Nikolas_Christiansen
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Con una clara doble voluntad, Carles Puigdemont , tras salir de España en 2017 y darse a la fuga en Bélgica para evitar la acción de la Justicia, puso en marcha el Consell de la República en 2018. Por un lado, la idea, más romántica, era la de crear una Generalitat 'en el exilio' o un «espacio libre de Bruselas» del mundo secesionista, como también se le denominó, para trabajar al margen de y en paralelo a la Generalitat legal que se vio afectada por el artículo 155 de la Constitución. Además, la intención del expresidente autonómico, acompañado en esta lid por Toni Comín y Lluís Puig, era también la de dar apoyo económico a 'los exiliados'. Una cuestión menos épica, desde luego, pero fundamental para su supervivencia personal y familiar.Tras casi siete años, sin embargo, el Consell de la República se desmorona, sin líder ni rumbo. Vive en un desgobierno total. La entidad está aislada políticamente y no tiene prácticamente actividad, ni en Cataluña ni en Bélgica. ERC y la CUP no quieren saber nada del invento de Puigdemont. Tampoco Òmnium Cultural se muestra entusiasta. Solo Junts, que controla verticalmente el propio expresidente de la Generalitat, y con la boca pequeña la Assemblea Nacional Catalana tratan de dar aire a una entidad que está registrada en la capital comunitaria bajo el nombre de CATGlobal ASBL y que en 2019 se inscribió en el registro de grupos de interés del Parlamento Europeo.Pero a la nulidad política se suma su situación económica, «moderadamente preocupante», según el informe pericial externo realizado en octubre, y el cruce de acusaciones internas por el gasto sin control ni justificación de Comín, mano derecha de Puigdemont en el Consell y que sigue residiendo en Bélgica a la espera de poder acceder al acta de eurodiputado sin jurar la Constitución en España. La auditoría certificó que Comín gastó 15.530 euros de la entidad sin justificar durante el año 2023. En esta cifra hay 6.000 euros retirados en efectivo y gastos de viajes privados. Unas cantidades que no casan bien con el espíritu de resistencia 'en el exilio', con el que se vendió la necesidad del Consell y fue gancho para que las poco más de cien mil personas se asociaran, pagando, a la entidad, y menos aún para una persona que dispone de ingresos propios ya que fue eurodiputado la anterior legislatura (2019-2023).Correo 'hackeado'La situación de desgobierno es tal que la asociación ha sufrido varios 'hackeos' en las últimas semanas. Ciberataques internos. Unas acciones dirigidas contra Comín hasta el punto de enviar un correo electrónico falso (el 23 de octubre) desde la cuenta oficial del Consell anunciando su dimisión y aceptando la «corrupción» practicada desde la vicepresidencia del ente. Siete días después, utilizando la misma praxis, es decir, accediendo a la base de datos del Consell, se envió el resultado de la auditoría externa antes de que la hiciera pública la dirección de la entidad, que se vio obligada a desvelar un día después.Noticia Relacionada estandar Si Junts vira a la derecha para enfrentarse al monopolio institucional socialista Daniel Tercero El congreso de Calella confirma la vuelta del gen 'convergente' al partido de Puigdemont en asuntos ideológicos que van más allá de la independenciaLa estocada final -por el camino se fueron eliminando los órganos que se crearon para que el Consell tuviera apariencia de Generalitat más allá del Govern- ha sido la decisión de Puigdemont de volver a la presidencia de Junts. Y llevarse con él a Toni Castellà, miembro de la dirección del Consell y uno de sus más fieles admiradores. El boquete en la entidad es de tal calibre que, solo una semana después de que Puigdemont retomase nominalmente el mando de Junts , que no había perdido nunca de facto, la dirección del Consell anunció la convocatoria de elecciones y la dimisión de todos sus miembros, poniendo al frente de la asociación una gestora.Cien mil socios Lejos de las expectativas iniciales de Puigdemont, que fijó la cifra de un millón de asociados pensando en que los que votaban a Junts y ERC le apoyarían, el Consell de la República se quedó estancando en los poco más de 103.000 adscritos. Objetivos El Consell se considera la «institución democrática de representación política provisional de la República Catalana», que nació del referéndum ilegal del 1-O de 2017, y «ejerce como Autoridad Nacional hasta que se constituya un nuevo Estado independiente». Estructura En sus orígenes trataba de emular los poderes Ejecutivo y Legislativo de una imaginaria República Catalana. El primero, controlado por Puigemont directamente, en tanto que presidente de este Govern, y el segundo fue disuelto por el expresidente de la Generalitat al comprobar su lógica inoperancia frente a la realidad.En ERC, que desde el principio recelaron de esta creación 'puigdemontiana' y rompieron definitivamente con ella cuando Puigdemont trató de situarla por encima de la Generalitat presidida por Pere Aragonès (ERC), ven con desdén lo que está pasando en el Consell. «Hace tiempo que no tenemos relación con el Consell de la República, hace tiempo que dijimos que dejó de ser un organismo representativo de todo el independentismo», señalan a ABC desde la dirección de ERC, partido que está a su vez en un proceso cruento de renovación que culminará el 30 de noviembre.Agujero financieroEl futuro del Consell, más que incierto, se asemeja a la incipiente oscuridad nocturna de otoño. Como se dice en los casos de cierto caos: no hay nadie al frente de la nave. Y, lo peor para la entidad, nadie tiene la autoridad de Puigdemont para sucederle. Todo apunta, además, que su salida supondrá una pérdida de ingresos, que ya es tendencia en los últimos años. En 2023, CATGlobal ingresó 1,15 millones de euros, la totalidad, prácticamente, en donaciones, tal y como establece la aportación de los asociados al Consell. Y aunque tuvo un superávit de algo más de 86.000 euros, las irregularidades contables lo dejaron en algo menos de 5.000 euros.Pero en 2022 los ingresos fueron de 1,45 millones de euros, confirmando así la tendencia de pérdida de capital de los últimos años. Además, ese 2022 dejó unas pérdidas de 244.181 euros. Un agujero financiero que, según el auditor externo, deja la entidad «en una situación moderadamente preocupante», agravada porque tiene un saldo pratimonial negativo de más de 58.000 euros y deuda con proveedores por valor de más de 63.000 euros.
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