El término ‘amicus curiae’ se refiere a una figura jurídica que significa literalmente ‘amigo de la corte’ en latín. Esta figura permite a personas o entidades que no son parte de un caso legal aportar información, experiencia o perspectivas relevantes que pueden ayudar al tribunal a tomar una decisión más informada.
El ’amicus curiae’ no tiene interés directo en el caso, sino que su papel es proporcionar un punto de vista neutral o experto sobre cuestiones legales o técnicas.
El origen de esta figura se remonta al Derecho Romano, donde los jueces, enfrentados a casos complejos, podían recurrir a expertos en derecho o a otros ciudadanos para que les brindaran consejo.
Con el tiempo, esta práctica se extendió a los sistemas legales de numerosos países, particularmente en aquellos fundamentados en el Common Law, como Estados Unidos y Reino Unido. Además, su relevancia ha crecido en el ámbito internacional, siendo utilizada en tribunales de gran importancia como la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que el amicus curiae se ha convertido en una herramienta clave para aportar perspectivas expertas y asegurar que los jueces consideren una amplia gama de argumentos antes de tomar decisiones que impactan a nivel global.
Hoy en día, es común ver a organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales o académicos actuar como 'amicus curiae' en casos de gran relevancia pública, como los que involucran derechos humanos, medio ambiente o cuestiones constitucionales.
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