leann.nitzsche
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La Comisión Europea da luz verde al Plan Fiscal y Estructural español, la 'hoja de ruta' que el Gobierno le remitió el pasado 15 de octubre con sus compromisos para reducir el déficit y la deuda públicos hasta niveles sostenibles en el medio plazo. Bruselas considera que el documento español, cuya presentación exigen las nuevas reglas fiscales que entran en vigor en 2025, "fija una senda fiscal creíble para asegurar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo".
El Ejecutivo comunitario da el visto bueno, también, a la senda de crecimiento medio del gasto primario neto establecida por España en el 3,4% para el periodo en vigor del Plan (2025-2028) y del 3% para el periodo de consolidación a 7 años, hasta 2031. Se trata de la referencia clave que las nuevas reglas fijan para los socios.
El Gobierno apuntó que dicha senda permitiría al país situar la ratio de deuda pública sobre PIB por debajo del 100% en 2027 y seguir reduciendo de forma continuada el déficit del conjunto de las administraciones hasta el 0,8% en 2031. España pidió a las autoridades europeas diluir el ajuste necesario de los cuatro años que abarca el plan a siete, a cambio de reformas e inversiones, una posibilidad que ofrece el citado marco, pero que tenía que permitir Bruselas.
"De esta forma, la Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos, es decir, de los Estados miembro que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas, respaldando así la hoja de ruta e inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo", ha afirmado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El Gobierno tiene pendiente enviar aún el borrador presupuestario, una vez que presente las cuentas del año que viene en el Congreso de los Diputados. Por lo pronto, a finales de septiembre tuvo que retirar la tramitación de la senda de estabilidad, el límite de déficit y deuda de cara a los próximos tres años, para evitar un duro revés ante la falta de apoyos suficientes para sacarla adelante. Renunció a presentarla en el plazo legal (antes del 1 de octubre) por la amenaza de Junts de tumbarla.
Desde el Ejecutivo insisten en que no se plantean prorrogar de nuevo los Presupuestos de 2023, actualmente en vigor, y lo cierto es que el último pacto sellado con los socios de investidura, el de la reforma tributaria que ha sido incorporada también al Plan Fiscal, da algo más de margen para el diálogo. Logró 'in extremis' poner de acuerdo a Podemos, ERC, Bildu, BNG, Junts y PNV para sacar adelante la tributación mínima de las multinacionales -obligatoria por transponer una directiva europea-, así como el nuevo impuesto a la banca, las energéticas, el alza del IRPF a las rentas del capital o la subida tributaria al tabaco, entre otras.
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