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El San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, es un hospital inusual dentro de los tantos que han cerrado en Colombia. No ha caído en el olvido desde su clausura en 2001, pese a que eso podría pensarse al ver la humedad que carcome las paredes, agrieta los pisos y oxida las ventanas de los pabellones afrancesados. Los expertos valoran, por ejemplo, que el Libertador Simón Bolívar agradeció en su momento los servicios que el hospital prestó a los héroes de la independencia. La ciudadanía, en tanto, lo ve como un símbolo del apoyo del Estado a los más necesitados. Por eso suelen reemerger las promesas sobre su reapertura. Y ahora, a 460 años de su fundación (1564) por el arzobispo Juan de los Barrios, el Gobierno de Gustavo Petro revive una antigua y larga disputa sobre qué es lo que vale la pena recuperar en el viejo hospital.
El jueves 22 de agosto, el presidente anunció en sus redes sociales la decisión de su Administración de terminar un contrato sobre el San Juan que había desarrollado la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) y aprobado la de Claudia López (2020-2023). “Por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”, celebró, en referencia a que el proyecto del Distrito contemplaba la demolición de una torre de los años cincuenta y su reemplazo por un edificio nuevo. Sin embargo, su festejo pronto dio paso a una escalada de tensión con el actual alcalde, Carlos Fernando Galán. El mandatario capitalino denunció que el presidente ejerce una injerencia indebida sobre Bogotá, propietaria del predio. También advirtió que esta cancelación del contrato solo demorará una reapertura que todos desean y enfrentará a la ciudad a demandas millonarias.
El hospital tiene su sede, desde 1926, en un predio de 13 hectáreas en el borde sur del centro histórico de la capital colombiana. Sus 24 edificios reflejan diversos momentos de la historia de la institución. Algunos son exponentes de la arquitectura hospitalaria traída de Francia a principios del siglo XX: amplios pabellones unidos por jardines, uno para cada servicio médico, nombrados en honor a sus benefactores aristócratas y algunos apóstoles. Otros muestran la creciente cercanía de la medicina colombiana a Estados Unidos tras las guerras mundiales. La llamada torre central, hoy eje de la discordia, es un monobloc de nueve plantas que se construyó entre 1948 y 1952. Buscaba integrar la educación de los médicos y los distintos servicios de salud en un edificio autosuficiente, con quirófanos, salas de internación, laboratorios, aulas y oficinas.
La necesidad de reabrir el complejo no está en discusión. Es un monumento nacional desde 2002 y hay varias órdenes judiciales que obligan al Gobierno de Colombia, a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá a financiar las refacciones necesarias. La disputa es por la torre central y su lugar en la historia del hospital. El Plan Especial de Manejo y Protección aprobado en 2016 no zanja la controversia: cataloga al edificio en un nivel menor de protección patrimonial y da la opción de demolerlo, pero también de mantenerlo y reforzarlo. Para algunos es una monstruosidad arquitectónica. Para otros tiene un valor incalculable porque recuerda la influencia estadounidense en la medicina colombiana y los avances científicos que se produjeron entre sus muros.
Uno de los hitos en la historia del hospital tuvo lugar en 1975. Raúl Sastre, cirujano plástico y exdecano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, comenta en una videollamada que ese año él participó en la toma estudiantil del San Juan para exigir que dejara de administrarlo la Beneficencia de Cundinamarca, a cargo desde 1869. La idea era que la Universidad Nacional, que desde 1867 lo utilizaba para la educación de sus estudiantes, lo manejara directamente. “El profesor Fergusson [exdecano de la Facultad] decía que la Beneficencia manejaba el hospital con intereses politiqueros. A los 16 años éramos idealistas, lo seguíamos ciegamente”, cuenta Sastre. El movimiento tuvo un éxito amargo: se firmó el traspaso, pero la Nacional pronto descubrió que no podía sostenerlo y la Beneficencia no lo quiso de regreso.
“Ese fue el primer gran problema, estuvimos cuatro años en el limbo. El San Juan estuvo muy abandonado, con muy poca actividad”, relata el médico. Ese vacío dio paso a otro hito que adquiriría relevancia con los años: en 1979, el presidente Julio César Turbay creó la Fundación San Juan de Dios para que administrara el hospital. Aunque la junta directiva incluía la participación del Estado nacional y departamental, eso significó que el San Juan pasara a ser considerado en el papel como una entidad privada. Cuatro siglos de vida pública, bajo la Iglesia, la Corona y el Estado colombiano, llegaron a su fin.
