de la vivienda nueva y usada en España registró un aumento del 4,3%, según el Índice General Tinsa IMIE General y Grandes Mercados de noviembre. Desde el final de la crisis financiera los precios de la vivienda han aumentado un un 45% de media, hasta situarse en los niveles del 2010, un un 14,7 % por debajo de los máximos históricos de diciembre de 2007. Sin embargo, en algunas regiones como las islas sí han superado los niveles de precios del 'boom' inmobiliario.
Empeoramiento para 2025
Las últimas bajadas de los tipos de interés han permitido un aumento de las compraventas de vivienda en el último trimestre del año hasta niveles no vistos en los últimos 17 y "mejorando la accesibilidad al mercado" en opinión del colegio de agentes imobiliarios API en su Índice de Accesibilidad a la Vivienda en Propiedad. No obstante los agentes también señalan que en 2025 se producirá un empeoramiento de la accesibilidad "debido a que la contribución positiva del proceso de caída de los tipos no podrá compensar el aumento previsible de los precios" y el impacto de estos en la renta de las familias.
En la misma línea se expresa el director de Estudios del Pisos.com, Ferran Font, "podemos esperar aumentos de transacciones, hipotecas y, en consecuencia, de precios". También el consultor inmobiliario Eduardo Molet, quién prevé una alza de precios del 6,5% en la compraventa para el próximo año, una tendencia ascendente que también se dará en el ámbito del alquiler, con una subida del 11%.
Incertidumbre ante las nuevas medidas
De entre las medidas propuestas por el Gobierno para el próximo año una de las que más polémicas y reacciones ha generado es el registro único de alquileres temporales. El pasado lunes el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, con el objetivo de centralizar datos sobre alquileres de corta duración, creando un sistema único para gestionar e intercambiar información de estos servicios y en línea con la lucha contra el tensionamiento de precios especialmente en zonas turísticas, donde los ayuntamientos también han comenzado a aplicar cupos al número de apartamentos de este tipo.
Este registro entrará en vigor el 2 de enero de 2025, pero su aplicación no será efectiva hasta el 1 de julio del próximo año. Desde su anuncio, pese a tener una primera acogida positiva dentro del sector, también surgieron voces críticas como las del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas que exigían un "estudio más profundo que pueda dar una visión de conjunto del sector de la vivienda, muy carente de datos."
Otra de las medidas aprobadas por el Ejecutivo ha sido el índice para actualizar las rentas de los contratos de alquiler. Este indicador, que estará elaborado por el INE de manera mensual tendrá en cuenta el valor del IPC, el IPC subyacente y una tasa de variación anual media que se ajusta, incorporando mecanismos de corrección para poder moderar los incrementos superiores al 2%. Para Ferran Font este índice entraña ciertos riesgos. "Podría desalentar a propietarios a poner viviendas en alquiler, ya que las limitaciones que se están imponiendo en las actualizaciones de rentas están teniendo ese efecto”.
La oferta sigue estacanda
La escasa oferta es la principal causa que el sector empresarial inmobiliario ve en la crisis de la vivienda. La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) advierte de la necesidad de incrementar la construcción de viviendas nuevas hasta las 270.000 unidades anuales. En los últimos años la cifra se ha situado en las 90.000 entregadas cada año, apenas un tercio del objetivo. El Banco de España ha alertado también en numerosas ocasiones de esta situación, apuntando hacía un déficit de más de 600.000 para 2025.
Como solución, los empresarios señalan que es necario desatascar la ley del Suelo, paralizada desde el pasado 23 de mayo, cuando el Gobierno la retiró antes de su votación por carecer de los apoyos necesarios para sacarla adelante. De esta manera se expresaron algunos representes del sector en la feria The District 2024 celebrada el pasado mes de octubre. Por ejemplo, Juan Gómez-Vega, de Deutsche Finance International, señaló que las subvenciones encarecen los precios a largo plazo y abogó por facilitar más suelo para construcción. Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, añadió que las principales ciudades españolas carecen de suelo disponible, lo que agrava el problema de acceso a la vivienda.
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