La reforma fiscal impulsada por el Gobierno aprovechando la tramitación parlamentaria de la ley que regula el impuesto sobre las multinacionales será finalmente algo diferente de lo previsto. El paso de la norma por el Senado y la aritmética parlamentaria variable de la presente legislatura se han aliado este jueves para introducir en el proyecto gubernamental, ya mutilado en su paso por el Congreso, una serie de novedades que matizarán suavemente su potencial de ingresos.La medida más llamativa es la supresión de la base jurídica del gravamen transitorio sobre las empresas energéticas, aprobada con los votos de PP, Vox, PNV y Junts y cuya relevancia es más simbólica que real. Más que nada porque el Gobierno ya ha anunciado que aprobará el próximo lunes en el Consejo de Ministros un real decreto ley para prorrogar su vigencia un año más, aún a sabiendas de que no cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para que luego el Congreso lo convalide.En realidad no parece que ninguna de las dos medidas tenga recorrido. La anulación del gravamen a las energéticas aprobada este jueves porque decaerá en el momento en que el Gobierno regule su prórroga por real decreto ley y este porque no tiene garantizada su supervivencia más allá de los 30 días que separarán su aprobación de su probablemente fallida convalidación parlamentaria.Más allá de los fuegos de artificio, el Congreso sí ha validado tres ajustes fiscales que serán operativos en el momento en que se apruebe la ley. El primero de ellos es la rebaja al 4% del tipo de IVA aplicable a los fermentados lácteos , del que el más significativo son los yogures.El Congreso ha ratificado, además, la iniciativa del Partido Popular de garantizar la exención fiscal total tanto para particulares como para empresas de las donaciones que se realicen a los afectados por la Dana. El PP movió esta enmienda para impedir que las donaciones económicas realizadas a los afectados terminaran convirtiéndose en un negocio para la Hacienda Pública vía impuestos.La tercera medida a la que ha dado trámite el Congreso y que se incorporará a la reforma fiscal es una modificación de otra que ya estaba incluida: la bonificación total sobre las cotizaciones sociales de los entrenadores del deporte base que no perciben una retribución. El Gobierno cambió la ley hace unos años para forzar a los clubes deportivos a pagar la cotización social de los entrenadores de sus equipos, imponiéndoles un sobrecoste que ha supuesto un problema para muchos de ellos.El plan inicial del Gobierno aceptó una bonificación del 100% de las cotizaciones de los entrenadores de clubes deportivos sin ánimo de lucro, pero una enmienda de Junts ha permitido ampliar esa ventaja fiscal a todos los clubes deportivos, incluidos los profesionales, pero solo para los entrenadores que no perciban una retribución .
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