Sin embargo, también se recuerdan periodos de gran esplendor en medio de las crisis. Sastre relata que, ya más avanzado en sus estudios, el hospital retomó la actividad y se consolidó como un gran lugar para formarse —“teníamos 100 partos en un día”, explica—. Reconstruye una “mística” de hospital de estudiantes e investigadores que dormían allí y trabajaban sin pausa para atender a todo el mundo. “Recibíamos a la gente más pobre de la ciudad, a nadie se le pedía carné o tarjeta. Era la llamada medicina de caridad, con la salud como un derecho de los pobres”, subraya en contraposición al sistema actual, con más burocracia y requisitos para ser atendido, pero también con más acceso a servicios preventivos.
Sus recuerdos, como el de miles de estudiantes y profesores, se asocian a la torre central. Por eso, ha dedicado gran parte de su carrera en la Nacional a buscar la recuperación del San Juan con ese edificio en el corazón de los proyectos. “Representa el tercer cambio de la medicina colombiana: de la española y la francesa pasamos a la norteamericana. Trajimos el modelo con torres de ascensores y todo integrado en un solo monobloque. Ahí hicimos los primeros trasplantes renales y cirugías del corazón”, comenta en referencia a un listado de hitos que también incluyen la creación de la válvula de Hakim para la hidrocefalia y la bolsa de Borráez para los abdómenes abiertos. “No es solo el edificio en sí lo que importa, sino qué pasó dentro”, añade.
Hay varias razones detrás del cierre del hospital en 2001. Adriana Uribe, historiadora de la Universidad Javeriana y coautora del libro San Juan de Dios. Guía Crítica del Conjunto Hospitalario de Bogotá, comenta que en sus investigaciones ha encontrado registros contables que muestran repetidas crisis financieras desde los años cincuenta. Pero, matiza, esas situaciones se resolvían con inyecciones de fondos por parte del Gobierno. Considera que el golpe final fue la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que forzó a los hospitales a adaptarse a una lógica de mercado. El Estado ya no estaba obligado a suplir los baches financieros del San Juan, que ahora debía facturar sus servicios a las aseguradoras y competir por la demanda.
Sastre y Uribe difieren respecto al rol del expresidente conservador Andrés Pastrana, que llegó al poder en 1998. El médico señala que el liberal Ernesto Samper (1994-1998), de tintes más progresistas, mantuvo el financiamiento al San Juan durante su gestión. En cambio, comenta que Pastrana recortó los aportes con el argumento de que la fundación creada en 1979 lo había convertido en una entidad privada. Fue entonces que el hospital se fue apagando poco a poco, hasta que en 2001 le cortaron la electricidad. La historiadora, por otro lado, enfatiza que Pastrana se justificaba con una ley. “Sí, la decisión la tomó él. Pero con una estructura que se hizo antes de que él llegara a la Presidencia”, remarca por teléfono.
Los intentos para reabrir el San Juan comenzaron apenas cerró. David Cristancho, un arquitecto que da a conocer la historia del hospital desde la sociedad civil desde hace 24 años, destaca el rol de un colectivo de enfermeras que siguió yendo al hospital y lideró campañas para defenderlo. “Fueron al Congreso y se encontraron a la senadora María Isabel Marulanda, que hizo una proposición para salvar el hospital. Argumentaron que atendió gente de manera gratuita, que ayudó en tragedias como las del Palacio de Justicia y Armero, y que 8 de cada 10 colombianos tenían algún vínculo”, cuenta en una llamada telefónica. Entre los congresistas que se sumaron a la declaratoria de monumento nacional estaba Petro. “Empieza a sensibilizarse y a entender al San Juan como un símbolo de la salud gratuita en Colombia”, resalta Cristancho, que también señala que la ley establece que los hospitales universitarios, como era el San Juan gracias a la Nacional, “atenderán con preferencia a las personas no cubiertas por los regímenes establecidos”.
