La actividad eléctrica tributa unos 9.250 millones al año sin incluir el impuesto de sociedades

[Kevin_Gorczany]

"La dispersión impositiva y normativa existente sobre el sector de la energía eléctrica en España en la actualidad es enorme", así de tajante se muestra EY España en su último informe. La consultora afirma que la actividad aporta en tributos un total aproximado de 9.250 millones euros al año, teniendo en cuenta todo el ciclo energético y sin contemplar el Impuesto sobre Sociedades satisfecho por las empresas. En concreto, calcula que considerando la cantidad mencionada y la demanda de electricidad de 2023 -de aproximadamente 244.665 gigavatios hora (GWh)-, en España se tributan unos 38 euros por cada megavatio hora (MWh) consumido.

"En la actualidad, en la que el sector energético se encuentra ampliamente regulado y en un momento de gran protagonismo, resulta conveniente entender la presión fiscal a la que se ve sometido, como consecuencia, en su mayor parte, de la gran diversidad de figuras tributarias existentes y creadas por cada uno de los ámbitos territoriales del país, esto es, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos", señala EY en su análisis elaborado para la Fundación Naturgy.

El informe recoge que la gran mayoría de los tributos que gravan al sector de la energía eléctrica lo hacen con un pretendido carácter finalista -a excepción del IVA-, pues, según argumentan desde la firma, la fiscalidad energética está centrada en la necesidad de la protección del medioambiente. "Esta circunstancia, entre otras, motiva la imposición energética, dando lugar a la proliferación a gran escala de este tipo de impuestos, sin ningún tipo de coordinación con las políticas medioambientales que a nivel europeo pretenden implantarse", argumentan los autores del documento Juan Carpizo, socio de Tax en EY Abogados, y Teresa Checa, 'senior maganer' de Tax en EY Abogados.

De todas las figuras que existen, no todas gravan la misma fase del ciclo energético y, además, en EY recalcan que se debe tener en cuenta que, aunque consten seis tributos locales, son 8.131 los municipios existentes en el país, cada uno con su regulación particular. Advierten así que en España existe una fiscalidad eléctrica "excesivamente gravosa" y "desmesurada", con el elevado coste en el cumplimiento de obligaciones formales que ello supone. También hacen hincapié desde la firma en la "inestabilidad" de la evolución que estas figuras impositivas han experimentado en los últimos años. Por ejemplo, se ha producido la reforma del canon hidráulico, la exención del Impuesto sobre el gas natural y biogás cuando se destine a la producción de energía eléctrica, la creación del gravamen temporal energético, la aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas -como en Aragón- o la modificación de métodos de cuantificación de las tasas por ocupación del dominio público, como consecuencia de haber sido declarados contrarios a derecho.

Asimismo, a partir de julio quedó sin efecto la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) del 7%, el cual ahora pretenden eliminar PP y Junts, y desde el 1 de enero de 2025 también se pone fin a la modulación del IVA en función del precio medio mensual de la electricidad volviendo al 21% de manera permanente. "El panorama existente sigue siendo cuanto menos convulso, caracterizado por la existencia de múltiples instrumentos tributarios, consecuencia de la existencia de diferentes competencias y poderes de cada ente territorial, acompañados de una falta de coherencia con los objetivos a perseguir y una regulación confusa", apuntan Carpizo y Checa en el texto.

Por otro lado, alerta de la "desigualdad" existente por territorios, con 11 comunidades autónomas que exigen tributos con efectos sobre la generación y distribución de energía eléctrica, en forma de impuestos sobre emisiones, sobre instalaciones, producción, aguas embalsadas y energía eólica, mientras otras no lo hacen. Del mismo modo, hay corporaciones locales que imponen una tributación mínima y otras que no gravan la actividad. Bajo este escenario -con una gran litigiosidad-, desde EY abogan por acometer una reforma que simplifique el régimen existente y con una mayor coordinación entre las diferentes administraciones.

"Para avanzar hacia un futuro más sostenible, es fundamental la colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes Locales. Una alineación en la creación de figuras impositivas puede minimizar distorsiones y potenciar el desarrollo de las actividades económicas en el sector eléctrico. Con una estrategia coordinada, podemos lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico", manifiesta Carpizo en conversación con La Información Económica.

Gravamen extraordinario a las energéticas​

El Gobierno se ha comprometido con ERC, EH Bildu y BNG a aprobar la prórroga del gravamen energético vía real decreto ley en Consejo de Ministros antes de fin de año, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso de los Diputados y tramitarlo como proyecto de ley para convertirlo en impuesto. En el diseño del texto también se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables. Por su parte, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa la tasa, que se viene prorrogando desde 2023. En concreto, la enmienda a la reforma fiscal fue introducida por el PP en el Senado con su mayoría absoluta y se ha ratificado en la Cámara Baja con el apoyo de Junts y PNV, que no quieren que se extienda ante las amenazas de las empresas con paralizar inversiones en sus comunidades autónomas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo lunes para dar cumplimiento al acuerdo con sus socios. Como todo real decreto ley, habrá de convalidarse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días. Sin embargo, aquí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts. En este sentido, Hacienda ofrecerá que el decreto se tramite después como proyecto de ley con el objetivo de transformarlo en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV traspasando su gestión a las haciendas forales vasca y navarra.

30.000 millones de inversión en juego en tres años​

Aelec, la patronal que engloba a Iberdrola, Endesa y EDP, dijo este jueves que la tasa "contradice los fines proclamados por la política energética". En su opinión, penaliza la electrificación y no está alineado con la normativa europea. Los asociados ejecutivos del Club Español de la Energía (Enerclub), entre los que están Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Moeve, BP, EDP y TotalEnergies avisaron también a finales de noviembre en un comunicado conjunto -nunca antes lo habían hecho- de que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector dificultará la materialización de las inversiones, estimadas por las propias compañías en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años. Alertaron así de que pone en riesgo el desarrollo y la viabilidad económica y financiera de los proyectos.

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