Drones que vigilan el urbanismo, multan y ordenan demoliciones

[Tristin_Krajcik]

Más allá de hacer fotos espectaculares o servir de distracción familiar, los drones se han convertido en una herramienta muy útil para los servicios de control y vigilancia de la ordenación del territorio. En la Comunidad de Madrid , la Dirección General de Urbanismo los utiliza con este fin desde el pasado mes de septiembre. Con los drones y los medidores láser de precisión, se pueden inspeccionar todas las parcelas y, además, hacerlo en tiempo real, una ventaja para evitar el avance de cualquier construcción ilegal.El trabajo de disciplina urbanística es uno de los frentes en que trabajan más activamente en esta dirección general. A lo largo de la legislatura, se han interpuesto ya 334.000 euros en sanciones y se han dictado 45 órdenes de demolición en otras tantas construcciones que se habían levantado en parcelas de suelo protegido saltándose la ley.La incorporación de estas herramientas aéreas permite utilizar esta tecnología de vanguardia para vigilar, desde el cielo, el cumplimiento de la legalidad en esta materia y ayuda a tomar decisiones para restablecer las normas, en el caso de que se hayan quebrantado.Noticia Relacionada estandar Si Así será Madrid en 2050: viajar en aerotaxis, micropisos y 10 millones de habitantes Amina OuldSegún explica Sara Aranda, la directora general de Urbanismo, los están usando desde el verano, desde septiembre. Lo primero que incorporaron fueron los medidores láser, que son dispositivos que permiten baremar a distancia y con una enorme precisión. La principal virtud de los drones es precisamente esa: «Es una visión cenital, te permite medir sin necesidad de estar en el terreno y también detecta cualquier construcción ilegal que se haya levantado».Hasta ahora, en este departamento el control se hacía por medio de ortofotos, que son imágenes aéreas tomadas con un método que elimina las distorsiones por la perspectiva. Pero se renovaban aproximadamente cada dos años, lo que podía suponer que durante muchos meses avanzaran las construcciones ilegales sin que fueran advertidas, al situarse en el interior de parcelas sin acceso visual desde fuera. Las ortofotos «son estupendas, pero no aportan información en tiempo real, que sí la proporciona el dron», explica Aranda.En total, la Comunidad ha puesto a trabajar dos drones con cámaras y cinco medidores láser de precisión y largo alcance, con puntero digital, para optimizar sus inspecciones urbanísticas. Sobrevolarán los terrenos que se van a controlar y será difícil que se les escape cualquier irregularidad que haya sobre la superficie.madrid_dia_0703Este tipo de vigilancias se realizan, en el caso del Gobierno regional, en el suelo no urbano de especial protección, incompatible con su transformación por sus valores paisajísticos, ambientales, agrícolas, forestales, ganaderos o de riesgos naturales acreditados en el planeamiento. En todos los casos, se evita que se ocupen construcciones ilegales. De este modo, se garantiza que ese suelo se destine a los usos para los que está planificado: agrícolas o ganaderos. La labor de 'policías' del terreno que ejercen desde Urbanismo da resultados: en los últimos quince meses, desde julio de 2023, se han realizado en este departamento 201 inspecciones, 334 diligencias previas, se han comunicado 363 nuevas incidencias detectadas por medio de fotografías aéreas –casi una al día– y se han realizado 96 peticiones de información por los juzgados, tribunales, el Ministerio Fiscal o el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).Permiso del juezEl funcionamiento de este servicio es el siguiente: a los espacios que se van a vigilar se llega por varias vías, una de las cuales es la denuncia previa de la Policía. En otros casos, la inspección desde el aire de una zona deja en evidencia que en alguna parcela se están realizando obras que pueden ser irregulares: «El dron nos permite ver sin tener que entrar en la parcela y se puede concretar hasta dónde llega la infracción». Luego, lógicamente, hay que comprobarlo in situ, entrando en la parcela: «Para poder acreditar la infracción, hace falta verla en tiempo real». Algo que en ocasiones se hace con el permiso del propietario y, en otras, si este se niega, requiere acudir al juez para pedir una orden para entrar.Todo esto supone dedicarle un tiempo largo a cada irregularidad: «La ley dice que entre el requerimiento al interesado (el propietario de la finca) del título de construcción de lo que se esté investigando, a su demolición si no existe ese título, han de pasar unos 10 meses. Pero suele demorarse mucho, porque interponen muchos recursos».Si hay que