El Gobierno defiende la "normalidad" del nuevo 'tasazo' de basura: "El vecino tiene derecho a saber qué paga y por qué"

[bmurazik]

El Gobierno se mantiene en la defensa de la nueva tasa de basura que los ayuntamientos tendrán que crear como muy tarde en abril de 2025 para cobrar íntegramente a los ciudadanos el coste de recoger, transportar y tratar los residuos orgánicos. A pesar de la oposición frontal de los alcaldes del PP, de las dudas que suscita su aplicación también entre ediles del PSOE y de que la Comisión Europea ha apuntado que no es la única vía de la que disponía el Gobierno para reducir la generación de residuos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha situado este nuevo impuesto municipal dentro de la "normalidad" y lo ha defendido como un instrumento más "transparente" que "diluirlo" en el IBI como hacen muchos ayuntamientos y, en definitiva, como algo que reconoce "el derecho del vecino" a saber qué paga y para qué.

"Fuera de España y dentro, son muchos los ayuntamientos que tienen incorporado este mecanismo en su base de recaudación a través de ordenanzas fiscales de la más absoluta normalidad", ha dicho Morán en una comparecencia en la comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde ha defendido la tasa que será obligatoria en todas las ciudades a partir del año que viene, también en base a su propia experiencia de alcalde de Lena (Asturias) durante 12 años. Según ha explicado, existía antes de su mandato y sobre ella se crearon medidas para incentivar o desincentivar a partir de esta tasa el tratamiento o la generación de residuos. "Cada ciudadano sabía que el coste de la recogida y del tratamiento era el que era y se distribuía sobre el conjunto de los vecinos a la hora de pagar la tasa", ha dicho sobre un nuevo impuesto que tendrán que crear todos los alcaldes para repercutir en los vecinos el 100% del coste de esta gestión de residuos, sin capacidad para destinar a cubrirlos con otros recursos financieros.

"Es verdad que otros optaron por diluir la tasa dentro del IBI. Creo que eso no ayuda en nada a trasladar a la ciudadanía, no es transparente", ha añadido Morán.

"El vecino tiene derecho a conocer qué paga, por qué paga y a qué se destina lo que paga y, dentro de esta normalidad, es por lo que se establece esta figura dentro de la ley", ha enfatizado, dando una señal más de que el Gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás, tal y como el mes la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión en Moncloa, cuando apuntó que estudian "acciones legales" contra una norma que consideran que atenta contra la autonomía fiscal que tiene los ayuntamientos, a los que la ley reconoce competencia exclusiva para fijar sus propias tasas e impuestos.

Suspenso en Zonas de Bajas Emisiones​

Morán ha insistido en la nueva tasa de la basura durante una comparecencia en el Congreso para responder en nombre del Gobierno a distintas preguntas de los grupos parlamentarios. Otra de ellas ha versado sobre el grado de cumplimiento de una de las disposiciones de la Ley de Cambio Climático, que obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en pie zonas de bajas emisiones (ZBE). Su respuesta ha dejado ver la tasa de ayuntamientos que lo han hecho no llega más que al 16,5% no solo dos años después de que expirara el plazo que les daba la ley para ello, sino también terminada hace meses la prórroga de año y medio que se les dio en diciembre de 2022.

"A fecha de hoy", ha dicho, de los 151 municipios obligados por ley a implantar la ZBE, solo 25 la tienen creada y funcionando. En otros 116 "están en fase de aprobación" y "solo hay 10 municipios de los obligados que por diversos motivos aún no han empezado los trámites".

Esta enumeración da muestra del grado de fracaso por parte del Gobierno central para hacer efectiva la obligación de restringir zonas al tráfico en las grandes ciudades. En un primer momento, los alcaldes tendrían que haberlo hecho para "principios de 2023". Unos días antes de que empezara ese año, a finales de diciembre de 2022, el Gobierno aprobó una prórroga de 18 meses en los que los alcaldes no serían declarados incumplidores si al menos iniciaban los trámites antes de junio de 2024. Bien pasada esa fecha, Morán ha señalado este jueves que solo 25 ciudades tienen implantadas ZBE.

El fracaso del cumplimiento de este aspecto de la Ley de Cambio Climático ha pasado a lo largo de los años desde el Ministerio para la Transición Ecológica, que no fijó un régimen sancionador para los alcaldes incumplidores, y después del de Transporte, que les advirtió después de que tendrían que devolver las ayudas europeas que recibieron para ello, que ahora se plantea destinar a otros fines para no tener que devolver a Bruselas.

Entretanto, la creación de zonas con restricciones al tráfico se convirtió en un arma electoral, con partidos como Vox y el PP defendiendo no aplicar la ley, dar marcha atrás o modificar proyectos ya aprobados a niveles insuficientes a ojos del Ministerio. Todo esto se topó además con que 2023 fue un año electoral y que tampoco el PSOE insistió en una cuestión por la que, como los de otros partidos, tampoco sus ediles mostraron un gran entusiasmo.

A pesar de ello y sin explicitar cómo, Morán ha lanzado un nuevo aviso. "Aquellos que no cumplan, les traslado que tendrán que responder por su incumplimiento. No puede ser que un municipio ignore sus obligaciones en la defensa de la salud de la ciudadanía y que, en función de la responsabilidad de su ayuntamiento, los ciudadanos estén en mejores condiciones que otros a la hora de abordar proyectos de futuro vinculados a la salud".

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