zrohan
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La próxima licitación de Muface mantiene en vilo a funcionarios, aseguradoras y a los 1,5 millones de funcionarios que se benefician de este sistema. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anticipado que estará lista antes de acabar el ejercicio en aras de zanjar la situación que atraviesa el mutualismo. Aunque la crisis ha estallado a raíz del choque entre el Gobierno y Adeslas, DKV y Asisa por el precio estipulado para las primas, la tensión entre ambas contrapartes pone de relieve otros factores que van más allá de la actualización de tarifas.
La alta inflación y la elevada siniestralidad en este tipo de seguros han acentuado la “deficitaria” situación que afronta Muface en los últimos años y que obedece a su propio planteamiento. La Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado fue creada en 1975 con una pirámide demográfica muy diferente a la existente en el momento actual, que está condicionada por el envejecimiento de la población. Fuentes financieras indican a La Información que esta ha sido una de las razones que han empujado al seguro a exigir un encarecimiento de hasta el 40% para presentarse a la próxima licitación.
La proporción de personas mayores de 65 años adheridas a Muface se ha incrementado de manera paulatina en los últimos años de tal modo que ya suponen más del 31% de todos los mutualistas, en su mayoría personal docente y trabajadores de la administración del Estado. El grueso se concentra en el grupo de entre los 35 y los 64 años de edad (42,4%), mientras el resto se corresponde con jóvenes de entre 15 y 34 años (13,9%) y población pediátrica (11,8%). Ante el aumento de la esperanza de vida y la menor natalidad todo apunta a que el colectivo de mayor edad será el que más crezca de aquí en adelante, presionando los costes al alza.
Precisamente, este es uno de los argumentos que esgrimen desde el Ministerio de Sanidad para abordar su desmantelamiento, bajo la premisa de que la menor proporción de población joven aboca hacia la insostenibilidad del sistema. Desde el departamento encabezado por Mónica García avisan de que "ningún sistema de aseguramiento funciona" si no existe un 'pool' de riesgos que permita ejercer un contrapeso entre quienes más demandan el servicio y los que hacen un uso más intenso del mismo.
Este lunes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se han analizado las implicaciones que tendría un posible trasvase de los funcionarios al sistema nacional de salud, tras lo que García ha remarcado que el Ejecutivo tiene "especial interés" en que la adjudicación salga adelante, aunque en su opinión, la sanidad pública está preparada para asumir su asistencia y, además, es "el mejor lugar" para ser tratados. Previsiblemente este martes podría aprobarse en Consejo de Ministros una adjudicación 'in extremis'.
En la consulta preliminar de mercado impulsada tras quedar desierto el concurso para los ejercicios 2025 y 2026 en los que se comprometían a aplicar una subida del 17,12%, solamente han participado DKV Seguros y Asisa. La primera ha exigido un incremento del 40% y solamente para un año, mientras que la segunda ha planteado el precio al que estaría dispuesta a renovar el concierto en función de los tramos de edad. Por su parte, SegurCaixa Adeslas, participada en un 50% por Mutua Madrileña y CaixaBank, ha enviado una carta en la que reiteran su postura, aunque lo han hecho por otros cauces.
En el documento elaborado por Función Pública, admiten que el órgano de contratación valora "favorablemente la propuesta de primas por tramos de edad "al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo". No obstante, se quejan de que la respuesta de los operadores "no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima". "Habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifican el incremento de la prima por parte de los operadores, si bien analizando las informaciones se deduce que la mayor parte del gasto es coste directo, donde se incluye la prestación asistencial propiamente dicha", subrayan.
El departamento que lidera Óscar López ultima una propuesta de urgencia para los siguientes tres ejercicios que deberá ser superior al citado 17,12% si quiere evitar un nuevo desplante de las aseguradoras. El convenio en vigor expira oficialmente el próximo 31 de diciembre, aunque en caso de no continuar deberían garantizar la cobertura hasta el 31 de enero, llegando incluso al 31 de marzo en algunos casos excepcionales como los embarazos.
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