Bartholome_Bartell
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular en la causa abierta a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo, ha recurrido la decisión del juez de acotar la investigación sobre la presunta revelación de secretos a sólo una semana (del 8 al 14 de marzo de 2024) frente a los siete meses que este mismo juez acordó inicialmente.Noticia Relacionada estandar No Fiscalía recurre en el Supremo los registros en los despachos de García Ortiz y la fiscal jefe provincial de MadridEn el escrito, al que ha tenido acceso ABC, recuerda que el auto por el que la Sala Penal asumió la investigación el pasado el 15 de octubre, se hace referencia a que el 20 de febrero de 2024 es cuando la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia contra Alberto González Amador a los juzgados. «Entendemos que es desde ese momento cuando puede haber comunicaciones previas que pasan por los teléfonos de los dos aforados (el fiscal general y la jefa de la Provincial) de advertencia de que una persona del calibre mediático de ser el novio de la presidenta autonómica podría tener un procedimiento y, en su caso, de la existencia del documento posteriormente filtrado«, señala el escrito que firman, entre otros, el abogado Juan Antonio Frago. Es decir, continúa, hay una »altísima probabilidad« de que haya comunicaciones previas al día 7 de marzo entre los aforados y personas ajenas al Ministerio Fiscal (periodistas, políticos, etc.), que »pueden ser más que relevantes para acreditar , o excluir, la consumación delictiva«.«Vender y regalar favores»A su juicio «no debe ser descartada» ninguna conversación de whatsapp, correos u otras redes de comunicación que puedan manejar los investigados con anterioridad al 8 de marzo, ni con posterioridad al 14 de marzo. Y ello porque «no es descartable que puedan aparecer comunicaciones anteriores solicitando, vendiendo o regalando el favor de la filtración o posteriores», que acrediten la existencia de whatsapps o correos, que, aunque hayan podido ser borrados, existieron, «mensajes de preocupación de periodistas, reconocimiento de los hechos a allegados, etcétera». De hecho, añaden, « pueden ser capitales las conversaciones entre el fiscal general del Estado y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, hoy fiscal encargada del despacho de este asunto«. Recurso sin precedentes Es esta fiscal, número dos de García Ortiz, la que ha recurrido los autos de entrada domiciliaria, siendo «probablemente la primera vez que un fiscal de cualquier categoría recurre un auto de entrada en la historia de España». Es más, la propia teniente fiscal fue vista «por al menos un fiscal del Tribunal Supremo el día del registro domiciliario , sobre las 19:00, revisando un móvil con el fiscal general, en el patio central de Fortuny 4 (sede de la Fiscalía General) cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas«. Reconoce APIF que como parte de la causa está bajo secreto de sumario, desconocen si el acta del registro ha reflejado «algo tan sorprendente», por el hecho de que «una fiscal asignada a un asunto esté examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado».Añade la acusación popular ve innecesaria esa acotación porque para eliminar cuestiones personas o que carezcan de trascendencia para la investigación de la presunta revelación de secretos ya está la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a quien se ha encomendado el examen de los dispositivos. A ello se suma que la propia Fiscalía General del Estado reconoce que se puede salvaguardar la privacidad de los afectados incluso teniendo acceso a la totalidad de los datos contenidos en los dispositivos incautados, «y ello gracias a las herramientas tecnológicas existentes hoy por hoy, las cuales permiten el visionado particularizado de la información de interés sin siquiera tener constancia de aquella ajena a lo investigado».
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