El viacrucis judicial del PSOE con el caso ERE de Andalucía no ha terminado con las últimas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). La mayoría de magistrados progresistas que controla el órgano de garantías estableció una teoría paralela a la de la ilegalidad de las ayudas sobre la que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo sustentaron sus condenas de prisión y/o inhabilitación a los antiguos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán , entre ellos. Los expresidentes aguardan a que el tribunal que los juzgó y condenó en la denominada pieza política de esta macrocausa de corrupción dicte nuevas sentencias ajustadas al criterio del TC aplicando rebajas sustanciales a sus penas. Entre tanto, el proceso no deja de crecer. Hace diez años el sumario se dividió en 187 partes, una rama por cada una de las empresas que recibió ayudas al margen del procedimiento legalmente establecido entre los años 2000 y 2010. Sin norma ni publicidad ni libre concurrencia, la Junta de Andalucía repartió a su voluntad casi 680 millones de euros para sofocar conflictos laborales, financiar despidos, pagar favores y, en definitiva, mantener engrasada la red clientelar del PSOE. De las casi 190 piezas separadas que componían el puzle judicial de los ERE, hoy 136 permanecen vivas. De ellas, solo 21 cuentan ya una sentencia , dos esperan el fallo tras la vista oral y otra está juzgándose. Las 112 piezas restantes aún están pendientes de enjuiciamiento por distintos motivos: unas están en fase de instrucción, en otras ha concluido la investigación y las más avanzadas se elevaron a la Audiencia de Sevilla tras dictarse el auto de apertura de juicio. Ésta es la foto fija actual de la macrocausa, según el último recuento realizado el 10 de enero pasado. Todo ello después de que el proceso haya menguado como consecuencia de archivos por el fallecimiento de imputados, la prescripción de delitos , la exclusión de políticos juzgados en la pieza principal o debido a defectos formales que han dado al traste con años y años de intenso trabajo. Hasta 68 de las referidas investigaciones se encuentran en trámite en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que recae este proceso penal.Investigaciones en distinta fase procesalDe estas 68 piezas, 40 se encuentran en fase de investigación —diligencias previas— y las 28 restantes en un estadio intermedio en el que se han finalizado las pesquisas y el magistrado instructor, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto de procesamiento ―transformación de las diligencias en procedimiento abreviado—, según el balance facilitado por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las otras 68 causas hasta completar las 136 que integran este macro proceso se han elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla para el enjuiciamiento de la supuesta malversación . De ellas, 21 cuentan ya con sentencia.Las 136 piezas es el último recuento realizado por el juzgado hasta el pasado 10 de enero, después de los archivos y prescripcionesLa pieza más mediática es la del llamado procedimiento específico, la que sentó en el banquillo a 22 ex altos cargos autonómicos . Durante 152 sesiones se juzgó el sistema presupuestario y financiero diseñado para repartir de manera arbitraria más de 270 ayudas públicas a empresas y entidades durante una década. Es la pieza que primero se enjuició en la Audiencia de Sevilla, en 2018, y que contó con una sentencia que posteriormente fue corregida por el Constitucional. El TC concedió amparo a los políticos condenados alegando que la distribución irregular de dinero público estaba bajo el amparo de las sucesivas leyes autonómicas de presupuestos que recogían una partida concreta para nutrir el programa de ayudas. Aparte del referido procedimiento específico, ha habido resoluciones en las piezas de Acyco, Novomag, ayudas a empresas del corcho, Picos Yeyé, Nerva Croissant, Industrias Elizana, Escayolas Saavedra, Carpintería Pérez y Fuentes, Gálvez Peluqueros, las ayudas al chófer del ex director general del Trabajo Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) , Plantas y Flores Castejón, Elaborados Cárnicos Andaluces, Hotelera Comar, EDM Séneca, Aerosur, Plantasur, Tartessos Car y Surcolor. A esta lista se suman dos ayuntamientos beneficiados con un fondo que en realidad estaba destinado a empresas en crisis : el de Guarromán, en Jaén, y el de Los Palacios. Dos antiguos alcaldes socialistas fueron condenados a dos años de cárcel, en el caso del primero, y a catorce meses de reclusión, el segundo.Sólo 21 investigaciones cuentan con una sentencia, dos están pendientes de fallo y una se está juzgando ahoraLas sentencias se han saldado en la mayoría de los casos con penas de inhabilitación y prisión para los ex altos cargos que participaron en la concesión y pago de las subvenciones y para los empresarios que las recibieron a sabiendas de su ilicitud. En los inicios de la instrucción, el número de imputados llegó a superar los 500 , pero tras los archivos y defunciones el juzgado no puede concretar la cifra actual.De las 68 piezas elevadas a la Audiencia de Sevilla, hay otros dos procedimientos pendientes de sentencia tras la celebración de un juicio: la referida a las pólizas individuales y las ayudas a Fertiberia . De las 68 piezas remitidas a la Audiencia para su enjuiciamiento, dos se han devuelto al juzgado para que dicte una nueva resolución. Actualmente se está desarrollando el juicio por el casi medio millón de euros que la Junta pagó al Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre) . En el banquillo se sienta, entre otros, José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, extrabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid.Un trabajo titánico en la instrucciónA medida que el instructor del caso ERE va dictando los autos de apertura de juicio oral, las piezas se remiten a la Audiencia para nombrar al tribunal que juzgará los hechos. Cada causa que conforma este rompecabezas tiene sus imputados —en su mayoría empresarios pero también ex altos cargos que no han sido juzgados—, sus propios atestados de la Guardia Civil , sus informes periciales, decenas de actas y vídeos de declaraciones de testigos y encausados, aparte de una batería de escritos de la Fiscalía Anticorrupción y las partes. Son miles y miles de folios con pruebas documentales que hay que examinar, investigar y, en última instancia, juzgar . Se guardan en tomos que ocupan una sala entera de la segunda planta del edificio que alberga las dependencias judiciales de Sevilla en el Prado de San Sebastián. Solamente el referido procedimiento de Cenforpre que ahora está juzgando un tribunal de la Sección Primera de la Audiencia acumula 29 tomos y 13.336 folios , además de nueve partes y seis piezas de responsabilidad civil.
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