Ralph_Stokes
Member
- Registrado
- 27 Sep 2024
- Mensajes
- 70
La candidata progresista que aspira a suceder a Manuel Marchena en la Sala Segunda, Ana Ferrer, considera que hay que reforzar la apariencia de imparcialidad de la Sala Penal del Supremo y potenciar la garantía del juez predeterminado por la ley. Así lo ha señalado en su entrevista ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este martes ha examinado a los siete candidatos a presidir cuatro de las salas del Alto Tribunal.En su intervención, Ferrer ha recordado que esta previsibilidad en la composición de los tribunales de esta Sala Penal solo se cumple en la sala de admisión y en la de los aforados y ha asegurado que la constitución de todas las salas diseñada con tiempo y publicada en el BOE contribuiría a enervar el «riesgo o sospechas» de que se puedan constituir salas «ad hoc». Sin alusión alguna a la ley de cuotas y a su condición de mujer, que el sector progresista del CGPJ quiere hacer valer para imponer su candidatura a la de su contrincante, Andrés Martínez Arrieta, Ferrer ha recordado su dedicación al ejercicio jurisdiccional de forma ininterrumpida desde que ingresó en la carrera en 1983 y su experiencia en su gestión como presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid durante cinco años. De esta época ha destacado el logro de haber reducido la pendencia de asuntos un 16 por ciento y la entonces innovadora implantación de las nuevas aplicaciones de gestión procesal. La aspirante a suceder a Marchena ha defendido ante los vocales de Calificación su «habilidad» para llevar los debates y unificar criterios en esta Sala Segunda, en la que lleva diez años como magistrada y en la que actualmente se encuentra pendiente de admisión la implicación del ministro Ábalos en el caso Koldo o la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado en el caso del novio de Ayuso. Entre sus propuestas para esta Sala, además de ese refuerzo a la apariencia de imparcialidad o a la asignación informática de las ponencias, Ferrer ha destacado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la norma (formuló un voto particular contra la inaplucación de la amnistía al delito de malversación); un sistema ágil de detección de control de contradicciones entre las distintas secciones, medidas de avance tecnológico. Respecto a la sala de aforados, ha recordado que su arquitectura no está recogida en la ley y que en aras de esa apariencia de imparcialidad sería conveniente establecer dos parcelas diferenciadas: la de admisión y la de enjuiciamiento para diluir esa esencia presidencialista. En cuanto a las medidas de agilización procesal, su propuesta es la de acotar el número de folios y hacer un ejercicio de contención en las sentencias. De igual forma, ve imprescindible la «conexión directa» con el gabinete de prensa, vínculo del Supremo con la sociedad civil. Ferrer ha aludido también a la jubilación de cinco miembros de esta Sala en los próximos dos años. «La renovacion de las instituciones es positiva por nuevas miradas, incentivo para la promoción de la carrera», pero tiene una contrapartida, ha dicho, que es la pérdida de magistrados que son «bastiones» en el funcionamiento de esta Sala. También ha pasado por este trámite Pilar Teso, la otra candidata progresista que los vocales de este sector quieren para la presidencia de la Sala Tercera, la que revisa los actos y decisiones administrativas del Consejo de Ministros, como los nombramientos o los indultos. Teso sí se ha referido a su condición de mujer junto al resto de méritos por los que considera que es merecedora de la plaza para la que compite con el actual presidente en funciones de esta Sala, Pablo Lucas, también progresista. Teso ha recordado que desde el año 89 está especializada en esta jurisdicción y que antes de aterrizar en el Supremo ha pasado por el TSJ de Madrid, la Audiencia Nacional y el Gabinete Técnico del Supremo. Así ha señalado que su visión del contencioso es global y que ha desempeñado su trabajo en salas con gran volumen de asuntos de toda índole: responsabilidad patrimonial, medio ambiente, seguridad social, asilo... Entre sus sentencias más trascendentes ha destacado la relativa al céntimo sanitario (2016), sobre ejecución de decisiones y dictámenes de comités de Naciones Unidas (2023) o la de hace unas semanas relativa a la extensión de los permisos de maternidad en los casos de familias monoparentales. Tanto Teso como el otro candidato, Pablo Lucas, juez de control de las actividades del CNI, han recordado la difícil situación que atraviesa esa sala, con la mitad de sus plazas vacantes por la ley que impidió al CGPJ hacer nombramientos. Ambos ensalzaron la capacidad de trabajo de los magistrados que trabajan en ella y la labor de los letrados del Gabinete Técnico.Lucas, por su parte, y quien a priori, por su perfil progresista moderado podría recabar los apoyos de vocales de ambas sensibilidades, ha destacado además de su experiencia jurisdiccional, su pertenencia a la Sala de Gobierno del Supremo y su capacidad para generar consensos en la Sala, donde «no he encontrado conflicto alguno con nadie». Además de los candidatos a las salas Segunda y Tercera, este martes han comparecido también el aspirate a la primera (Ignacio Sancho) y los dos candidatos a la Cuarta (Social): Concepción Ureste y Juan Molins.
Cargando…
www.abc.es