La reinvención del 'impuestazo' energético trata de atar inversiones a España y facilitar su convalidación

Gabe_Tromp

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El Gobierno anunciaba hace justo un año (varían escasos días) la prórroga del gravamen a las energéticas -conocido en el sector como el 'impuestazo'- con la intención de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un incentivo que resultaría de aplicación para las inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de 2024. El objetivo era buscar una fórmula que preservara la 'obligación' de hacerlo permanente pactada entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y, al mismo tiempo, evitar un 'castigo' a las empresas que acometen inversiones en renovables, en pleno proceso de transformación hacia un modelo de negocio que deje de depender de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el adelanto electoral en Cataluña y los comicios vascos llevaron al Ejecutivo a renunciar a las cuentas públicas para este año con el fin de centrarse ya en las de 2025. La intención del Ministerio de Hacienda se ha mantenido aun así y ha buscado cumplir con las modificaciones anunciadas, pero la única vía para hacerlo era a través de una norma con rango de ley siempre que el Gobierno sumara los apoyos parlamentarios suficientes. Dadas las dificultades del Ejecutivo para sumar votos en la Cámara Baja en esta cuestión, la promesa de los incentivos fue decayendo hasta llegar al punto actual.

Tras meses de incertidumbre, en los que las empresas han confiado en lo anunciado, el Gobierno ha optado la vía del real decreto para 'reinventar' el gravamen y dar cumplimento al acuerdo alcanzado con ERC, Bildu y BNG. También es un intento de acercar posturas con PNV y Junts, que se oponen a su continuidad y junto con PP han conseguido derogar la fórmula que se ha aplicado hasta ahora. En concreto, la 'nueva' tasa temporal para 2025 la tendrán que satisfacer determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos. No obstante, como todo decreto ley, habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados los apoyos.

Bildu cifra en 67 millones la recaudación​


El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, dijo este lunes en una entrevista a Radio Euskadi que extender el gravamen es "purito paripé de Podemos" para "hablar otra vez sobre lo mismo". También dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabe que no va salir" en el Congreso. Aseguró que el voto del PNV será un "no". Por su parte, EH Bildu afirmó que el decreto incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de Euskadi y Navarra. Con el compromiso de convertir la tasa en un impuesto, la formación consideró que "no existe ninguna razón válida" para que el PNV se oponga. Cifra en más de 67 millones de euros anuales la recaudación para las arcas forales.

"El Grupo Vasco lamenta la falta de rigor y seriedad a la hora de anunciar supuestos acuerdos que deben ser tramitados en el Congreso. Roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten como salvadores del autogobierno vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno", contestaron posteriormente por la tarde desde el PNV. Fuentes del partido subrayaron que Bildu está dando "carta de naturaleza una vez más a un gravamen", lo que, en opinión de la formación, es una "carga de profundidad a futuro para el concierto económico".

"Bildu afirma que, tras convalidar el gravamen, en su tramitación como proyecto de ley, se convertirá en un impuesto y que se concertará o conveniará con las haciendas forales. Esto mismo ya estaba recogido en el Decreto 8/2023 para el año 2024 y no se ha realizado. ¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen? El PNV ha sido claro en todo este proceso: no vamos a aceptar un gravamen. Si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, revísese el Impuesto de Sociedades. No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen", sentenciaron las mismas fuentes.

La propuesta del PNV que rechazó el PSOE​


En resumen, el gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de las formaciones nacionalistas. Como se ha dicho anteriormente, una es que se introduce una deducción aplicable cuando las empresas realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los catalanes; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos. Sin entrar en detalle, el Ministerio de Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.

En cuanto a las deducciones, el PNV ya propuso algo parecido en su momento en su enmienda al gravamen que rechazó el PSOE. Planteó que el importe de la prestación se minorara en el 20% de las inversiones en proyectos que contribuyan a la transición energética, con un máximo del 30% de la prestación, así como que en caso de incumplimiento del plan de inversión, se devolviera el importe de la minoración que proporcionalmente corresponda a la parte no invertida, junto con los correspondientes intereses de demora. Las inversiones debían materializarse durante durante el periodo 2022-2026.

La anterior tasa gravaba el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019. No afectaba a los ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy pagaron 1.355 millones en 2023 por el gravamen, mientras que este año el golpe ronda los 1.050 millones de euros tras la caída de ingresos por los menores precios de la energía.

Las empresas confían ganar en los tribunales​


El gravamen extraordinario fue aprobada a finales de 2022 por una vigencia de dos años para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaron unos beneficios extraordinarios que las empresas niegan. Ante la presión pública y los recursos que presentaron las empresas afectadas en la Audiencia Nacional para intentar tumbarlo, el Ejecutivo abrió una solución con 'rebajas' en la cuota íntegra por inversiones en proyectos estratégicos. Las empresas confían en que la justicia, que rechazó la suspensión cautelar, les dé la razón.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y Sedigas consideraron "preocupante" que el Gobierno cuestione la decisión de derogar esta figura impositiva tomada la semana pasada por el Pleno de la Cámara Baja, aunque emplazaron a conocer los detalles completos del mismo. "Este Real Decreto-ley resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de nuestro país ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa", alertaron en un comunicado conjunto.

Los asociados ejecutivos del Club Español de la Energía (Enerclub), entre los que están Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Moeve, BP, EDP y TotalEnergies también advirtieron a finales de noviembre -al unísono- de que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector dificultará la materialización de las inversiones, estimadas por las propias compañías en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años. Alertaron también de que pone en riesgo el desarrollo y la viabilidad económica y financiera de los proyectos.

 

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