Karine_Botsford
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Circunscribir el debate sobre la universidad pública a una pieza más del descarnado combate al que asistimos en nuestro país entre Gobierno y oposición, entre izquierdas y derechas, constituye una simpleza mayúscula. Las universidades públicas, por su misma naturaleza, tienen un perfil plural: no son un “nido de rojos”, ni la izquierda mantiene su exclusivo control sobre las mismas. Son entes donde miles de personas de distintas adscripciones políticas —profesores, alumnos y personal administrativo— conviven por lo general de forma pacífica y civilizada. Argumentar en contra de estos términos supone desconocer la realidad de la enseñanza superior en nuestro país. En este sentido, las universidades públicas madrileñas no son ninguna excepción. El hacer diario de sus miles de profesionales y el alto nivel de exigencia planteado a su alumnado, sobre el que se sostiene este servicio esencial a la comunidad, demuestra que las “buenas prácticas” imperan sobradamente sobre las “malas prácticas”. Afortunadamente, estas últimas son la excepción. Pese a la pérdida de poder adquisitivo sufrido por su personal en los últimos lustros, y pese también a los constantes y sangrantes recortes presupuestarios, las universidades públicas madrileñas han logrado mantenerse en pie. Pero todo tiene un límite, de modo que, si no se actúa rápido, el sistema público de enseñanza en la Comunidad de Madrid colapsará en breve. Y estamos hablando de las universidades de la capital de España, que por muchos motivos (investigación, publicaciones, proyección internacional, impacto general de su acervo científico…) ocupan posiciones de liderazgo en el conjunto del país.
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