jana04
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El debate en torno a la cuestión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España se encuentra aún lejos de resolverse, mientras, se multiplican las iniciativas para tratar de frenar el impacto en las ciudades y sus habitantes de este tipo de negocios. Los gobiernos locales y autonómicos, a diferentes niveles, han ido implementado medidas, caracterizadas muchas veces por su falta de homogeneidad y coordinación, debido a la mezcla de competencias entre administraciones y la ausencia de un proyecto firme a nivel nacional. Pese a ello, el cerco alrededor de este tipo de apartamentos se ha ido estrechando en muchos lugares, y se ha establecido un consenso general en el que la regulación clara es el camino.
A nivel nacional el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodriguez, anunció el pasado més de junio la creación de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para los alquileres temporales, en la que también estarían incluidos los pisos turísticos. Esta medida debe lidiar aún con los gobiernos de las distintas CCAA y el Ejecutivo espera tenerla preparada a finales de 2025 como pronto. Supondría un avance en la información disponible de un sector muy opáco que lleva tiempo demandándolo.
Entre las comunidades autónomas destaca la situación de Canarias, donde se han producido diversas movilizaciones en protesta de la sobreturistificación y la subida de precios de la vivienda. Existe una Ley de Vivienda Vacacional, prevista para 2025, que limitará este uso al 10% de la edificabilidad residencial por isla, con excepciones en El Hierro, La Gomera y La Palma, donde el tope será del 20%. El País Vasco regula los pisos turísticos desde 2016, con normas de seguridad, límite de plazas por metro cuadrado y un registro obligatorio desde 2018. Cataluña aprobó en el año 2016 una ley de vivienda propia que ha servido de antesala a la legislación nacional, sin embargo fue declara inconstitucional por la justicia española y su efecto en el alquiler turístico fue nulo.
El choque de mayor grado en el ámbito municipal
En el ámbito municipal es dónde más iniciativas y de mayor variedad se han dado, principalmente en las grandes localidades foco del turismo masivo. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció al comienzo del verano la eliminación total de la figura del aparamento turístico para el año 2028, y la promesa reconvertir los 10.000 pisos turísticos de la Ciudad Condal en viviendas destinadas al uso residencial. Postura que ha reivindicado de forma firme en su respuesta a una carta enviada hace escasos días por la plataforma Airbnb en la que trasladaba su preocupación por unas "políticas restrictivas".
La firma internacional de alquiler de apartamentos turísticos también remitió una misiva al consistorio de Madrid, puesto que el equipo de Martínez Almeida ha presentado un plan de acción para prohibir las viviendas turísticas en comunidades de vecinos del centro histórico y evitar la conversión de locales comerciales en alojamientos turísticos, además de endurecer las multas a los pisos turísticos ilegales de hasta 30.000 euros. San Sebastián y Bilbao mantiene suspendidas las licencias de forma temporal. En Sevilla se han restringido nuevos permisos de viviendas turísticas en zonas donde superen el 10% del total residencial. El Ayuntamiento de Málaga ha sido uno de los últimos en sumarse a este tipo de iniciativas, con su prohibición en los 43 barrios de la ciudad donde los alojamientos turísticos superan el 8% del parque residencial. En otros 32 barrios solo se permitirán aquellos con acceso y servicios independientes.
Propuestas para la homogeneización
En este contexto, la fundación ECODES presentó este jueves en un encuentro con periodistas su informe 'Las viviendas de uso turístico en España' con el que tratan de aportar una propuesta completa para abordar el problema de este tipo de apartamentos a todos los niveles. Lo hacen a través de 20 medidas concretas y cinco líneas de actuación que buscan "un desarrollo compartido e integrado de nuestro modelo", con especial relevancia en el aspecto fiscal. El estudio de ECODES refleja que existen en la actualidad 351.000 viviendas de este tipo regitradas, oferta que supera las plazas hoteleras disponibles y que convierte a España en el segundo país de la UE con más reservas y pernoctaciones en viviendas turísticas.
Una mayor carga fiscal
Entre las iniciativas propuestas por la fundación destacan las relativas a la carga impositiva, el informe propone "un marco fiscal que desincentive la inversión especulativa en vivienda" y dirija la actividad hacia "una verdadera generación de valor y profesionalización." Para lograrlo proponen la aplicación del IVA para las VUT a nivel general, pero establecen un excepción en el supuesto de que contribuyan a fijar población en zonas rurales: en esos casos propone la aplicación de un tipo reducido de IVA, además de una bonificación en el rendimiento neto en el IRPF y deducciones en la cuota por inversión en reforma y rehabilitación.
El informe también aboga por el establecimiento de una tasa turística a los clientes de las VUT, fijada por las CCAA pero competencia de los ayuntamientos, que podrían decidir aplicarla o no. A esta cuota también añade la posible modificación de contribuciones como la tasa por la recogida y tratamiento de residuos, así como el IBI o la aplicadas a la licencia de obras, con el objetivo de aprobar un aplicación específica para las viviendas turísticas.
Jerónimo Blanco, vicepresidente de ECODES, ha destacado que el nuevo modelo de pisos turísticos debe avanzar hacia la "distribución de los beneficios" entre los vecinos de las ciudades que están presentes. Para lograrlo deben ser la regulación de otras ciudades como Amsterdam, que permite el alquier turístico por habitaciones en el caso de que el arrendador viva en la casa, o con tiempos limitados de 30 días al año en total, que pueden coincidir con las vacaciones del arrendador. Esto permitiría "no solo no dañar a la población residente sino incluso beneficiarla."
El resto de medidas planteadas por el informe son, en palabras de Antonio Bernabé, otro de los autores, “propuestas realizables basadas en las medidas que se ha comenzado a poner en marcha por parte de diferentes administraciones y el impulso de herramientas que ya existen" y tienen el objetivo de mantener la "sostenibilidad social". Entre las restantes, destaca el impulso final a la ventanilla única digital y la creación de un grupo de trabajo nacional para las VUT, que permitan un trabajo efectivo real a nivel nacional.
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