Desde que Pedro Sánchez pidió una ovación para Magdalena Álvarez en el mitin de Benalmádena unos días antes de que el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido anulase su condena, la maquinaria sanchista ha puesto en marcha su tradicional estrategia revanchista. No se trata sólo de intentar blanquear el mayor escándalo de la historia de España, como han ratificado hasta el momento todos los tribunales que han entendido del asunto, incluido el Constitucional, sino de sembrar la sospecha sobre todos los que lo denunciamos. Juan Espadas dio las gracias a gritos a Chaves y a Griñán en el Congreso Federal de Sevilla. Y desde entonces todos los pregoneros del PSOE, desde miembros del partido que buscan un carguito a bots de las redes sociales y terminales del tertulianismo se obstinan en hacernos creer que lo blanco es negro. Pero por muchos eslóganes y titulares que difundan, la verdad sólo tiene una cara. Su empeño desesperado en desmentir el fraude está diseñado en un laboratorio para tontos. El blanqueo es tan burdo que se ha convertido en la madre de todos los bulos.El primero de esos bulos es que hubo una cacería contra personas honradas. Esta teoría se basa en el presunto 'lawfare' que propone Pedro Sánchez: los jueces trabajan para el PP. Pero en el caso ERE ha habido hasta 18 magistrados de tres instancias distintas que han visto el descomunal fraude —instrucción, Audiencia y Supremo—, más de una veintena de funcionarios de la Administración —interventores generales de la Junta, del Estado y peritos judiciales—, otros tantos fiscales y varias unidades de investigación de la Guardia Civil. ¿Tanta gente puede ponerse de acuerdo para un complot casi intergaláctico? El segundo bulo es que las ayudas a los trabajadores eran legales, algo que supuestamente concluyen el Constitucional primero y el Supremo después. Esto es de una falsedad escandalosa. El TC dice literalmente en la resolución que anula las condenas de los expresidentes con respecto a las ayudas que «su carácter irregular y fraudulento era evidente y se utiliza conscientemente para beneficiarse de él en connivencia con las autoridades que lo sustentaban». Es más, el Constitucional consagra «la cantidad malversada en 743.158,28». Es un hecho incontrovertible, como reitera el Supremo, que el dinero se repartió de forma discrecional, sin un sólo concurso público y sin respetar el principio de igualdad. La Junta de Andalucía sólo pagó los ERE de los trabajadores de empresas afines. Las que no conocían el sistema y estaban en crisis tuvieron que subastar los muebles de la abuela para pagar los despidos. Y el tercer bulo —hay más, pero estos son los más groseros— es que los expresidentes han sido absueltos. ¿Ya saben acaso que ese será el veredicto de la Audiencia en la nueva sentencia que tiene que dictar? Se ha anulado su anterior condena, pero hay que emitir otra cuyo resultado aún no sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros, las víctimas, no vamos a pedir perdón ni les vamos a perdonar.
Cargando…
www.abc.es