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El caso Errejón muestra despiadadamente todas sus aristas, reabre viejos debates pendientes y evidencia algunos fracasos. Entre estos últimos, uno de los que más impacto tiene apunta a la pertinencia o perversión de las acusaciones anónimas en redes sociales, una muestra más de que algo está fallando; en este caso, los mecanismos que ya existen para que las mujeres puedan denunciar. Es conocido que los obstáculos son muchos: miedo a no ser creída, presión social en contra, estigmatización, un sistema hostil, etc. Tanto que, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, sólo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia de género acuden a una comisaría a denunciar. Es imprescindible conocer en profundidad estas barreras y conseguir levantarlas, así como indagar si las cifras de condenas por delitos sexuales son acordes a la realidad. Los datos de 2022 y 2023 muestran que llegan a los tribunales menos de 20.000 denuncias al año, de las que apenas una quinta parte, 4.000, tienen sentencias condenatorias, y el 60% de ellas son inferiores a dos años de prisión. Urge, por tanto, evaluar la eficacia de las medidas y políticas públicas que se han puesto en marcha contra la violencia de género, incluidas las referentes a canales de denuncia y su respuesta por parte de los tribunales. Para esto es fundamental empezar por contar con datos suficientes, por lo que sorprende que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer sólo se realice cada cinco años, un plazo que se convierte en una eternidad cuando lo que está amenazado son los cuerpos y las vidas de las mujeres.
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