clifton.simonis
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El fortalecimiento de los servicios públicos, el impulso a la creación de empleo o atajar la siniestralidad laboral son claves para UGT, cuya presidenta de la comisión gestora, Patricia Ruiz , se ha reunido este viernes con el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, para hablar del Proyecto de Ley de Presupuestos de la región para 2025.Ruiz Martínez valora «de forma positiva» unos presupuestos que «pretenden reformar el Estado del Bienestar» con partidas «importantes» en sanidad, educación y servicios sociales.A su juicio, «es imprescindible seguir avanzando en que los servicios públicos se vean reforzados» , algo en lo que está dispuesto a ayudar el sindicato, y más si cabe ahora tras las «tristes devastaciones» ocasionadas por la DANA en los municipios de la comunidad autónoma.De igual forma, para UGT es «destacable» que las cuentas de 2025 aboguen por «un mayor impulso en la creación de empleo», donde seguirán aportando sus «ideas, acciones, colaboración para dinamizar el mercado de trabajo y ayudar a las personas que están buscando un empelo a poder encontrarlo », así como a las empresas a que «encuentren esas vacantes que dicen no encontrar».La presidenta de la Comisión Gestora del sindicato en la región cree que el diálogo social debe ser «el que intermedie en todas las políticas activas de empleo y que tengan que ver con la vida de las personas», valorando los 40 millones de euros anunciados recientemente para programas duales de formación que «ayudarán a que esta realidad cambie y la situación del desempleo en la comunidad autónoma pueda revertirse».La siniestralidad laboral y cómo afrontarla ha sido otras de las preocupaciones manifestadas por el sindicato de cara a las cuentas del año próximo, teniendo en cuenta que las cifras de la región, con 43 personas fallecidas entre enero y septiembre de 2024 (17 más que el año pasado a estas alturas) son datos «no solo absolutamente preocupantes sino inaceptables».Al respecto, Patricia Ruiz ha incidido en la creación del Instituto de Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo, que confía en que el año próximo tenga «un desarrollo potente, necesario y adecuado».Por otro lado, ha aludido a la situación de las residencias y el cuidado de los mayores, recalcando su «especial interés» en que los servicios públicos se refuercen en este sector «con salarios dignos», mientras que en el transporte sanitario se ha mostrado convencida de que el Gobierno regional «atenderá» la demanda planteada por los trabajadores.En el ámbito sanitario, ha mencionado las «largas, insoportables y dañinas listas de espera» que presenta Castilla-La Mancha, deseando que en el próximo ejercicio se pueda ver si las medidas que se van a poner en marcha ayudan a reducirlas. Igualmente, ha pedido que se atienda una reivindicación histórica como es la carrera profesional.Finalmente, Patricia Ruiz ha recordado que la financiación de cada comunidad autónoma tiene que ser «equilibrada territorialmente y personalmente» y que «todos los ciudadanos tienen que estar dotados de los mismos servicios públicos, vivan donde vivan» , aunque ello debe ir acompañado de una política fiscal. «Que nadie caiga en esa trampa de no pagar impuestos» y de que no pagarlos «nos da derecho a tener todos los servicios públicos», ha avisado.Por su parte, Ruiz Molina ha explicado que hay más de 284 millones de euros «para reforzar y mejorar los servicios públicos fundamentales». Un dinero con el que se seguirá el plan de infraestructuras sanitarias proyectadas en centros hospitalarios como el de Albacete o el de Puertollano, la «ingente obra que se está haciendo en centros de salud y consultorios locales» o en las instalaciones educativas, donde ha mencionado la ampliación del campus de la universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara.En cuanto a los servicios sociales, aumentarán los recursos asistenciales, «fundamentalmente pensando en las personas mayores y con discapacidad» para contar «con más centros de día y residencias» y con unas instalaciones acordes a los tiempos actuales.Finalmente, el consejero se ha referido a las diferentes partidas relacionadas con el reto demográfico y las que financian la estrategia regional frente a la despoblación, que cuenta con un montante superior a los 2.000 millones de euros, un 6% más que en las cuentas del presente ejercicio, a fin de que los ciudadanos «tengan derechos y condiciones de igualdad en el acceso a los derechos fundamentales».
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