Hacienda encara la negociación del impuesto energético necesitado de cubrir el roto de 1.000 millones por la fallida subida del diésel

[Ophelia_Ernser]

El Gobierno logró la semana pasada aprobar in extremis la reforma fiscal que aclara su camino a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero su alegría no fue completa: en el paquete de medidas que terminó sacando adelante el Congreso no estuvo finalmente incluida la subida fiscal al diésel. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el aumento impositivo —en realidad, la eliminación de la actual ventaja fiscal de la que goza este combustible— iba a suponer unos ingresos de en torno a 1.000 millones de euros anuales a las arcas del Estado. Y ahora el Ejecutivo tiene que buscar medios para tapar ese agujero en sus cuentas.

El marco que se presume más favorable para intentar que, esta vez sí, la Cámara Baja apruebe esta modificación impositiva es la negociación para diseñar el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Para sacar adelante su reforma fiscal la semana pasada, el Gobierno se comprometió a última hora con Podemos a poner en marcha un grupo de trabajo con todos sus socios parlamentarios que debe servir para pactar antes del 31 de diciembre este tributo, algo que en las últimas semanas ha sido imposible. Junts y el PNV ya han mostrado sus reservas, si bien han dejado la puerta abierta a aceptar un tributo siempre y cuando contemple amplias exenciones para las empresas que inviertan en tecnologías verdes.

En principio, el impuesto al diésel no debería tener grandes problemas en salir adelante una vez separado de la reforma fiscal que terminó aprobándose a trancas y barrancas la semana pasada. La enmienda que iba a incluir este tributo en dicho paquete fiscal fue rechazada por el voto en contra de PP, Vox, UPN y Podemos, pero fuentes de los morados aseguran que no es que estén en contra de la tasa, sino que la rechazaron porque estaba incluida en un bloque de enmiendas a las que Podemos sí se oponía y porque aspiran a que se aplique de forma "progresiva" para no perjudicar a la clase trabajadora. Por ende, en esta ocasión el Gobierno sí tendría los votos suficientes para promover el gravamen, como algunos de sus aliados creen que intentará.

En la práctica, esta subida fiscal supondría igualar el trato impositivo que recibe el diésel con el de la gasolina, si bien el incremento tributario, si se ciñe al mismo diseño que el que sometió la semana pasada a votación el PSOE, no se aplicaría al combustible utilizado por los profesionales. El objetivo final de subir este impuesto es "internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes y, en la medida de lo posible, [...] moderar las emisiones de gases de efecto invernadero" desincentivando la compra o el mantenimiento de vehículos movidos por diésel.

No obstante, lo más complicado de la negociación para el Gobierno no es esa subida impositiva al diésel, sino poner de acuerdo a sus socios de derechas y a los de izquierdas en el diseño del impuesto a las empresas energéticas. El primero en fijar su posición públicamente de cara a estas conversaciones fue el PNV, el pasado miércoles: los nacionalistas vascos apuestan por un diseño del nuevo impuesto similar al que ha pactado con el Ejecutivo para la nueva tasa a los beneficios extraordinarios de la banca, cuya gestión quedará a partir del próximo 1 de enero en manos del Gobierno Vasco.

Una fórmula para contentar a todos los socios​

La clave de ese acuerdo es que, al adecuar la tasa a la legislación foral, el PNV podrá rebajar el impuesto a la banca a las entidades que operen en Euskadi, y lo mismo podría ocurrir con el tributo a las energéticas si se rediseñara en la misma línea. Junts, por su parte, insiste en lograr exenciones fiscales de hasta el 90% del tributo para las empresas que hagan inversiones en tecnologías verdes, según algunas fuentes conocedoras de sus exigencias, un porcentaje que prácticamente permitiría desactivar la tasa para compañías como Repsol, la gran obsesión de los independentistas catalanes para evitar recortes en la planta de la petrolera en Tarragona.

El Gobierno tendrá que equilibrar esas posiciones con las de socios como ERC, EH Bildu, BNG o Podemos, que piden exactamente lo contrario: un gravamen ambicioso y no meramente simbólico. Para lograr el apoyo de la derecha, las formaciones de izquierda aceptan que la tasa incluya ciertas exenciones, pero en ningún caso que estas alcancen un 90%. "Pero estando los Presupuestos de por medio, el Gobierno puede ofrecer a Junts otras cosas" para que transija con un gravamen relativamente potente, cree un dirigente de uno de los partidos progresistas que apoya al Ejecutivo.

Porque esa es otra de las claves que condicionarán la negociación del impuesto a las energéticas y de la tasa al diésel: que, al haberse separado del resto de la reforma fiscal, se solaparán con el inicio de las conversaciones para los Presupuestos Generales del Estado. En el Gobierno cunde la sensación de que sacar adelante las cuentas será más sencillo ahora que se ha logrado el apoyo para el paquete impositivo. Y, en una negociación presupuestaria, el Ejecutivo tiene mucho mayor margen para lograr convencer a sus aliados de que apoyen medidas que rechazan a cambio de contraprestaciones en otras áreas.

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