El Congreso mantiene que actuó correctamente con la ley que beneficia a etarras e invita al Senado a acudir al Constitucional

major.schinner · 19 Nov 2024

armengol-rollan.efe-kIFG-RChA4E6KVl1jIkpvkZctwVJ-758x531@diario_abc.jpg

El Congreso insiste en que actuó conforme a derecho con la ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea (UE) y beneficia a más de medio centenar de presos de ETA directamente, e invita al Senado a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para resolver el choque institucional iniciado por este último la pasada semana. La Mesa del Congreso decidió desdeñar el rechazo de la Cámara Alta a la norma —interpretado por su presidente, Pedro Rollán (PP) como un veto— y mandarla directamente al Boletín oficial del Estado para su publicación.La contestación redactada por los letrados del Congreso, y a la que ha tenido acceso ABC, cree que el conflicto de atribuciones planteado por la Cámara Alta es «improcedente» por que se refiere a un acuerdo de la Mesa «plenamente ajustado a Derecho». Y para ello, alega hasta seis razones: el acuerdo del Pleno del Senado se produjo fuerza de plazo (el 14 de octubre); ni siquiera el propio Senado califica el rechazo a la norma como un veto; los graves defectos apreciados en la tramitación del supuesto por parte del Senado, adoptado con «completa omisión del procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara»; el rechazo del texto por parte del PP no constituye un veto a efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la Constitución Española (CE); la Mesa del Congreso, al adoptar el acuerdo y enviar el texto al BOE, actuó conforme a la CE, al Reglamento de la Cámara y al TC. Por último, alegan los letrados que la norma ya fue publicada en el BOE el pasado 19 de octubre y entró en vigor el 8 de noviembre, por lo que «no podría de ningún modo el Congreso de los Diputados atender al requerimiento del Senado [...] ni siquiera, que no sería el caso, si se considerase procedente hacerlo [...]».Ya en vigorLa Cámara Alta activó la pasada semana el conflicto institucional a petición del Partido Popular después de que la Mesa enviara la norma, ya en vigor desde el 8 de noviembre, al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su posterior publicación. Todo ello, a pesar de que los populares (con mayoría en el Senado) devolvieran el texto a la Cámara Baja tras rechazarla. Un resultado que el presidente, Pedro Rollán, interpretó como un veto. PSOE y Sumar hicieron valer su mayoría en la Mesa para dar por aprobada la ley y la remitieron directamente al BOE, y no estimaron oportuno celebrar un nuevo debate en el Pleno ni una votación.Los letrados del Congreso consideran «improcedente» el choque institucional planteado por el Senado porque el acuerdo de la Mesa se ajusta «plenamente» a derechoLa ley, una transposición de una directiva europea, llegó al Senado sin oposición alguna de ninguna formación política y sin presentar enmiendas. Fue en el último escalón de la tramitación de la norma, en el debate en el Pleno del Congreso, cuando se descubrió la enmienda que coló el Gobierno, previa negociación con EH Bildu, para que las condenas de cárcel cumplidas en estados miembros de la UE se descuenten del tiempo de pruisión en España. PP y Vox maniobraron entonces, a la desesperada y sin éxito, para frenar la tramitación de la norma. Ahora, cabe dar continuidad al conflicto de atribuciones por parte del Senado y elevar la cuestión al Tribunal Constitucional para que resuelva. Un choque que, a juicio de los letrados del Congreso, es «improcedente» por que se refiere a un acuerdo de la Mesa «plenamente ajustado a Derecho».