Delta_Medhurst
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La industria energética espera tener unos años históricos bajo la presidencia del Donald Trump y sus programas de desregulación, que abren la puerta a otra potencial ola de litigación climática y de 'greenwashing'. Trump contará con la ayuda del ejecutivo de Tesla Elon Musk y excandidato a la presidencia Vivek Ramaswamy, que actuarán como consejeros para "pausar inmediatamente la aplicación" de las políticas de regulación de la era Biden e "iniciar el proceso de revisión y rescisión", de acuerdo con el plan propuesto.
La administración entrante operará también bajo la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar al doctrina Chevron, que dejaría las políticas de Biden aún más vulnerables si Trump alega que exceden la autoridad ejecutiva. Es probable que los ecologistas respondan con acciones legales a esta acción, así como demandas a las empresas que se relajen ante una administración más favorable a los intereses de las industrias y la regulación menos estricta.
Trump "no dará pasos para contener la industria de los combustibles fósiles de los tipos de conductas de las que se les acusa en estos casos o el presunto daño que causan estas actividades", según Jeffrey B. Simon, socio de Greenstone Panatier PC y abogado para asuntos climáticos. La industria de los combustibles fósiles ha estado enfrentándose a juicios por casi una década, tratando de luchar contra las acusaciones de daños que ayudarían a financiar iniciativas de adaptación al cambio climático en todo Estados Unidos. En los últimos años, los demandantes han utilizado exclusivamente leyes estatales de fraude para acusar a empresas de presunta información falsa sobre el calentamiento global y la contaminación por plásticos.
La gran mayoría de estos pleitos se presentan primero en juzgados locales y son sucedidos por extensas batallas por la jurisdicción. Los jueces habitualmente llevan los casos de tribunales federales a estatales para lo que podría ser una serie de juicios vigilados de cerca.
Retrasar y negar
Estas tendencias de litigaciones ya experimentaron una reciente subida en popularidad a finales de 2024 con el final de la administración Biden. Tres nuevas demandas por 'greenwashing' se han presentado desde noviembre en Maine, Kansas y Carolina del Norte. "Es probable que el anticipado incremento sea reaccionario", explica Donald Kochan profesor de derecho en la universidad George Mason. "La frustración con el proceso político siempre ha empujado al motivación para las demandas de litigación climática", añade.
El retorno de Trump a la Casa Blanca en 2025 probablemente empuje a más estados y ciudades a iniciar sus propios casos, especialmente si ya estaban cerca de presentarlos. Michigan podría ser el siguiente en lanzar una demanda, después de consultar a abogados en mayo de 2024.
"Estamos de nuevo donde estábamos hace cinco años, esperando un agujero a nivel federal para cualquier tipo de norma o legislación", asegura Lisa Benjamin, profesora de la Universidad Lewis & Clark. "Las entidades públicas se enfrentan todavía a todos los costes que suma la crisis climática", añade. Las grandes compañías de petróleo, gas y químicos, ahora bajo una mayor presión, volverán a estrategias de defensa similares a las usada en el pasado para pedir jurisdicción federal y llevar los litigios a los altos tribunales, asegura Benjamin. Estos casos pueden pasar por procesos diferentes ante el actual Tribunal Supremo, que ha pasado los últimos años recortando la autoridad de las agencias para regular las emisiones y las leyes en torno al ozono. "La estrategia es: retrasar es el nuevo negar", explica Benjamin.
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