Los expertos coinciden en el peso que tiene el San Juan en la memoria de la ciudad. Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal capitalino, remarca por teléfono que decenas de miles de bogotanos tienen recuerdos de haber pasado por sus pabellones. “Vamos a la Hortúa [la antigua hacienda colonial en cuyas tierras está el San Juan]”, era lo que se pronunciaba usualmente cuando una persona estaba enferma. El historiador Fernando Rojas, por su parte, describe “la promesa” de progreso que significaba un complejo tan grande, “una ciudad hospitalaria”. “Es impresionante en términos arquitectónicos y ha tenido una gran importancia científica. En ese sentido, representa la ilusión de sectores populares de tener una atención de salud digna. Pero al mismo tiempo es la materialización de la incapacidad estatal y su cierre es como que te quiten lo poco que te han dado”, comenta por teléfono.
Los últimos cuatro alcaldes de Bogotá han estado inmersos en una disputa urbanística sobre cómo recuperar el San Juan de Dios. Petro, que despachó en abril de 2015 desde el hospital, adquirió el predio a Cundinamarca en noviembre de ese año, semanas antes de terminar su mandato. Inauguró un sector de la torre para consulta médica, pero poco después quedó abandonado. Enrique Peñalosa, en tanto, estructuró la licitación de un nuevo hospital, el Santa Clara, en el sitio de la torre central del San Juan. Claudia López firmó el contrato para ello con la empresa española Copasa. Mientras tanto, hubo algunos avances en refacciones de otros edificios que están fuera del contrato que hoy está en disputa.
Ahora que Petro es presidente, ha retomado la iniciativa desde el Gobierno nacional. El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo de 2023, le otorgó facultades para adquirir el predio y crear una nueva entidad que “tenga como objeto la prestación de servicios de salud o investigación”. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura se ha involucrado más activamente en los proyectos para restaurar las partes del complejo que están fuera del contrato con Copasa: hay obras en marcha en dos edificios y prepliegos para licitaciones en otros ocho. Todo el terreno, no obstante, aún es del Distrito de Bogotá.
El médico e historiador Mario Hernández, coordinador del proyecto de restauración en el Ministerio, defiende por teléfono la postura del Gobierno. Señala que se podrían hacer nuevos edificios, pero no demoler los que ya existen. “La torre es la joya de la corona”, remarca. Explica que, en su visión, el patrimonio no puede limitarse “solo a lo estético”, en referencia a la belleza, perfección y pulcritud de los pabellones franceses. “Tiene que ver con la identidad, con las experiencias y la relación con la gente”, comenta el también profesor de la Universidad Nacional. Asegura, además, que los estudios técnicos muestran que recuperar la torre tiene costos apenas superiores a los de un edificio nuevo. “Es un mito urbano decir que es cuatro veces más caro”, afirma.
Hernández remarca que el Ministerio nunca dio su aprobación para el proyecto de nuevo edificio que presentó Copasa. “Tres veces falló, no se acogieron los impactos ambientales”, señala. Asimismo, dice que la postura del Gobierno no es solamente por “algo afectivo”. “Es consecuencia también de un mandato legal por la lucha de trabajadores”, afirma en referencia a la ley de 2002, que ordena “la remodelación, restauración y conservación” del hospital.
La postura de los tres sucesores a Petro en la Alcaldía la defiende la arquitecta María Mercedes Jaramillo, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y secretaria de Planeación durante la Alcaldía de Claudia López. En conversación telefónica, diferencia entre el valor arquitectónico de “un conjunto de edificios muy hermosos, con el estilo de los centros hospitalarios franceses del siglo XIX” y el de una torre que define como “disruptiva”. “El edificio central es un aterrizado en ese lugar, no es lo más interesante que hizo el estudio Cuéllar Serrano Gómez en Bogotá y está en pésimas condiciones. Eso es un hecho objetivo”, subraya.
La arquitecta reconoce que “conceptualmente es válida” la visión del Gobierno sobre el valor de la torre para la historia de la Medicina, pero enfatiza que ya no es tiempo para ese debate. Señala que existe desde hace años un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que estableció la creación de “un hospital universitario” —algo que también dice la ley de 2002—. Argumenta que la torre no puede cumplir con los requisitos de seguridad que hoy en día se requieren para un centro médico de estas características y que no hay otros espacios disponibles para construir. “Podrían haber dicho antes del PEMP que había que conservarla para hacer otra cosa, como un museo, pero no fue lo que se estableció”, afirma. “No quiero sonar burocrática, pero existen precedentes administrativos y jurídicamente vinculantes que determinan una serie de cosas y deben respetarse”, agrega.
