La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a penas que suman más de diez años de prisión a la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblo María Luisa Ruiz (PSOE) por delitos de prevaricación administrativa , falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones. Sin embargo la sentencia no es firme ¿Ingresará en prisión? El caso que fue juzgado el otoño pasado está ahora en manos del Tribunal Supremo (TS) encargado de resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados en este fraude millonario de los Fondos Miner en la comarca del Guadiato entre los años . El 'Caso Rocket', dada su complejidad y volumen de documentación fue dividido en dos piezas, pero forma parte de un solo asunto. La exalcaldesa socialista fue condenada a un total de 10 años y tres meses de prisión mientras que al cabecilla de la trama del denominado 'Tren Turístico del Guadiato' Carlos G., presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español (Cehfe) , el tribunal le condenó a cuatro años y once meses de prisión en un fallo recogía que expresamente que él ejercía una influencia directa sobre la exalcaldesa en la que «él pide y ella da». En cuanto a la responsabilidad civil, también pendiente de la firmeza de la sentencia, el considerado cabecilla de la trama debería indemnizar al Ayuntamiento en más de 600.000 euros, de los que 401.075 euros son «por las cantidades facturadas y cobradas» por Cgft (Compañía general de Ferrocarriles turísticos) y Cehfe, que la Audiencia considera que eran «controladas y dominadas» por él. Estos importes corresponden a «trabajos cobrados y no realizados» en el proyecto del tren turístico del Guadiato.Noticia Relacionada tribunales estandar No El caso Rocket deja la mayor condena penal a un político en Córdoba: diez años de prisión para la exalcaldesa de Peñarroya Pilar García-Baquero En las dos sentencias por el 'Caso Rocket' por delitos de prevaricación, malversación, falsedad y fraude de subvenciones ha sido condenada a 10 años y tres meses de prisión y el doble de inhabilitaciónMientras, la exregidora -de ser firme la condena- deberá indemnizar al Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en 178.137 euros por las cantidades entregadas al Consistorio y no al objeto de la subvención. La sentencia de la Audiencia Provincial también contempla que subsidiariamente el Ayuntamiento de Peñarroya tendría que responder subsidiariamente por esta cantidad.En la última sentencia que constaba de 178 folios, ahora recurrida ante el Supremo, el tribunal de la Sección Tercera absolvía a otros tres empresarios acusados, especialistas en la rehabilitación de trenes históricos , de los delitos de los que venían acusados, y condenaba a la exalcaldesa de Peñarroya por su participación delictiva en tres tramas en las que se dividía esta segunda pieza juzgada a finales del pasado año.Noticia Relacionada Caso Rocket estandar No La Audiencia condena por segunda vez a la exalcaldesa de Peñarroya por la trama de los trenes turísticos Pilar García-Baquero La Sección Tercera fija penas de prisión entre los cinco y los seis años y elevadas penas de inhabilitación también para el cabecilla de la tramaLa exalcaldesa socialista, en concreto, fue condenada en esta segunda pieza del caso Rocket relacionada con la delitos de malversación y prevaricación de los Fondos Miner para la recuperación de la antigua cuenca minera, a penas que suman un total de seis años y nueve meses de prisión y otras penas -que se sumaban a la condena de tres años y seis meses de la primera sentencia- y por la que suman más de 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El tribunal sí que contemplaba que habían concurrido como atenuantes las dilaciones indebidas de un proceso que ha durado más de 10 años.El TS tiene ahora que resolver los recursos de casación interpuestos por las defensas de los principales encartados, según han señalado fuentes judiciales a ABC, y los plazos son aún inciertos. Los dos condenados a penas de prisión permanecen en libertad, al no ser la sentencia firme y al no tratarse de una 'causa con preso' preventivo los plazos pueden dilatarse aún más, dada además la complejidad del asunto. Estas mismas fuentes judiciales han apuntado que los recursos de casación pueden o confirmar la sentencia o incluso anular el juicio.¿Qué puede resolver el TS?Mediante el recurso de casación penal «se pretende declarar la nulidad de la sentencia por una infracción de ley , por infracción de un precepto constitucional o por quebrantamiento de forma si no cabe otro recurso«. Para que sea tramitado tienen que reunir una serie de requisitos: Los recursos por infracción de ley se han fundamentar en que los hechos probados en una sentencia vulneran un precepto penal de carácter sustantivo o una norma que deba ser observada en la aplicación de la ley penal (ejemplo: condeno por estaf a y de los hechos probados se infiere que no hay estafa). En los recursos por quebrantamiento de forma hay que diferenciar entre sentencia y proceso. Otro de esos requisitos, explican estas fuentes judiciales, puede ser por «quebrantamiento de forma en el proceso», señalan estas mismas fuentes judiciales. Por ejemplo, la denegación de una prueba pertinente presentada en tiempo y forma. Esto se daría, por ejemplo, en caso de la que la Sala impide que un testigo conteste a una pregunta pertinente o a una pregunta por capciosa, impertinente o sugestiva sin serlo. O de otro lado, podría ser quebrantamiento de forma de sentencia, como ejemplo, como hechos probados no se expresen de manera clara y exista contradicción entre ellos o impliquen la predeterminación del fallo. En este caso, también se contemplaría «que no resuelvan todos los puntos objeto de la acusación y la defensa o porque se castigue por un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación».
Caso Rocket: el ingreso en prisión de la exalcaldesa socialista de Peñarroya, pendiente del Tribunal Supremo
Ruiz está pendiente de su recurso ante el TS tras ser condenada por la Audiencia Provincial a diez años de prisión y 20 de inhabilitación por delitos de malversación, falsedad o fraude de subvenciones
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