El Congreso fiscalizará a tres de las adjudicatarias de lenguas cooficiales por ofertas muy bajas

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El Congreso de los Diputados adjudicó el mes pasado cuatro contratos para la traducción e interpretación al castellano de las lenguas cooficiales. En total, y en base al uso que finalmente se haga de este servicio, la Cámara Baja prevé destinar el año que viene –cifra prorrogable para los dos siguientes– un máximo de 3.990.315,14 euros. Un precio que puede parecer elevado, dado que todas sus señorías entienden y hablan un perfecto español, pero que genera sospechas por el bajo coste ofrecido por tres de las cuatro empresas adjudicatarias de la prestación.Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, se han apreciado valores anormalmente bajos –lo que antes se conocía como una oferta baja temeraria– en tres de las adjudicaciones. Se trata de las empresas Altalingua SL, que ofrecerá servicios de traducción por 714.853,61 euros al año; Pangeanic BI Europa SL, que se encargará de la transcripción por 462.835,89 euros al año; y Red Bee Media SLU, que subtitulará por 672.740,64 euros al año.Estas tres ofertas, según ha podido saber este diario, están muy por debajo de las realizadas por otras empresas del sector. Fuentes de Presidencia del Congreso preguntadas por este extremo admiten que todas ellas deberán hacer un informe mensual a la Cámara Baja para detallar su actividad y que también tendrán que someterse a una reunión presencial e individual de carácter trimestral. «Eso es algo normal a lo que nos obliga la ley de contratos por haber presentado ofertas tan bajas. La colaboración con las empresas se hará y servirá además para que el servicio funcione engrasado y bien», remarcan.Noticia Relacionada estandar No Sumar carga contra el PSOE por sus enmiendas contra el colectivo trans: «No vamos a permitir ningún recorte» Patricia Romero Los socialistas aprueban en su 41º Congreso Federal retirar el «Q+» de las siglas LGTBI y excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninasDesde Presidencia del Congreso se habla de «un precio muy competitivo» y se ofrece una explicación: «Parte del servicio que ofrecen se puede hacer ya a través de inteligencia artificial (IA), con 'software' que traduce, subtitula y transcribe de manera automática. Esta innovación tecnológica seguirá desarrollándose con el tiempo, así que, si este servicio ya nos va a costar menos de lo que inicialmente habíamos previsto en los pliegos, previsiblemente continuará reduciéndose su coste en los futuros contratos».Este no es el caso de la empresa UTE AIB-AIM, la cuarta en cuestión, que interpretará al castellano los discursos que hagan los diputados en catalán, euskera y gallego. Por ello, recibirá 2.139.885 euros al año. Fuentes parlamentarias destacan que, al contrario que con las tres anteriores compañías, era la cuantía más elevada de las firmas que ofrecían sus servicios de interpretación al Congreso.Una promesaLa Cámara Baja empezó a traducir las lenguas cooficiales en septiembre del año pasado, antes siquiera de que esos tres idiomas tuviesen el aval reglamentario necesario para su uso. Su empleo fue un compromiso que adquirió la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, cuya lengua materna es el catalán, con los partidos independentistas para que apoyasen su candidatura como tercera autoridad del Estado. Hasta entonces, el PSOE se había negado a respaldar esta reivindicación nacionalista.Si bien ahora habrá que someter a examen esas tres empresas por sus ofertas anormalmente bajas, al menos desde el próximo enero el servicio de traducción empezará a funcionar con cierta normalidad. Entre septiembre del año 2023 y este diciembre, el Congreso ha estado en situación de temporalidad y ha tirado de contratos menores de forma sistemática para satisfacer desde el primer momento las exigencias de los nacionalistas. Entre el 19 de septiembre del 2023 y el 29 de octubre del 2024, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la Mesa del Congreso y la Junta de Contratación han aprobado o convalidado un total de 329 contratos menores de traducción, transcripción o interpretación por valor de 883.032, 33 euros.El diario ABC, en su edición del 18 de agosto, adelantó el dinero destinado a los 249 contratos menores aprobados o convalidados hasta julio ABCABC ya adelantó en agosto que hasta julio se habían aprobado o convalidado 249 contratos menores por 780.546,18 euros. Entonces, desde Presidencia del Congreso decían que «pronto» se iba a adjudicar un concurso público que terminó formalizándose en noviembre; tres meses después. Esos 883.032,33 euros eran lo máximo que tenía previsto invertir la Cámara Baja porque estas operaciones se calculan por bolsas de horas de toda la actividad que se podría requerir.Con el servicio a medio gas, al principio traduciéndose solo los plenos y, después, hasta tres comisiones de forma simultánea, nunca más, el Congreso ha gastado finalmente 567.997,98 euros en los contratos menores destinados a la interpretación de las lenguas cooficiales, según los datos que constan en la página web de la institución. A ese montante habría que añadir el coste del último trimestre del año, que aún no figura en ella, pero también otras partidas que han requerido una inversión mayor.Más de dos millonesSegún adelantó 'El Periódico' y ha podido cotejar ABC, al margen del dinero destinado a intérpretes, transcripción, subtitulación y traducción, hay que añadirle la adaptación de diversas salas del Congreso, entre ellas la Constitucional, la Cánovas y la Sagasta, para que pudiese ofrecerse este servicio. Esto supuso el desembolso de 1.633.500 euros. Es decir, hasta la fecha y antes del asentamiento de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja, traducir al español en España le ha costado más de dos millones de euros a la institución.El Partido Popular y Vox se opusieron sin éxito al uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso, pero el cambio de opinión del PSOE fue determinante para modificar el reglamento de la Cámara Baja y permitir su empleo. El objetivo de Armengol es que sus señorías se expresen en estos idiomas en igualdad de condiciones con quienes lo hacen en castellano, a pesar de que esta última es el única lengua oficial en todo el Estado y de que la Constitución establece que todos los españoles tienen «el deber de conocerla».La Carta Magna solo reconoce la oficialidad del resto de lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas, pero no en el territorio donde no se hablan. La izquierda y los nacionalistas defienden su uso en el Congreso como representantes de provincias donde sí son oficiales catalán, euskera y gallego, mientras la derecha se opone por ser la Cámara Baja sede de la soberanía nacional y existir un idioma común.

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