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El jueves 22 de agosto, el presidente anunció en sus redes sociales la decisión de su Administración de terminar un contrato sobre el San Juan que había desarrollado la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) y aprobado la de Claudia López (2020-2023). “Por ahora quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito”, celebró, en referencia a que el proyecto del Distrito contemplaba la demolición de una torre de los años cincuenta y su reemplazo por un edificio nuevo. Sin embargo, su festejo pronto dio paso a una escalada de tensión con el actual alcalde, Carlos Fernando Galán. El mandatario capitalino denunció que el presidente ejerce una injerencia indebida sobre Bogotá, propietaria del predio. También advirtió que esta cancelación del contrato solo demorará una reapertura que todos desean y enfrentará a la ciudad a demandas millonarias.
El hospital tiene su sede, desde 1926, en un predio de 13 hectáreas en el borde sur del centro histórico de la capital colombiana. Sus 24 edificios reflejan diversos momentos de la historia de la institución. Algunos son exponentes de la arquitectura hospitalaria traída de Francia a principios del siglo XX: amplios pabellones unidos por jardines, uno para cada servicio médico, nombrados en honor a sus benefactores aristócratas y algunos apóstoles. Otros muestran la creciente cercanía de la medicina colombiana a Estados Unidos tras las guerras mundiales. La llamada torre central, hoy eje de la discordia, es un monobloc de nueve plantas que se construyó entre 1948 y 1952. Buscaba integrar la educación de los médicos y los distintos servicios de salud en un edificio autosuficiente, con quirófanos, salas de internación, laboratorios, aulas y oficinas.
La necesidad de reabrir el complejo no está en discusión. Es un monumento nacional desde 2002 y hay varias órdenes judiciales que obligan al Gobierno de Colombia, a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Bogotá a financiar las refacciones necesarias. La disputa es por la torre central y su lugar en la historia del hospital. El Plan Especial de Manejo y Protección aprobado en 2016 no zanja la controversia: cataloga al edificio en un nivel menor de protección patrimonial y da la opción de demolerlo, pero también de mantenerlo y reforzarlo. Para algunos es una monstruosidad arquitectónica. Para otros tiene un valor incalculable porque recuerda la influencia estadounidense en la medicina colombiana y los avances científicos que se produjeron entre sus muros.
La toma del 75, entre la crisis y el esplendor
Uno de los hitos en la historia del hospital tuvo lugar en 1975. Raúl Sastre, cirujano plástico y exdecano de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional, comenta en una videollamada que ese año él participó en la toma estudiantil del San Juan para exigir que dejara de administrarlo la Beneficencia de Cundinamarca, a cargo desde 1869. La idea era que la Universidad Nacional, que desde 1867 lo utilizaba para la educación de sus estudiantes, lo manejara directamente. “El profesor Fergusson [exdecano de la Facultad] decía que la Beneficencia manejaba el hospital con intereses politiqueros. A los 16 años éramos idealistas, lo seguíamos ciegamente”, cuenta Sastre. El movimiento tuvo un éxito amargo: se firmó el traspaso, pero la Nacional pronto descubrió que no podía sostenerlo y la Beneficencia no lo quiso de regreso.
“Ese fue el primer gran problema, estuvimos cuatro años en el limbo. El San Juan estuvo muy abandonado, con muy poca actividad”, relata el médico. Ese vacío dio paso a otro hito que adquiriría relevancia con los años: en 1979, el presidente Julio César Turbay creó la Fundación San Juan de Dios para que administrara el hospital. Aunque la junta directiva incluía la participación del Estado nacional y departamental, eso significó que el San Juan pasara a ser considerado en el papel como una entidad privada. Cuatro siglos de vida pública, bajo la Iglesia, la Corona y el Estado colombiano, llegaron a su fin.