recurrir a la ejecución subsidiaria, eso también lleva un largo proceso; la directora general de Urbanismo calcula que de un año o año y medio. Y suele llevar aparejado pedir permiso al juez para la entrada en la finca, lo que lleva aún más tiempo.En ocasiones, estos plazos se alargan tanto que los expedientes acaban caducando. Por eso, actualmente el Gobierno regional está tramitando actualmente en la Asamblea de Madrid una modificación de la Ley del Suelo a través de la legislación de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio. «Con ello queremos que se amplíen los plazos, para que no caduque el expediente. Les pasa sobre todo a los ayuntamientos, especialmente a los pequeños, que tienen menos capacidad de tramitación. Se va a ampliar de los actuales 10 meses a un año ese plazo del expediente para restablecer la legalidad».El número de incidencias que se registran son muy elevadas y la experta explica que no todas tienen la misma envergadura: la casuística es muy variada. «Las edificaciones ilegales pueden ser de distinto tamaño y a veces no son para usos residenciales sino para guardar material o maquinaria», señala. En todo caso, se controla cuando se observan movimientos dentro de estas instalaciones para desarrollar actividades «que a veces no son ilegales, pero sí alegales, bordeando la legalidad». Pero que perjudican a actividades agrícolas y a la protección medioambiental. La Comunidad de Madrid actúa por acción sustitutoria, allí donde el ayuntamiento correspondiente no lo hace. «Suele ser en suelos que no son urbanos y de especial protección», explica Aranda, porque los gobiernos locales se centran más en el ámbito urbano.Más en Las Vegas y el surEn los últimos tiempos, han detectado en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo, un «incremento de estas construcciones en algunos puntos, en concreto en Las Vegas de Tajuña y en el sur de la Comunidad de Madrid».Los drones que se utilizan para el control y vigilancia de estos suelos vuelan a entre 15 y 20 metros de altura, y lo hacen en todo tipo de zonas, incluso en aquellas en que hay que pedir permisos por temas medioambientales o de coordinación con aeródromos, solicitándolos previamente a la Agencia Estatal de Navegación Aérea. Cuando se producen acciones de disciplina urbanística, la Comunidad de Madrid tiene una competencia subsidiaria, por lo que antes de actuar es necesario constatar que no haya actuado el ayuntamiento competente.Estas acciones están encaminadas a restablecer la legalidad una vez que ha sido quebrantada. Ahí es donde encajan los datos registrados a lo largo de la legislatura: se han abierto 101 expedientes y 67 sancionadores, por importe de 334.693 euros; y se han dictado 45 órdenes de demolición, a las que hay que sumar las 29 que se han dictado para proceder a la ejecución subsidiaria de demoliciones no asumidas por los obligados. Además, se han tramitado 18 autorizaciones judiciales de entrada a domicilios.Sara Aranda avanza que «existe un plan de inspección y disciplina cuatrianual, que da prioridad a las zonas donde hay más construcciones irregulares o donde la protección del suelo es más perentoria». En el caso de las demoliciones, reconoce que «se hacen muchas, en comparación con la complicación del proceso; esto es un proceso muy largo». Porque primero hay que pedir al infractor que acredite si cuenta con licencia o declaración responsable para esa obra; si no la tiene se produce la orden de demolición, que en un primer momento es voluntaria y cuenta con un plazo para llevarla a cabo. Si no la tira en ese plazo, se pasa a la acción subsidiaria, para lo que hay que contratar los medios para hacerlo y entrar en la finca. Y, si hay oposición del propietario, pedirle permiso al juez».En la actualidad, la Dirección General de Urbanismo trabaja también en un acuerdo marco para hacer más ágil la contratación de maquinaria para estas demoliciones. «La gran mayoría se ejecutan voluntariamente», informa. Entre las últimas realizadas, «muchas en la zona de Chinchón, por la proliferación de construcciones irregulares que he mencionado en la Vega del Tajuña». También se ha realizado otra de grandes dimensiones en El Molar. En cuanto a las sanciones que se imponen, «dependen de la dimensión de la edificación, del uso que se le haya dado y de si había o no título para hacerla, y si podía o no contar con él». Concreta más: «Pueden ir de 6.000 a 600.000 euros». La legislación estatal establece una reducción de estas multas del 50 por ciento si se abonan en el plazo voluntario. «Hay expedientes de 30.000 o 40.000 euros de sanción, pero el grueso son de unos 3.000».

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