muller.mable
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Después de que se hayan retirado los Conguitos del bar del Parlament de Cataluña, uno ya no sabe si es políticamente correcto decir que a alguien le crecen los enanos, pero no hay expresión que refleje mejor la situación que atraviesa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz . Bien es cierto que su calvario judicial no es tanto fruto de la mala suerte como de un cúmulo de decisiones, en algunos casos arbitrarias, en otros erróneas, y en otros directamente torpes en ese circo en el que ha convertido a la Fiscalía General. La última ha sido la de revisar un móvil en el patio de la sede en Fortuny en pleno registro de su despacho por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hacer esto en el marco de una investigación por revelación de secretos en la que se ha acordado la incautación de todos sus dispositivos es de una torpeza tan supina como la del que se esconde un 'pendrive' en el zapato en un registro domiciliario aunque no contenga elementos incriminatorios. Tras la advertencia de una de las acusaciones populares, que ha pedido que testifique el fiscal que le vio examinando ese móvil en compañía de su número dos, alguna explicación tendrá que dar García Ortiz, ya sea dentro o fuera de la sede judicial porque lo que no parece creíble es que mientras ponen tu despacho patas arriba, te dediques a enseñarle a tu subordinada fotos de tu veraneo en la playa o de la graduación de tus hijos. Noticia Relacionada estandar Si La asociación de fiscales personada en la causa de García Ortiz recurre que la investigación se ciña a sólo una semana Nati Villanueva La APIF cree que antes y después puede haber conversaciones cruciales del fiscal general que acrediten la revelación de secretosClaro, que cabe la posibilidad de que ese móvil que la asociación de fiscales vincula, al menos «aparentemente» al fiscal general, fuera en realidad de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, en cuyo caso también se deberían dar explicaciones porque la escena huele francamente mal. Tanto como el hecho de que sea precisamente Sánchez Conde la encargada de ejercer la acción penal en defensa de la legalidad en la causa en la que está imputado su jefe. En permanente contacto con él –trabajan codo con codo–, la teniente fiscal es la persona a la que García Ortiz ha confiado los asuntos relevantes en los que el Gobierno tiene especial interés –'procés', Tsunami, la propia querella del novio de Ayuso que ha dado origen a este procedimiento...–. Las suspicacias de las acusaciones en torno al papel de esta fiscal están más que justificadas, sobre todo cuando sus movimientos son paralelos a la Abogacía del Estado , que es quien defiende a García Ortiz en su condición de funcionario público.El primer movimiento de la número dos del fiscal general, una vez que el Supremo asumió la causa, fue pedir la nulidad de los registros practicados en los despachos de los dos imputados (junto a él lo está la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid), diligencia que rara vez suele recurrir el Ministerio Público, según reconocen en la Fiscalía. Pero volvamos a los enanos de García Ortiz, porque no todo acaba en esta causa penal que le ha convertido en el primer fiscal general imputado por la Sala Segunda en la historia de la democracia. Su propio nombramiento está cuestionado ante la Sala Tercera, la de lo Contencioso-administrativo, del Supremo, en la que la asociación de fiscales que lo ha recurrido presentó hace unos días sus conclusiones definitivas, lo que implica que el caso ya solo está pendiente de señalamiento para deliberación y fallo. La decisión está en manos de cinco magistrados, de los que, en un movimiento que fiscales del Alto Tribunal tildaron entonces de «insólito», García Ortiz recusó sin éxito a cuatro, a todos menos a Pilar Teso, la progresista a la que el Gobierno quiere al frente de esta sala, la misma magistrada que suscribió un voto particular contrario a la decisión de sus compañeros de tumbar el nombramiento de Dolores Delgado en Memoria Democrática. Nunca antes un fiscal general había extendido la sombra de la sospecha sobre la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo en plena campaña de acusaciones de 'lawfare'. Bien es verdad que hasta que Delgado dio el salto del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General, este órgano nunca había estado tan mimetizado con el Ejecutivo, con el que comparte incluso la estrategia de resistir atacando.
Nati Villanueva: El fiscal general, el circo y los enanos
La última polémica de García Ortiz le sitúa revisando un móvil con su número dos el mismo día en el que la UCO registraba su despacho y le requisaba sus teléfonos por orden del Supremo
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