El bufete Cremades cobró 17 millones para indemnizar a 12.138 pasajeros, pero al menos 3.000 no eran válidos

Arno_McKenzie · 30 Sep 2024

Imagen de archivo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas el 4 de diciembre de 2010, durante la huelga de controladores aéreos.

El bufete Cremades & Calvo-Sotelo cobró 17 millones de euros en 2019 gracias a un acuerdo secreto que firmó con el sindicato mayoritario de controladores aéreos USCA para indemnizar a 12.138 pasajeros supuestamente perjudicados por el caos aéreo de 2010. El motivo de este pago era lograr la retirada de Cremades como acusación particular en un proceso judicial abierto en Madrid, con 133 controladores procesados. Sin embargo, una gran parte de los viajeros eran falsos o no tenían derecho a recibir el reintegro de sus billetes.

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[IMG alt="Una controladora aérea, en el aeropuerto Adólfo Suárez-Barajas.
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Un resacón que dura ya 14 años

El caos aéreo y la proclamación del estado de alarma en 2010 generaron un ruido y mala fama sobre los controladores que los tildó de privilegiados, egoístas e insolidarios al afectar a 700.000 personas por culpa de su conflicto laboral. El Gobierno utilizó sus altos sueldos como ariete para alimentar la guerra abierta y culpabilizarlos del inédito cierre del espacio aéreo que sufrió España.
Sin embargo, las 22 causas judiciales abiertas contra los controladores fueron archivándose poco a poco hasta que solo quedaron las de Madrid y Mallorca. El relato del caos aéreo que ha permanecido en la memoria colectiva es que los controladores se levantaron de sus puestos y dejaron los aviones en el aire, por eso el Gobierno tuvo que militarizar las operaciones.
Los controladores esgrimieron que el Ejecutivo había trazado un plan para privatizar Aena y que su elevada masa salarial era un impedimento insalvable. Sin éxito ni eco mediático. Hasta que el año pasado, el exministro y consultor José Blanco reconoció sin tapujos en el programa Anatomía de un caos aéreo de La Sexta: “Teníamos un plan de modernización de Aena para hacerla más competitiva y era nuestra hoja de ruta. Pero había costes de navegación aérea que lo hacían inviable. Claro que eran [los controladores] un impedimento para cualquier proceso de desarrollo empresarial de una compañía, si [Aena] tiene un altísimo coste en un sector que le lastra su competitividad, que supone que no puede bajar tasas, claro que supone un problema. Efectivamente, eran un problema (…) Había más de 500 controladores que cobraban más de medio millón de euros en 2010″.
Si el Gobierno tildó a los controladores de delincuentes de una “organización mafiosa”, en palabras de su ex secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el PP cargó con igual dureza: “Los controladores son un colectivo con un comportamiento muy grave que ha incumplido la ley”, acusó su entonces portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
Lo que empezó con peticiones de sedición penadas con cárcel quedó en una condena por conformidad en Baleares, pero 14 años después la moral del colectivo ha quedado por los suelos. ¿Por qué no reaccionaron los controladores ante el pago millonario procedente de sus salarios contrario a la absolución judicial? “Por el miedo a que el Gobierno saque nuevos decretos y nos ponga de nuevo en el foco ante la sociedad, igual que cuando nos tildaron de apestados y privilegiados. El sindicato USCA ha fomentado ese miedo y ha dejado a la gente narcotizada al transmitir que ‘si te tocan los derechos laborales, nadie va a defenderte, todo puede ir a peor”, responde el exportavoz de USCA, César Cabo, hoy muy crítico con la actual junta directiva. Tomás Virseda, secretario general del sindicato Spica, añade: “Es un caso patológico de profesionales muy formados y con carrera, una indefensión aprehendida con estrés postraumático, un síndrome de Estocolmo para permanecer ajeno a todo conflicto”. Barrientos, exmiembro de la cúpula de USCA, confiesa: “Mi propia madre no creía mi relato, es muy difícil luchar contra todo. Estaba seguro de que me pincharon el teléfono, tenía miedo y solo quería que acabara”.
Bernardo del Rosal, abogado que logró la absolución de los controladores en la Audiencia de Madrid, reflexiona: “La versión del abandono de sus puestos fue la que trascendió a la opinión pública. A pesar de que es impensable que un ser humano deje a los pilotos solos, igual que un cirujano abandone al paciente en la camilla de operaciones con la barriga abierta”.