Sin embargo, también se recuerdan periodos de gran esplendor en medio de las crisis. Sastre relata que, ya más avanzado en sus estudios, el hospital retomó la actividad y se consolidó como un gran lugar para formarse —“teníamos 100 partos en un día”, explica—. Reconstruye una “mística” de hospital de estudiantes e investigadores que dormían allí y trabajaban sin pausa para atender a todo el mundo. “Recibíamos a la gente más pobre de la ciudad, a nadie se le pedía carné o tarjeta. Era la llamada medicina de caridad, con la salud como un derecho de los pobres”, subraya en contraposición al sistema actual, con más burocracia y requisitos para ser atendido, pero también con más acceso a servicios preventivos.
Sus recuerdos, como el de miles de estudiantes y profesores, se asocian a la torre central. Por eso, ha dedicado gran parte de su carrera en la Nacional a buscar la recuperación del San Juan con ese edificio en el corazón de los proyectos. “Representa el tercer cambio de la medicina colombiana: de la española y la francesa pasamos a la norteamericana. Trajimos el modelo con torres de ascensores y todo integrado en un solo monobloque. Ahí hicimos los primeros trasplantes renales y cirugías del corazón”, comenta en referencia a un listado de hitos que también incluyen la creación de la válvula de Hakim para la hidrocefalia y la bolsa de Borráez para los abdómenes abiertos. “No es solo el edificio en sí lo que importa, sino qué pasó dentro”, añade.
La ley 100 y la decadencia final
Hay varias razones detrás del cierre del hospital en 2001. Adriana Uribe, historiadora de la Universidad Javeriana y coautora del libro San Juan de Dios. Guía Crítica del Conjunto Hospitalario de Bogotá, comenta que en sus investigaciones ha encontrado registros contables que muestran repetidas crisis financieras desde los años cincuenta. Pero, matiza, esas situaciones se resolvían con inyecciones de fondos por parte del Gobierno. Considera que el golpe final fue la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que forzó a los hospitales a adaptarse a una lógica de mercado. El Estado ya no estaba obligado a suplir los baches financieros del San Juan, que ahora debía facturar sus servicios a las aseguradoras y competir por la demanda.
Sastre y Uribe difieren respecto al rol del expresidente conservador Andrés Pastrana, que llegó al poder en 1998. El médico señala que el liberal Ernesto Samper (1994-1998), de tintes más progresistas, mantuvo el financiamiento al San Juan durante su gestión. En cambio, comenta que Pastrana recortó los aportes con el argumento de que la fundación creada en 1979 lo había convertido en una entidad privada. Fue entonces que el hospital se fue apagando poco a poco, hasta que en 2001 le cortaron la electricidad. La historiadora, por otro lado, enfatiza que Pastrana se justificaba con una ley. “Sí, la decisión la tomó él. Pero con una estructura que se hizo antes de que él llegara a la Presidencia”, remarca por teléfono.
Los intentos para reabrir el San Juan comenzaron apenas cerró. David Cristancho, un arquitecto que da a conocer la historia del hospital desde la sociedad civil desde hace 24 años, destaca el rol de un colectivo de enfermeras que siguió yendo al hospital y lideró campañas para defenderlo. “Fueron al Congreso y se encontraron a la senadora María Isabel Marulanda, que hizo una proposición para salvar el hospital. Argumentaron que atendió gente de manera gratuita, que ayudó en tragedias como las del Palacio de Justicia y Armero, y que 8 de cada 10 colombianos tenían algún vínculo”, cuenta en una llamada telefónica. Entre los congresistas que se sumaron a la declaratoria de monumento nacional estaba Petro. “Empieza a sensibilizarse y a entender al San Juan como un símbolo de la salud gratuita en Colombia”, resalta Cristancho, que también señala que la ley establece que los hospitales universitarios, como era el San Juan gracias a la Nacional, “atenderán con preferencia a las personas no cubiertas por los regímenes establecidos”.
Los expertos coinciden en el peso que tiene el San Juan en la memoria de la ciudad. Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal capitalino, remarca por teléfono que decenas de miles de bogotanos tienen recuerdos de haber pasado por sus pabellones. “Vamos a la Hortúa [la antigua hacienda colonial en cuyas tierras está el San Juan]”, era lo que se pronunciaba usualmente cuando una persona estaba enferma. El historiador Fernando Rojas, por su parte, describe “la promesa” de progreso que significaba un complejo tan grande, “una ciudad hospitalaria”. “Es impresionante en términos arquitectónicos y ha tenido una gran importancia científica. En ese sentido, representa la ilusión de sectores populares de tener una atención de salud digna. Pero al mismo tiempo es la materialización de la incapacidad estatal y su cierre es como que te quiten lo poco que te han dado”, comenta por teléfono.
