El Gobierno no tendrá la Ley de Movilidad en 2024 como quedó con Bruselas por 700 enmiendas y falta de apoyos parlamentarios

[walter.hayley]

A menos que haya un milagro, ya puede considerarse oficial que la Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno prometió a Bruselas tener lista antes de finales de este año no verá la luz en 2024. Así lo aseguran desde distintos partidos en el Congreso y lo deja ver el hecho de que, a un mes de que termine el año, el PSOE todavía no ha convocado la ponencia que deberá empezar a votar las 700 enmiendas que se han presentado al texto original. Ante la falta de acuerdo parlamentario, el PSOE no quiere repetir las dificultades que pasó hace apenas dos semanas para sacar la reforma fiscal, aunque ello sea como certificar que no llegará a tiempo para aprobar una ley de la que depende que la Comisión Europea autorice un nuevo tramo de ayudas del fondo Next Generation.

Fuentes del PSOE, del PP y de grupos más pequeños dan por descontado que cuando termine 2024 seguirá sin aprobarse una ley que empezó a tramitarse por primera vez en la legislatura pasada, decayó con la convocatoria electoral del 23 de julio de 2023 y que el Gobierno recuperó a principios de año, idéntica en su redacción para que el "consenso" que ya se había alcanzado en el Congreso en torno a ella permitiera que quedase aprobada antes de final de este año.

Sin embargo, con diciembre a punto de empezar, se acaba de cerrar el plazo en el que los grupos han presentado siete centenares de enmiendas, que ni socialistas, ni populares ni desde ERC ven posible que dé tiempo a estudiar, negociar y votar en solo un mes. En estas prisas, fuentes socialistas hablan de la "voluntad del PP de hacer política" para ver si estarían dispuestos a tumbar una ley sobre la que desde el PP se reconoce que no existen grandes divergencias, que tampoco se reflejan en las enmiendas. Aunque son muy numerosas, en ninguno de los grupos consultados se ven grandes dificultades para llegar a acuerdos, aunque no es un trabajo que calculan que pueda hacerse antes de 2025. "Queda mucho", dicen fuentes socialistas, que, como en ERC, no ven posible cribar las 700 enmiendas en dos semanas. "Es imposible", dicen los republicanos catalanes.

Agonía de la reforma fiscal​

En este contexto y aunque el tiempo apremia, las dificultades del Gobierno son otras. Parten de la falta de apoyos parlamentarios generalizada, que quedó muy patentes en la agónica aprobación hace dos semanas de la reforma fiscal, que antes de llegar al Pleno pasó por una turbulenta comisión de Hacienda. Ahora, de cara a la Ley de Movilidad Sostenible, fuentes parlamentarias afirman que el Gobierno no quiere pasar por lo mismo y que no convocará la ponencia en la que deben negociarse y votar las enmiendas por primera vez hasta que no sepa que tiene apoyos seguros.

Esto se refleja en que hace unos días, la comisión de Transportes acordó convocar una nueva sesión para el 18 de diciembre, pero será solo para preguntas al Gobierno, sin crear la ponencia para empezar a trabajar en la ley que el PSOE ya aplaza para el año que viene, mientras que en el PP deslizan que puede que no se apruebe en toda la legislatura.

Esta ley del Ministerio de Transportes busca promover la descarbonización del transporte urbano, interurbano y en los grandes centros de trabajo mediante fórmulas alternativas al coche, como el impulso a la bicicleta o la peatonalización, fomentar el vehículo compartido, el tren y particularmente para el transporte de mercancías o la posibilidad de que los alcaldes que lo deseen pongan peajes urbanos.

Sin embargo, es más que eso, porque figura en el plan nacional de recuperación y resilencia como uno de los compromisos del Gobierno ante Bruselas para recibir fondos europeos. El calendario para esta ley decía que debe estar aprobada antes de que termine este año, algo que no ocurrirá finalmente y a lo que desde el PSOE se resta importancia debido a que el Parlamento ya la está tramitando. Según apuntan este partido, el Gobierno podrá acreditar ante la Comisión Europea que ha hecho su parte y que los trabajos continúan en el Parlamento español, que es autónomo.

Menos optimistas, fuentes del PP dudan de que la ley vaya a ver la luz esta legislatura. En ese caso, sería la segunda vez que decae en el Parlamento y el tropiezo final a una ley que en septiembre salvó otra 'bola de partido', superando la enmienda a la totalidad que planteó el PP, que no logró vetar la ley y frenar así su tramitación gracias a Junts, que en esta ocasión votó en contra de las pretensiones del PP y, por lo tanto, a favor de las del Gobierno.

Tal y como muestra la actividad del Congreso semana sí y semana también, este apoyo de los independentistas catalanes fue puntual y llegó entre dos "noes", a la reforma de la ley de alquiler temporal y a la senda de estabilidad que tuvo que retirar el Gobierno. En este contexto, la Ley de Movilidad ha quedado inmovilizada hasta que confirme unos apoyos que en los próximos meses previsiblemente se encarecerán a medida que llegue el momento de aprobar los Presupuestos, ya en 2025.

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