muller.mable
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A lo largo de esta semana la Comisión Europea publicará su dictamen sobre el Plan Fiscal y Estructural que los países le remitieron el mes pasado, la 'hoja de ruta' a medio plazo que las nuevas reglas fiscales exigen para reconducir el déficit y la deuda públicos hacia niveles sostenibles. El Gobierno, que envió la suya el pasado 15 de octubre con un horizonte de ajuste a siete años, ha conseguido finalmente el apoyo del Congreso de los Diputados a la reforma fiscal comprometida en ese documento y con la que elevar los ingresos públicos en hasta 7.500 millones de euros al año.
Está por ver ahora si el planteamiento que hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convencido en Bruselas, que debe pronunciarse sobre el mismo antes del próximo 30 de noviembre. España proponía diluir su proceso de consolidación de 2025 -cuando empieza a estar operativo el nuevo marco fiscal- a 2031, ambos incluidos, a cambio de reformas e inversiones. Esa consolidación sería de unos 42.000 millones de euros en el periodo citado, el equivalente a cuatro décimas de PIB, y permitiría situar el déficit en el 0,8% al final de este y contribuir a que la ratio de deuda se reduzca paulatinamente hasta el 76,8% de cara a 2041. El pasivo del conjunto de Administraciones cerró el tercer trimestre en el 104,4%, según el Banco de España.
El Gobierno avanzó que unos 4.500 millones vendrían de alzas de impuestos que empezarían a aplicarse el próximo año, así como de medidas para hacer el sistema tributario "más efectivo" y que toman como base de las recomendaciones del 'Libro Blanco' que elaboró el Comité de Expertos en marzo de 2022. Estas medidas son las contenidas en el paquete al que el Pleno del Congreso dio luz verde el pasado jueves, tras un paso caótico por la Comisión de Hacienda y tensas negociaciones que permitieron al Ejecutivo de coalición pactar con ERC, Bildu, BNG, Podemos, PNV y Junts.
Del tipo mínimo global del 15% en Sociedades para los grandes grupos y multinacionales, al nuevo impuesto a la banca y las energéticas (este último se aprobará al margen a través de un Real decreto-ley), pasando por el alza en dos puntos del tipo que grava en el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, por el nuevo tributo a los vapeadores o por el incremento en labores del tabaco, entre otras.
Bruselas hará dos exámenes distintos a España
Fuentes de la Comisión Europea consultadas por este diario explican que el dictamen se hará público a pesar de que España no ha remitido aún a las autoridades comunitarias el borrador presupuestario con las medidas económicas previstas de cara al año que viene. Esto se debe a que el ministerio de Hacienda no ha presentado el proyecto de las cuentas de 2025 a la Cámara Baja porque hasta ahora no contaba con los apoyos necesarios para sacarlas adelante.
Las mismas fuentes precisan que, pese a que el borrador presupuestario debe ser enteramente consistente con el Plan Fiscal y Estructural, el examen de ambos documentos se hace por separado y Bruselas emite dos pronunciamientos distintos. La Comisión dio a España un tiempo 'extra' para que le presentase ese documento, si bien el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, ya dejó claro que la flexibilidad de la Comisión con los plazos "tenía límites".
Desde el organismo apuntan, además, a 'La Información' que el documento debe obrar en poder de las autoridades europeas un mes antes de que los Presupuestos Generales del Estado estén aprobados como muy tarde, de forma que el Ejecutivo comunitario tenga tiempo suficiente para evaluarlo.
Disparidad de criterios en el plan fiscal
A la espera de lo que determine sobre el Plan Fiscal, las recomendaciones previas de Bruselas situaban el aumento máximo del "gasto neto primario" para España -la referencia clave con las nuevas reglas fiscales- en el 2,8% de media de 2025 a 2031, frente al 3% propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En concreto, el ministerio de Economía, Comercio y Empresa apuntó a que ese gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos, entre otras) se limite a un aumento al 3,7% en 2025, del 3,5% en 2026, del 3,2% en 2027, del 3% en 2028, del 3% en 2029, del 2,5% en 2030 y del 2,4% en 2031. Fuentes próximas al Gobierno confirman que el Ejecutivo sigue trabajando para poder presentar el borrador presupuestario cuanto antes y que está en contacto permanente con la Comisión.
Los planes fiscales son la piedra angular del nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea. No solo incorporan la trayectoria fiscal de los Estados miembros, sino también aquellas inversiones públicas que se consideran prioritarias y las reformas previstas para un periodo de cuatro años. Estas políticas deben garantizar una reducción sostenida y gradual de la deuda y un crecimiento sostenible e integrador, "evitando una política fiscal procíclica". Esas reformas e inversiones deben abordar las prioridades comunes de la UE, como las transiciones verde y digital o el ámbito estratégico y de Defensa.
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