El impacto de las inundaciones que hace un mes se llevaron por delante 222 vidas, pueblos, viviendas, comercios, infraestructuras y coches en la provincia de Valencia también se va a notar en las finanzas de la Generalitat, que si ya presentaban una situación precaria antes de la catástrofe del 29 de octubre por la infrafinanciación, ahora encaran un panorama crítico. Por ello, el Gobierno autonómico ha pedido al Ejecutivo central una flexibilización de las reglas fiscales, es decir de los criterios de déficit y deuda. El Gobierno ha dado el visto bueno a que los gastos excepcionales derivados de la DANA no computen como déficit en 2024 y se muestra dispuesto a hacer lo mismo para 2025. Mientras tanto, el president Carlos Mazón ha optado por prorrogar los Presupuestos de este año y elaborar unas nuevas Cuentas enfocadas hacia la reconstrucción. Para ello, el Consell necesita más margen con el gasto público y con su capacidad para endeudarse.
Aunque la Generalitat no tiene aún una cifra cerrada del esfuerzo financiero que supondrá afrontar la reconstrucción tras la catástrofe, algunas provisionales ya dan idea del desafío. El Gobierno valenciano lleva aprobados 400 millones de euros en ayudas de distinto tipo y solo la reparación del metro a su paso por las localidades arrasadas se calcula en 100 millones de euros. Además, ha pedido al Gobierno central que active hasta 31.000 millones de euros en ayudas, de los que hasta el momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la mitad.
Sin embargo, la situación financiera de la Generalitat arroja un panorama adverso, con un déficit público de 3.358 millones de euros en 2023, lo que supone un 2,45% del PIB, el más elevado de España. La deuda, por su parte, se sitúa en 59.569 millones de euros, la más alta en términos relativos.
Por el momento, la respuesta del Gobierno central a la petición financiera del Consell se recoge en el real decreto ley del pasado 11 de noviembre, que en una disposición adicional indica que los gastos excepcionales derivados de la DANA se considerarán "de forma diferenciada" a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Preguntadas por la posibilidad de aplicar esta medida también el año próximo, fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero afirman que "si hay gastos en 2025, la idea es la misma".
Por otro lado, según explican desde la Conselleria de Hacienda, la titular de este departamento, Ruth Merino, ha enviado dos cartas a la ministra Montero para exponerle las necesidades "más urgente" de la Generalitat de cara a la etapa de reconstrucción. Para el Gobierno valenciano, lo más importante sería poder contar con recursos del Estado no reembolsables, es decir, algo similar al fondo activado durante la crisis de la covid. Según estas fuentes, el Ministerio "se ha negado alegando que se necesitan nuevos Presupuestos, pero obvia que un presupuesto prorrogado sí se puede modificar para incorporar ingresos y, de hecho, en pandemia se hizo", añaden.
En la primera carta, fechada el 7 de noviembre, Merino informó a Montero que los daños estimados en infraestructuras autonómicas en las zonas afectadas y otros gastos adicionales se estiman por encima de 5.000 millones de euros, por lo que solicitaba recursos procedentes del Estado y de la Unión Europea a fondo perdido para las reparaciones y la reactivación económica. Además, pedía autorización para superar los límites de déficit, deuda y regla de gasto o, en su defecto, un "déficit objetivo singular de la Comunitat". En su respuesta, según la Conselleria, la ministra "no responde a la petición" de contar con recursos a fondo perdido.
En una segunda carta, el 13 de noviembre, Merino insistió en su reclamación, y Merino respondió, según el Consell, vinculando las transferencias a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que desde el Gobierno valenciano consideran "un chantaje en toda regla".
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