Janick_Bailey
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El acuerdo en la UE para aplazar, al menos hasta 2035, la introducción de un nuevo impuesto al queroseno que utiliza el transporte marítimo y el aéreo ha dado este martes un nuevo paso adelante, tras un debate entre los países de la UE en el que han decidido avanzar sobre el último texto elaborado por la Presidencia húngara del Consejo de la UE que plantea mantener el 'statu quo' durante 10 años y entonces revisar la necesidad de gravar este combustible, también a la luz del desarrollo de los combustibles sostenibles alternativos. España ha sido uno de los países que se ha mostrado dispuesto a cerrar a un acuerdo que, al menos de momento, libra al sector aéreo de una nueva tasa contra la que rechazan las aerolíneas y que, advierten, terminará repercutiéndose en el precio de los billetes.
El debate que ha celebrado sobre esta cuestión el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) versa, en términos más generales, sobre la revisión de la directiva sobre fiscalidad energética. En el caso del nuevo impuesto al queroseno es una de las medidas que figuran entre las directivas del Pacto Verde europeo, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cumplir los compromisos de descarbonización de la UE.
Desde el principio, su introducción ha sido muy discutida por los dos sectores del transporte a los que se les aplicaría. En el caso del aéreo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), advierte de que podría hacer que llegaran a España 4,5 millones de turistas menos, que optarían por otros destinos extracomunitarios a los que no se aplicara y ha venido pidiendo al Gobierno que vete y defienda un veto unánime entre los 27 países de la UE para que no salga adelante.
Previsiblemente, esta no será la manera en la que, por lo menos de forma temporal, la nueva tasa al queroseno permanecerá inactivo. En el Ecofin de este lunes y a pesar del "lamento" de Francia, Bélgica o Suecia por una propuesta "poco ambiciosa", los Veintisiete han acordado seguir trabajando en base a una propuesta que plantea mantener el 'statu quo', que comporta la no aplicación del impuesto, y revisar esta decisión en 2035.
"La Presidencia [húngara] consideró que la opción más viable era mantener el texto de la DFE vigente en lo que respecta a la aviación y la navegación acuática, con la adición de una cláusula de revisión en 2035", dice el texto sobre el que, con más o menos convencimiento, este lunes se ha acordado seguir buscando un acuerdo sobre fiscalidad en estos dos sectores. La Presidencia del Consejo de la UE tiene en cuenta que esta ha sido una de las "cuestiones que ha generado más división durante las negociaciones", con "opiniones divergentes" y países que señalan que "el nivel de ambición ha disminuido considerablemente", pero añade que con esta especie de prórroga de 10 años quizá la cuestión fiscal para aviación y transporte marítimo "podría ser considerablemente distinta en lo que respecta a la disponibilidad de combustibles alternativos sostenibles".
La representante española en este debate, la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, ha recordado que España ha apoyado "desde el principio" todo el paquete para la descarbonización de la Comisión Europea y también se ha mostrado "abierta a encontrar la necesaria flexibilidad para ajustar circunstancias específicas para llegar a un acuerdo". Sin excluir posteriores ajustes al texto, ha aceptado la propuesta húngara añadiendo que la exención a la fiscalidad del transporte aéreo y marítimo "no obstaculiza el objetivo principal" de la Directiva de Fiscalidad de la que forma parte de "alinear la fiscalidad de los productos energéticos con el objetivo de descarbonizar la economía en 2050".
Por el contrario, la Comisión Europea ha mantenido las bases de la directiva que elaboró y presentó a los gobiernos de la UE y ha considerado que la vía por la que parece posible el acuerdo y la exención fiscal para el queroseno que plantea resta "ambición" a su propuesta. "Tenía más ambición para cumplir los objetivos de descarbonización", ha señalado el comisario de Clima, el holandés Wopke Hoekstra, que ha advertido que "si un sector hace menos [por reducir emisiones], otros tendrán que hacer más".
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