La disputa por la torre
Los últimos cuatro alcaldes de Bogotá han estado inmersos en una disputa urbanística sobre cómo recuperar el San Juan de Dios. Petro, que despachó en abril de 2015 desde el hospital, adquirió el predio a Cundinamarca en noviembre de ese año, semanas antes de terminar su mandato. Inauguró un sector de la torre para consulta médica, pero poco después quedó abandonado. Enrique Peñalosa, en tanto, estructuró la licitación de un nuevo hospital, el Santa Clara, en el sitio de la torre central del San Juan. Claudia López firmó el contrato para ello con la empresa española Copasa. Mientras tanto, hubo algunos avances en refacciones de otros edificios que están fuera del contrato que hoy está en disputa.
Ahora que Petro es presidente, ha retomado la iniciativa desde el Gobierno nacional. El Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo de 2023, le otorgó facultades para adquirir el predio y crear una nueva entidad que “tenga como objeto la prestación de servicios de salud o investigación”. Como consecuencia, el Ministerio de Cultura se ha involucrado más activamente en los proyectos para restaurar las partes del complejo que están fuera del contrato con Copasa: hay obras en marcha en dos edificios y prepliegos para licitaciones en otros ocho. Todo el terreno, no obstante, aún es del Distrito de Bogotá.
El médico e historiador Mario Hernández, coordinador del proyecto de restauración en el Ministerio, defiende por teléfono la postura del Gobierno. Señala que se podrían hacer nuevos edificios, pero no demoler los que ya existen. “La torre es la joya de la corona”, remarca. Explica que, en su visión, el patrimonio no puede limitarse “solo a lo estético”, en referencia a la belleza, perfección y pulcritud de los pabellones franceses. “Tiene que ver con la identidad, con las experiencias y la relación con la gente”, comenta el también profesor de la Universidad Nacional. Asegura, además, que los estudios técnicos muestran que recuperar la torre tiene costos apenas superiores a los de un edificio nuevo. “Es un mito urbano decir que es cuatro veces más caro”, afirma.
Hernández remarca que el Ministerio nunca dio su aprobación para el proyecto de nuevo edificio que presentó Copasa. “Tres veces falló, no se acogieron los impactos ambientales”, señala. Asimismo, dice que la postura del Gobierno no es solamente por “algo afectivo”. “Es consecuencia también de un mandato legal por la lucha de trabajadores”, afirma en referencia a la ley de 2002, que ordena “la remodelación, restauración y conservación” del hospital.
La postura de los tres sucesores a Petro en la Alcaldía la defiende la arquitecta María Mercedes Jaramillo, gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá y secretaria de Planeación durante la Alcaldía de Claudia López. En conversación telefónica, diferencia entre el valor arquitectónico de “un conjunto de edificios muy hermosos, con el estilo de los centros hospitalarios franceses del siglo XIX” y el de una torre que define como “disruptiva”. “El edificio central es un aterrizado en ese lugar, no es lo más interesante que hizo el estudio Cuéllar Serrano Gómez en Bogotá y está en pésimas condiciones. Eso es un hecho objetivo”, subraya.
La arquitecta reconoce que “conceptualmente es válida” la visión del Gobierno sobre el valor de la torre para la historia de la Medicina, pero enfatiza que ya no es tiempo para ese debate. Señala que existe desde hace años un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que estableció la creación de “un hospital universitario” —algo que también dice la ley de 2002—. Argumenta que la torre no puede cumplir con los requisitos de seguridad que hoy en día se requieren para un centro médico de estas características y que no hay otros espacios disponibles para construir. “Podrían haber dicho antes del PEMP que había que conservarla para hacer otra cosa, como un museo, pero no fue lo que se estableció”, afirma. “No quiero sonar burocrática, pero existen precedentes administrativos y jurídicamente vinculantes que determinan una serie de cosas y deben respetarse”, agrega.
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